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Judiciales

Tenía bajo rendimiento porque sufría violencia y le dieron la baja en la Policía: deberán indemnizarla

Además la fuerza deberá volver a evaluar su desempeño para reincorporarla.

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La Cámara Segunda del Trabajo de Roca declaró nula una resolución de la Jefatura de Policía del año 2015 que dio de baja a una suboficial porque su rendimiento se vio afectado por ser víctima de violencia doméstica y de género por parte de su pareja. El Tribunal ordenó a la institución que la reincorpore a su puesto y fijó para la mujer una indemnización por daño moral superior a los 2 millones de pesos.

Según se acreditó, la mujer aprobó el curso de formación policial y comenzó a prestar servicio en una comisaría del Alto Valle Este. El primer año de trabajo, según la normativa de la Policía, debe ser calificado y aprobado por los superiores para que el o la agente puedan continuar en la función policial de manera definitiva. En este caso, el año de evaluación de la joven mujer estuvo signado por gravísimas situaciones de violencia doméstica y por la dificultad de ser madre de una beba en esas circunstancias, sin redes familiares de apoyo. En uno de esos episodios de violencia, el hombre ingresó a la casa de la mujer, encontró su arma reglamentaria y tras amenazar a ella y a la beba, se suicidó. En respuesta, la Policía le inició un sumario por ‘negligencia’ en el cuidado de la pistola. También la sumariaron por un altercado que protagonizó con un familiar del hombre fallecido y por haber presentado una carta manuscrita al gobernador de la Provincia pidiendo ayuda por su situación.

Cuando llegó el momento de la evaluación anual, que definió su baja del servicio, los informes valoraron en contra de la mujer todas las consecuencias derivadas de la violencia que había sufrido, como los sumarios, las inasistencias y licencias -todas anteriores al suicidio- y el rendimiento inferior al de sus compañeros.

Luego del suicidio, tras un informe negativo recomendó no confirmarla en el puesto porque presentaba “condiciones desfavorables”, sin considerar atenuantes. La Resolución del Jefe de la Policía que en enero de 2015 dispuso la expulsión.

Reincorporación y perspectiva de género

La Cámara Laboral el caso evidenció “una muestra clara de revictimización e indolencia general”. Recordó que el Estado Argentino, al adherir a la Convención de Belem do Para, reconoció “que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio” de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, derechos que el propio Estado se comprometió a proteger.

“Entonces, si el Estado argentino y consecuentemente el Estado provincial debe reconocer que su dependiente, víctima de violencia doméstica, se encontraba impedida de ejercer adecuadamente el derecho humano al trabajo, la conducta convencionalmente esperable era que adapte el período calificativo a la parte del año en la que pudo desempeñarse sin que aquel condicionante fuera de tal magnitud que la anulara por completo”, dijo la Cámara.

Siendo una mujer víctima de violencia doméstica, ella “afrontó en absoluta soledad las consecuencias de los daños infringidos por su agresor, quedando sola a cargo de una niña menor de dos años, intentando cumplir con sus obligaciones familiares y laborales, encontrando obstáculos diferentes en el trato recibido por su empleador estatal”, sostuvo la Cámara.

Que la violencia fuera enmarcada como “hechos de la vida privada”, que le restara puntaje en la calificación y que finalmente definiera su expulsión de la Policía, fue para el Tribunal una “revictimización”.

El fallo concluyó que hubo un trato discriminatorio en contra de la agente al aplicar estrictamente el período de prueba de un año, pues ella “no pudo demostrar su capacidades para el desempeño de la función policial al resultar víctima de violencia de género”, sumado a la propia “actitud revictimizante del empleador, incluyendo a sus superiores y sus pares”.

“Entonces, si quitamos del acto administrativo todos los antecedentes vinculados directa e indirectamente de la situación de violencia padecida por la actora, nos queda una resolución desprovista de toda motivación”. “Ha existido una denegación de un trato digno, se ha negado la calidad de víctima de género de la actora, dejándola sin las protecciones que su condición jurídica le debía proporcionar, resultando el acto administrativo nulo por falta de motivación y en consecuencia arbitrario”, definió la Cámara.

Así, la sentencia ordenó a la Policía a reincorporar a la mujer a su estado de agente en período de prueba, para someterla a una nueva evaluación anual pero esta vez bajo parámetros no discriminatorios.

Capacitación

Otro apartado del fallo hace efectivo el compromiso asumido por el Estado en la Convención de Belem do Para de capacitar a todos sus agentes y organismos en erradicar la violencia de género. Como condena accesoria, ordenó a la Jefatura de Policía “el dictado de cursos de capacitación y formación de todo su personal a los efectos de erradicar la violencia laboral y de género en el lugar de trabajo”.

El hecho aludido es previo al inicio en todos los poderes del Estado de la implementación de la Ley Micaela, que implicó la obligatoriedad desde 2018 de la capacitación en género de la totalidad de los agentes públicos.

Judiciales

No hubo consentimiento para el acto sexual: Lo condenaron por el abuso de una joven de 18 años

Un sujeto de 38 años fue condenado a 6 años y 8 meses de prisión. Si bien la víctima aceptó ir a la casa del hombre, no prestó su consentimiento para mantener relaciones sexuales.

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Un hombre de 38 años de Cipolletti fue condenado a 6 años y 8 meses de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal. La víctima fue una joven de 18 quien, si bien era mayor de edad y aceptó ir a su casa después de conocerlo en un boliche, no prestó su consentimiento para mantener relaciones sexuales.

Durante el juicio se debatió si la mujer había prestado el consentimiento sexual. Las pruebas de cargo y la información de contexto demostraron que no. La sentencia consideró la existencia de una diferencia de edad muy grande y de una relación de asimetría, de poder, de fuerza de un hombre sobre una adolescente-mujer.

El Tribunal resolvió también sobre la base de las conclusiones forenses, que acreditaron lesiones compatibles con un mecanismo de resistencia e indicios de abuso sexual. A eso se sumó la declaración de la amiga de la víctima que estaba en ese mismo espacio y alcanzó escuchar que la adolescente dijo que no quería tener sexo.

El psicólogo forense indicó que la víctima, por sus 18 años, se encontraba en un momento «bisagra» y explicó que entre la adolescencia y la adultez se buscan los límites, «lo que puedo o no hacer con los demás y con mi persona». El perito sostuvo además que por las características de su personalidad, la joven intenta adecuarse a los deseos del otro más que al propio.

El fallo concluyó que no se les puede exigir a las víctimas un determinado acto «esperable» o una acción «heróica» durante un abuso sexual, sino que las reacciones se deben analizar en cada caso, según la personalidad y el contexto. Ella misma dijo en su declaración: «me quedé helada…», cuestión que fue valorada como una expresión de parálisis, de quietud, que tiene que ver con sus características de personalidad, ya que por más que ella hubiera querido sacarlo con un empujón no le era posible una respuesta de esa magnitud, se explicó en la sentencia.

Para resolver también se utilizó una sentencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que explica el consentimiento desde un doble aspecto. El positivo-dinámico, que es la libre disposición del propio cuerpo a los efectos sexuales, es decir, para mantener trato sexual con terceras personas, con arreglo a su querer libre y consciente. Y el negativo-pasivo, referido a la capacidad de la persona de no ejecutar actos de naturaleza sexual que no desee.

En la aplicación de esa jurisprudencia se determinó que la víctima consintió bailar en el boliche, beber y concurrir a la casa del imputado junto a otras personas. De hecho aceptó besarse en el sillón con el hombre, pero su consentimiento llegó hasta ese momento. Todo lo que sucedió después no tuvo su expresa voluntad y por eso configuró un abuso sexual.

El caso

Unos días antes de que se dispusieran las medidas sanitarias por la pandemia, la joven concurrió a un boliche de Cipolletti junto con un amigo y una amiga. Ahí conocieron al hombre que fue condenado y a una mujer que lo acompañaba.

Bailaron y compartieron algunas bebidas hasta que el imputado invitó a todo el grupo a su casa. El amigo de la víctima optó por no ir y en consecuencia terminaron las tres mujeres con el acusado, en su vivienda.

La víctima y el victimario estuvieron en el sillón y se besaron. Las otras dos mujeres permanecían en el mismo espacio físico, pero alejadas de la pareja. En esas circunstancias, la amiga de la damnificada escuchó que la joven manifestó que «no quería». Cuando se acercó al futón advirtió que ya se había cometido el abuso. Entonces ayudó a su amiga a incorporarse, ambas se retiraron del lugar y al otro día formularon la denuncia.

Luego de la declaración de culpabilidad por el delito de abuso sexual con acceso carnal, las partes arribaron a un acuerdo para la aplicación de la pena. La sentencia lo condenó a 6 años y 8 meses de cárcel.

El Tribunal estuvo integrado por las juezas María Florencia Caruso y Rita Lucía y por el juez Guillermo Merlo. Por la Fiscalía intervino el fiscal Santiago Márquez Gauna y por la defensa Rodrigo Martínez.

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Judiciales

Ajuste de prestación alimentaria con la variable del Salario Mínimo, Vital y Móvil

Defensores del fuero Civil de General Roca sugieren que se sigan las referencias del SMVM.

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El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) es uno de los parámetros que el fuero de Familia utiliza en sus sentencias judiciales para fijar cuotas alimentarias a favor de niños, niñas, y/o adolescentes. Las y los defensores del fuero Civil de General Roca que tratan estos temas en mediación sugieren que se sigan esas mismas referencias.

¿Porqué se elije esta variable de ajuste? Es una manera, como otras que ya se han utilizado, de lograr la actualización de las prestaciones alimentarias, principalmente para alimentantes sin trabajo registrado.

La determinación de un monto que esté sujeto a modificaciones periódicas, permite que la cuota fijada no pierda valor por el paso del tiempo. Evitando que no sea necesario un nuevo proceso en el ámbito judicial para su actualización. Asimismo, se trata que la cuota se fije en un porcentaje del valor del SMVM a fin de obtener de manera más sencilla el cálculo del monto actualizado.

El Salario, el monto al que llega la mesa de debate del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que se reunió a finales de noviembre y actualizó los valores, también se utiliza como piso mínimo de la cuota alimentaria.

“La idea es generar un acuerdo que perdure en el tiempo y que las madres y padres que se acercan al sistema para llegar a una solución a ese conflicto, no tengan que acudir nuevamente para fijar una actualización, sino que la misma ya quede establecida”, explican las y los defensores.

Siguiendo esa línea, los integrantes del Ministerio Público de la Defensa llevan entre su documentación esta tabla a las salas de mediación de los Centros Integrales de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (CIMARC) de General Roca. En ese instrumento se expresa cómo ha ido actualizándose el Salario Mínimo Vital y Móvil, y cuál es el porcentaje que podría aplicarse en cada caso. La tabla facilita la visualización por parte de quienes están involucrados en una mediación judicial.

Ante cualquier duda, consultar en la Oficina de CADEP más próxima: https://ministeriopublico.jusrionegro.gov.ar/asesoria_legal_def.php.

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Gremios

«El Poder Judicial al servicio del poder real»

Sitrajur, la CTA y el bloque de legisladores de Unidad Ciudadana, rechazaron el fallo que condena a la vicepresidenta a 6 años de prisión.

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«Lawfare. O más claro, el poder judicial al servicio del poder real muy bien representado en lo símbolico en la reunión de Lago Escondido. Se juntan en la casa del que nos robó un lago para planificar la persecución política de todo lo popular», lamentó Emiliano Sanhueza, secretario general de Sitrajur, una vez conocido el fallo que condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión.

Por su parte, desde la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina expresaron su más enérgico repudio al fallo emitido en la causa Vialidad del Tribunal Federal N° 2 contra Cristina Fernández. «La Fiscalía, encabezada por Diego Luciani y Sergio Mola, en un capítulo más de la persecución judicial que la mandataria sufre desde que finalizó su gestión en 2015, había acusado a la vicepresidenta de haber sido la jefa de una asociación ilícita durante su gestión al frente del Ejecutivo Nacional. Se trata de los mismos agentes judiciales que demuestran tener una connivencia escandalosa con sectores políticos y económicos interesados en proscribir a Cristina porque no se inclina ante su poder», explicaron.

«Es muy claro que hay una parte del aparato de justicia que quiere eliminar la figura de la vicepresidenta de la política, pero el pueblo argentino no va a agachar la cabeza, vamos a seguir bancando a Cristina. Los trabajadores y las trabajadoras no vamos a permitir un Lula en nuestro país», agregaron desde la CTA.

Asimismo, desde el bloque de legisladores Unidad Ciudadana, respaldaron a la vicepresidenta y repudiaron a «la Justicia corrupta». Consideraron que es «un fallo mafioso y un ataque directo a la Democracia».

«Es un absoluto despropósito el fallo conocido hoy, expresamos nuestro más enérgico repudio. Un atentado contra la Democracia y contra el pueblo, que ve claramente cómo, con algunos jueces, no hay garantía de obtener justicia», indicaron.

Los parlamentarios Alejandra Mas, Gabriela Abraham y Daniel Belloso emitieron su opinión después de conocer la sentencia del Tribunal Oral Federal 2 que condenó a la ex presidenta a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública con la obra pública en Santa Cruz.

«Es muy claro que hay una parte del aparato de justicia que pretende proscribir a la Vicepresidenta de la política, pero tenemos claro que el pueblo y la historia harán justicia, esa que en nuestro país hoy está en manos de jueces y fiscales mafiosos, la que es imprescindible modificar. Basta de mafia judicial», añadieron.

Para finalizar, expresaron que «hoy más que nunca estamos con Cristina, nuestra conductora, la política más importante de los últimos tiempos en Argentina».

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