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Judiciales

Tenía bajo rendimiento porque sufría violencia y le dieron la baja en la Policía: deberán indemnizarla

Además la fuerza deberá volver a evaluar su desempeño para reincorporarla.

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La Cámara Segunda del Trabajo de Roca declaró nula una resolución de la Jefatura de Policía del año 2015 que dio de baja a una suboficial porque su rendimiento se vio afectado por ser víctima de violencia doméstica y de género por parte de su pareja. El Tribunal ordenó a la institución que la reincorpore a su puesto y fijó para la mujer una indemnización por daño moral superior a los 2 millones de pesos.

Según se acreditó, la mujer aprobó el curso de formación policial y comenzó a prestar servicio en una comisaría del Alto Valle Este. El primer año de trabajo, según la normativa de la Policía, debe ser calificado y aprobado por los superiores para que el o la agente puedan continuar en la función policial de manera definitiva. En este caso, el año de evaluación de la joven mujer estuvo signado por gravísimas situaciones de violencia doméstica y por la dificultad de ser madre de una beba en esas circunstancias, sin redes familiares de apoyo. En uno de esos episodios de violencia, el hombre ingresó a la casa de la mujer, encontró su arma reglamentaria y tras amenazar a ella y a la beba, se suicidó. En respuesta, la Policía le inició un sumario por ‘negligencia’ en el cuidado de la pistola. También la sumariaron por un altercado que protagonizó con un familiar del hombre fallecido y por haber presentado una carta manuscrita al gobernador de la Provincia pidiendo ayuda por su situación.

Cuando llegó el momento de la evaluación anual, que definió su baja del servicio, los informes valoraron en contra de la mujer todas las consecuencias derivadas de la violencia que había sufrido, como los sumarios, las inasistencias y licencias -todas anteriores al suicidio- y el rendimiento inferior al de sus compañeros.

Luego del suicidio, tras un informe negativo recomendó no confirmarla en el puesto porque presentaba “condiciones desfavorables”, sin considerar atenuantes. La Resolución del Jefe de la Policía que en enero de 2015 dispuso la expulsión.

Reincorporación y perspectiva de género

La Cámara Laboral el caso evidenció “una muestra clara de revictimización e indolencia general”. Recordó que el Estado Argentino, al adherir a la Convención de Belem do Para, reconoció “que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio” de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, derechos que el propio Estado se comprometió a proteger.

“Entonces, si el Estado argentino y consecuentemente el Estado provincial debe reconocer que su dependiente, víctima de violencia doméstica, se encontraba impedida de ejercer adecuadamente el derecho humano al trabajo, la conducta convencionalmente esperable era que adapte el período calificativo a la parte del año en la que pudo desempeñarse sin que aquel condicionante fuera de tal magnitud que la anulara por completo”, dijo la Cámara.

Siendo una mujer víctima de violencia doméstica, ella “afrontó en absoluta soledad las consecuencias de los daños infringidos por su agresor, quedando sola a cargo de una niña menor de dos años, intentando cumplir con sus obligaciones familiares y laborales, encontrando obstáculos diferentes en el trato recibido por su empleador estatal”, sostuvo la Cámara.

Que la violencia fuera enmarcada como “hechos de la vida privada”, que le restara puntaje en la calificación y que finalmente definiera su expulsión de la Policía, fue para el Tribunal una “revictimización”.

El fallo concluyó que hubo un trato discriminatorio en contra de la agente al aplicar estrictamente el período de prueba de un año, pues ella “no pudo demostrar su capacidades para el desempeño de la función policial al resultar víctima de violencia de género”, sumado a la propia “actitud revictimizante del empleador, incluyendo a sus superiores y sus pares”.

“Entonces, si quitamos del acto administrativo todos los antecedentes vinculados directa e indirectamente de la situación de violencia padecida por la actora, nos queda una resolución desprovista de toda motivación”. “Ha existido una denegación de un trato digno, se ha negado la calidad de víctima de género de la actora, dejándola sin las protecciones que su condición jurídica le debía proporcionar, resultando el acto administrativo nulo por falta de motivación y en consecuencia arbitrario”, definió la Cámara.

Así, la sentencia ordenó a la Policía a reincorporar a la mujer a su estado de agente en período de prueba, para someterla a una nueva evaluación anual pero esta vez bajo parámetros no discriminatorios.

Capacitación

Otro apartado del fallo hace efectivo el compromiso asumido por el Estado en la Convención de Belem do Para de capacitar a todos sus agentes y organismos en erradicar la violencia de género. Como condena accesoria, ordenó a la Jefatura de Policía “el dictado de cursos de capacitación y formación de todo su personal a los efectos de erradicar la violencia laboral y de género en el lugar de trabajo”.

El hecho aludido es previo al inicio en todos los poderes del Estado de la implementación de la Ley Micaela, que implicó la obligatoriedad desde 2018 de la capacitación en género de la totalidad de los agentes públicos.

Judiciales

Caso Videla: Comenzó el juicio de imposición de pena a Colicheo

El mínimo de pena, según la calificación legal por la que fue declarado culpable, es de 10 años y 8 meses de prisión.

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Con la primera ronda de declaraciones, esta mañana (24/06) comenzó la etapa de cesura en la cual se determinará la pena a imponer a Antonio Colicheo, acusado del homicidio del trabajador judicial Javier Videla. El hombre fue declarado culpable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en un procedimiento abreviado parcial.

Está previsto que se realicen dos audiencias con más declaraciones testimoniales los días lunes y martes. En esta última jornada se prevé además que la acusación y la defensa que asiste al acusado expongan sus alegatos de clausura y sustancien los pedidos de pena cuyo mínimo -de acuerdo a la calificación legal por la cual fuera declarado culpable- es de 10 años y 8 meses de prisión.

En primer turno y por los acusadores, declararon el hombre que encontró el cuerpo sin vida de la víctima fatal, el director general de la división de investigaciones judiciales de la Policía de Río Negro y el titular de la Unidad Operativa para la Investigación Fiscal del Ministerio Público. En la continuidad del debate y también por la fiscalía y la querella prestaron su testimonio una compañera de trabajo del fallecido y una compañera de la cooperativa de vivienda de la que Videla formaba parte.

Por la defensa pública que asiste al acusado, declaró la responsable del área de Servicio Social del Ministerio Público de la Defensa de la ciudad de Cipolletti.

En un procedimiento abreviado parcial, el acusado aceptó ser el autor de una serie de delitos que comenzaron el 4 de marzo de 2021 alrededor de la 1.20 de la madrugada. En esas circunstancias se hizo presente en la vivienda de la víctima e intentó hacer que la pareja de Videla ingresara al vehículo en el cual se movilizaba pero el hombre finalmente no ingresó porque fue advertido por Videla quien se encontraba dentro del vehículo y le gritó que corra.

En esos momentos el imputado disparó contra la pareja de Videla con un arma de fuego calibre 9 mm. para luego escapar a bordo de un Chevrolet Vectra. La mencionada agresión que no le provocó heridas a la pareja de Videla.

Tras lo anterior, el acusado agredió con el arma de fuego al trabajador judicial impactando al menos un proyectil en la zona del hemitórax izquierdo, herida que le provocó la muerte. Finalmente, el imputado ocultó el cuerpo en un puesto rural ubicado a la altura del kilómetro 62 de la Ruta Provincial N° 6.

La calificación legal por estos delitos es homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, portación de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal y abuso de armas.

Intervienen por la Fiscalía el fiscal jefe Andrés Nelli y la fiscal del caso Verónica Villaruel, mientras que la querella que representa a la familia del fallecido está a cargo del abogado Marcial Peralta. El defensor público Juan Pablo Piombo es quien representa técnicamente al acusado. El Tribunal que preside el juicio está compuesto por los jueces Gastón Martín, Alejandro Pellizón y Fernando Sánchez Freytes.

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Judiciales

Lo chocaron cuando todavía estaba detenido en un semáforo de Cipolletti

Será indemnizado por los daños materiales en su coche.

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El conductor de un Volkswagen Gol fue embestido por una camioneta mientras permanecía detenido en el semáforo de la Circunvalación y La Esmeralda de Cipolletti. El hombre probó que la señal lumínica todavía no habilitaba la circulación y que en ese contexto sintió una fuerte frenada y el posterior golpe. Será indemnizado por los daños materiales en su coche.

Un fallo del fuero Civil fijó la suma de $69.010 más intereses en concepto de mano de obra de reparación, repuestos y el tiempo durante el cual el propietario no pudo disponer del auto. La condena alcanza a la dueña de la camioneta Volkswagen Transporter, al conductor y a la compañía de seguros.

La sentencia es de primera instancia y fue apelada, en consecuencia todavía no está firme. Según las pericias, la camioneta Transporter chocó al Gol en la intersección de la Circunvalación y la calle La Esmeralda de Cipolletti.

El dueño del Gol sostuvo que estaba detenido por el semáforo en rojo, sobre la Circunvalación. Y que en esas circunstancias, sobre la misma vía, apareció la Volkswagen Transporter y lo embistió.

La perito describió la mecánica del siniestro calificando la colisión como de «alcance». Concluyó que «en una colisión por alcance, como es la analizada en este caso, la responsabilidad accidentológica recae sobre el agente embistente, dado que las prescripciones legales obligan a mantener una distancia prudente de seguimiento del vehículo que lo antecede y circular a una velocidad tal que le permita detenerse ante cualquier eventualidad que se presente en la vía».

La resolución del caso admitió el dictamen de la perito y consideró las pruebas del expediente. Entre ellas la calidad de embistente del rodado de la demandada, el mismo sentido de circulación con el rodado que lo precedía y las áreas deterioradas de ambos rodados. Dice el fallo: “tales indicios probatorios señalan que es presumible una conducta previa de enlace con el resultado dañoso probado, relativo a un accionar que no conservó una distancia prudencial, la falta de atención a las contingencias del tránsito, que en forma genérica es referido como falta del dominio pleno del vehículo en todo momento de la circulación”.

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Construyó y habitó la casa por más de 30 años: inició el trámite y en poco tiempo pudo escriturar

Después enviudó y se quedó solo con un boleto de compraventa.

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Una mujer de Cipolletti consiguió regularizar la situación de su vivienda mediante un juicio que tramitó prácticamente durante la pandemia. Junto con su marido compró el terreno en el año 1990, allí levantaron el hogar familiar y vivieron por más de 30 años. Después enviudó y se quedó solo con un boleto de compraventa.

Un fallo reciente del juzgado Civil N°9 de Cipolletti ordenó al Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Río Negro registrar el dominio individualizado bajo la titularidad de la mujer que inició el juicio de prescripción adquisitiva.

El Código Civil y Comercial de la Nación define a la prescripción adquisitiva como “el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella, mediante la posesión durante el tiempo fijado por la ley”, que para el caso es de 20 años según el artículo 1899.

La mujer inició el trámite en 2019 y, poco tiempo después, se adoptaron las medidas a raíz de la pandemia de Covid-19.

Entonces el expediente mutó al formato electrónico y las presentaciones comenzaron a realizarse a través de la mesa de entradas de escritos digitales.

Las pruebas se produjeron durante el periodo de cuarentena. La mujer aportó el boleto de compraventa firmado en 1990, el informe de dominio, el plano de mensura y los impuestos, tasas y contribuciones. También declararon algunos vecinos, quienes afirmaron que el matrimonio adquirió el lote con algunas bases. Sostuvieron que construyeron y permanecieron allí durante más de tres décadas.

La sentencia que ordenó la nueva inscripción sostiene que luego del minucioso análisis de las constancias se tiene acreditada la posesión que da causa a la acción “en lo que respecta a la invocada posesión del inmueble que se atribuye la actora con ánimo de dueño, al tiempo de acreditar su relación con la cosa es producto de la transmisión de derechos y acciones del poseedor inmediato anterior”.

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