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Se operó sin que le expliquen los riesgos y la cirugía salió mal: declaran responsable al médico y a la clínica

La mujer se sometió a una operación de “juanetes” en ambos pies y al año de la cirugía ya no podía caminar.

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Un Tribunal de Roca definió que una mujer no sólo fue víctima de una mala praxis médica sino que además se violó su derecho a ser correctamente informada sobre las alternativas, los riesgos y las secuelas de la operación a la se sometió y que terminó, en definitiva, agravando el problema de salud que se pretendía corregir.

“Se ha incumplido la obligación de informar adecuadamente a la actora, quien de haber sido alertada del riesgo que en definitiva se produjo, seguramente hubiere decidido no operarse o hacerlo por otros profesionales”, concluyó la Cámara Civil de Apelaciones de Roca en la sentencia que atribuyó la responsabilidad por los daños tanto al médico que la operó como a la clínica donde se realizó la intervención, en una localidad del Valle Medio.

La mujer se sometió a una operación de “juanetes” en ambos pies luego de que, según afirmó ella en la demanda, su médico le asegurara que era “una práctica médica sencilla, no advirtiéndole de complicaciones” ni del riesgo de “causar una deformidad mayor”. Sin embargo, el malestar fue en aumento después de la cirugía, al punto que un año después la mujer ya no podía caminar y debió someterse a una reconstrucción articular, también conocida como “cirugía de rescate”.

Según las presentaciones al expediente, la mujer sólo firmó un escueto documento previo a la operación, al cual el médico y la clínica le dieron el valor del “consentimiento informado” de la paciente para someterse a la intervención.

“No se ha cumplido con la obligación de informar a la paciente, no pudiéndose admitir como acreditación de ello el documento en cuestión, aún cuando no hubiere sido adulterado. Allí no se cumple con la ley y no se acreditó con otra prueba que se le hubiere brindado verbalmente o de otro modo la información debida”, concluyó la Cámara.

El “consentimiento informado” es un paso obligatorio para las intervenciones médicas en general y debe ser un documento escrito para las intervenciones quirúrgicas en particular, donde se acredite que el o la paciente, o la persona que lo o la acompaña, han sido claramente informados sobre el diagnóstico, la finalidad de la cirugía, los tratamientos alternativos, los riesgos que implica la decisión de operarse o de no operarse. Ese documento es un derecho al que el o la paciente no pueden renunciar y que los y las profesionales de la medicina no pueden omitir. Su objetivo es garantizar “el libre y adecuado ejercicio de elección del paciente”.

Según explicó la Cámara en su fallo, la Ley Nacional N° 26.529, conocida como Ley de Derechos del Paciente, define el consentimiento informado como “la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente, o por sus representantes legales en su caso, emitida luego de recibir, por parte del profesional interviniente, información clara, precisa y adecuada” sobre el procedimiento, los beneficios esperados, los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles, entre muchos otros datos. Además, la provincia de Río Negro tiene su Ley Nº 3.076 que expresamente ordena que la información que debe recibir el o la paciente debe ser “en términos razonablemente comprensibles”.

Cabe señalar que la sentencia no puso fin al caso pero sí definió la responsabilidad civil del médico, de la clínica y de sus respectivas aseguradoras. En la próxima etapa, una nueva pericia deberá orientar al Tribunal sobre el grado de incapacidad que sufre la mujer y otras secuelas dañinas de la mala praxis para poder determinar un monto para la indemnización correspondiente.

Judiciales

Sustrajo combustible de la empresa para la que trabajaba, lo vendió y fue despedido con causa

Los jueces consideraron que había suficientes causas como para confirmar la extinción del vínculo laboral.

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El chofer de una empresa de servicios de la zona del Alto Valle fue despedido por vender combustible sin autorización. En el juicio laboral, dos compañeros de trabajo confesaron la maniobra y, enseguida, el Tribunal se comunicó con el fiscal de turno para denunciar el ilícito. Le achacaron además conflictos con sus superiores, exceso de velocidad y descuidos en el mantenimiento de los vehículos.

El trabajador inició un juicio laboral para reclamar lo que él consideró un despido “poco serio” e injustificado. Se desempeñó para la empresa de servicios durante un año y cinco meses. Y cuando el supervisor descubrió que faltaba combustible le enviaron una carta documento para notificarlo del despido con causa.

Entre las razones, además de la sustracción de gasoil y posterior venta sin autorización, le recriminaron malos tratos con sus compañeros de trabajo, con sus superiores y hasta con el dueño de la empresa. También incumplimiento de horarios, falta de conocimientos conductivos y descuido de los vehículos a su cargo (además de un choque, los rompía con frecuencia).

El día que la Cámara Laboral de Cipolletti realizó la audiencia de vista de causa para escuchar los testimonios, dos compañeros de trabajo admitieron su participación en la sustracción y venta ilegal de gasoil. Afirmaron que el hombre despedido era el que conseguía los clientes. Ante esa situación, el Tribunal se comunicó con la Fiscalía de turno y denunció el ilícito. Con todas esas pruebas, los jueces consideraron que había suficientes causas como para confirmar la extinción del vínculo laboral.

La empresa solo deberá entregar al ex empleado su Certificado de Trabajo y el Certificado de Servicios y Remuneraciones. La firma también tendrá que abonar el 5% de los gastos del juicio. El restante 95% de las costas corren por cuenta del hombre despedido.

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SITRAJUR alerta por «intentos de modificar» el horario laboral de los judiciales

Por acuerdo paritario la jornada es de 7.30 a 13.30. «Los turnos son garantizados por trabajadores judiciales en vez de funcionarios que son quienes no tienen limite de jornada», indicaron desde el sindicato.

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El gremio SITRAJUR emitió un comunicado de prensa donde advierte que rechaza «los intentos de justificación de modificación de una jornada laboral que, por acuerdo paritario, es de 7.30 a 13.30 horas.

«La jornada laboral es el gran tema que no permite contar con el definitivo convenio colectivo por los insistentes intentos de desbaratar la misma, y eso es lo que se verificó en estos días en el marco del funcionamiento del Consejo de la Magistratura en la ciudad de Cipolletti. Reiteramos desde el SITRAJUR que no existe justificación alguna para establecer turnos vespertinos de trabajo administrativo por diversas razones, siendo la principal que el resto de la administración pública y con la que se interactúa permanentemente no lo tiene», indicaron.

El sindicato que conduce Emiliano Sanhueza -que fue ratificado al frente del mismo en las últimas elecciones-, denunció que «se intenta argumentar que la ‘Justicia’ debe estar disponible las 24 horas por la ocurrencia permanente de hechos que merecen la intervención del Poder Judicial, pero lo que no se dice es que eso existe desde siempre y que se ha ampliado través de los turnos en los distintos fueros. Lo que sí sucede es que muchas veces quienes garantizan los turnos son trabajadores y trabajadoras judiciales en vez de los funcionarios que son quienes tienen la obligación de estar y quienes no tienen limite de jornada».

«Es por ello que desde el SITRAJUR repudiamos los intentos de justificación de modificación de una jornada que por acuerdo paritario del 17 de octubre de 2016 se estableció que es de 7.30 a 13.30 hs. Instamos a las máximas autoridades del Poder Judicial a aportar claridad en este punto y que no se desbarate ni la jornada ni los acuerdos celebrados en el marco de la Ley 5.009», exigieron.

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Caso Videla: Comenzó el juicio de imposición de pena a Colicheo

El mínimo de pena, según la calificación legal por la que fue declarado culpable, es de 10 años y 8 meses de prisión.

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Con la primera ronda de declaraciones, esta mañana (24/06) comenzó la etapa de cesura en la cual se determinará la pena a imponer a Antonio Colicheo, acusado del homicidio del trabajador judicial Javier Videla. El hombre fue declarado culpable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en un procedimiento abreviado parcial.

Está previsto que se realicen dos audiencias con más declaraciones testimoniales los días lunes y martes. En esta última jornada se prevé además que la acusación y la defensa que asiste al acusado expongan sus alegatos de clausura y sustancien los pedidos de pena cuyo mínimo -de acuerdo a la calificación legal por la cual fuera declarado culpable- es de 10 años y 8 meses de prisión.

En primer turno y por los acusadores, declararon el hombre que encontró el cuerpo sin vida de la víctima fatal, el director general de la división de investigaciones judiciales de la Policía de Río Negro y el titular de la Unidad Operativa para la Investigación Fiscal del Ministerio Público. En la continuidad del debate y también por la fiscalía y la querella prestaron su testimonio una compañera de trabajo del fallecido y una compañera de la cooperativa de vivienda de la que Videla formaba parte.

Por la defensa pública que asiste al acusado, declaró la responsable del área de Servicio Social del Ministerio Público de la Defensa de la ciudad de Cipolletti.

En un procedimiento abreviado parcial, el acusado aceptó ser el autor de una serie de delitos que comenzaron el 4 de marzo de 2021 alrededor de la 1.20 de la madrugada. En esas circunstancias se hizo presente en la vivienda de la víctima e intentó hacer que la pareja de Videla ingresara al vehículo en el cual se movilizaba pero el hombre finalmente no ingresó porque fue advertido por Videla quien se encontraba dentro del vehículo y le gritó que corra.

En esos momentos el imputado disparó contra la pareja de Videla con un arma de fuego calibre 9 mm. para luego escapar a bordo de un Chevrolet Vectra. La mencionada agresión que no le provocó heridas a la pareja de Videla.

Tras lo anterior, el acusado agredió con el arma de fuego al trabajador judicial impactando al menos un proyectil en la zona del hemitórax izquierdo, herida que le provocó la muerte. Finalmente, el imputado ocultó el cuerpo en un puesto rural ubicado a la altura del kilómetro 62 de la Ruta Provincial N° 6.

La calificación legal por estos delitos es homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, portación de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal y abuso de armas.

Intervienen por la Fiscalía el fiscal jefe Andrés Nelli y la fiscal del caso Verónica Villaruel, mientras que la querella que representa a la familia del fallecido está a cargo del abogado Marcial Peralta. El defensor público Juan Pablo Piombo es quien representa técnicamente al acusado. El Tribunal que preside el juicio está compuesto por los jueces Gastón Martín, Alejandro Pellizón y Fernando Sánchez Freytes.

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