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Judiciales

Por trágico incendio en una celda deberán indemnizar a un sobreviviente y a la familia de un hombre fallecido

Todo comenzó porque un interno prendió fuego un colchón. La familia del preso fallecido cobrará más de 6 millones de pesos de indemnización, mientras que la del sobreviviente casi 3 millones.

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Tres hombres estaban detenidos en un lugar que, según la sentencia de una jueza Civil de Roca, “no era humanamente apto” en el Penal 2 de Roca. “A modo de reclamo”, según admitieron las autoridades penitenciarias, uno de ellos prendió fuego un colchón y murió por la inhalación del humo y las tardías maniobras para apagar el incendio. Otro sobrevivió a quemaduras en el 90% de su cuerpo: pasó dos semanas en terapia intensiva, se sometió a 43 operaciones de reconstrucción de piel y vías respiratorias y quedó con un 85% de incapacidad irreversible y con graves secuelas psicológicas. El tercero sufrió importantes lesiones.

El primero de los hombres tenía 32 años, estaba casado y tenía cinco hijos. Cumplía una pena por un delito contra la integridad sexual. Su viuda dijo en la demanda que había sido trasladado al “locutorio” del Pabellón 11 “a modo de castigo”, por “tener mala relación con sus celadores”. El Estado provincial, al contestar la demanda, dijo que los tres hombres estaban allí porque “registraban problemas de convivencia con otros internos”.

Un fallo del Juzgado Civil N° 3 de Roca definió que la muerte del primero y las gravísimas secuelas del segundo fueron responsabilidad del Estado Provincial, por haber incumplido “uno de sus deberes primarios” previstos en la Constitución: “que las cárceles y/o lugares de detención tienen el propósito fundamental de seguridad de los detenidos”. La sentencia no está firme, porque las partes aún pueden apelar.

La jueza tuvo por acreditado que “el incendio se produjo en un locutorio de visitas dentro del cual estaban alojados” que “siguiera era una celda”; que los colchones no eran ignífugos; que adentro había un encendedor, por lo que también se “incumplió su obligación de requisar el lugar” y que “el comienzo del fuego no fue apagado con la premura que exigía el contexto”. También se probó que “desde días previos sucedían hechos de violencia” en el Penal y que “la situación era de sumo riesgo para las personas detenidas”, según se había reflejado en varios informes y denuncias presentados entre febrero y marzo de 2013. De hecho, el último pedido de la Oficina de Asistencia al Detenido y Condenado, que solicitaba la reubicación de los tres hombres “con carácter urgente” se presentó a las 11.40. El incendio fue alrededor de las 18.30.

La jueza destacó una “grave naturalización de la violencia por parte del propio Estado y dentro del Establecimiento, por cuanto los incendios provocados por los internos son considerados como medio de reclamo”.

Citando precedentes de la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jueza destacó la “posición especial de garante” tiene el Estado por la seguridad de las personas por él mismo detenidas, “toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia”.

Señaló el fallo que el Estado tiene “por intermedio de los servicios penitenciarios respectivos, la obligación y responsabilidad de dar a quienes están cumpliendo una condena o una detención preventiva la adecuada custodia, que se manifiesta también en el respeto de sus vidas, salud e integridad física y moral”. “La seguridad, como deber primario del Estado, no sólo importa resguardar los derechos de las personas frente a la delincuencia sino también (…) de las propias penadas, cuya readaptación social se constituye en un objetivo superior del sistema y al que no sirven formas desviadas del control penitenciario”, afirmó.

La sentencia distribuyó indemnizaciones por daño material y daño moral a la viuda, los cinco hijos, la madre y el padre del hombre fallecido por un total superior a los 6 millones de pesos, a los que deben sumarse los intereses acumulados desde 2013.

En tanto que al sobreviviente, que tenía 30 años al momento del incendio, le asignó una indemnización de 2,7 millones de pesos por la incapacidad física irreversible y el daño moral, a los que deben sumarse los intereses desde el día del incendio.

Gremios

El STJ ofreció un aumento del 19% para los judiciales

La pauta rondará el 63% en septiembre. Sitrajur analiza en asambleas si acepta o no.

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En la paritaria con el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (Sitrajur), el Superior Tribunal de Justicia ofreció ayer (09/08) una suba salarial del 19% para el tercer trimestre, consistente en un incremento del 12% en los haberes de agosto y 7% en septiembre.

En caso de que el gremio acepte la propuesta, las nuevas sumas se liquidarán en las modalidades habituales, es decir bajo sumas remunerativas, acumulativas y bonificables y extensivas a horas extras y demás bonificaciones.

Desde Sitrajur expresaron «una modificación negativa en la forma de ofrecimiento de los porcentuales respecto del resto del sector público provincial, al obviarse el porcentaje del 3% ofrecido en otros ámbitos paritarios. El STJ continúa con una política de supresión salarial en perjuicio del sector judicial, por lo que se reclama la inclusión de dicho porcentual además de la última oferta efectuada», indicaron en un comunicado de prensa.

Por su parte, desde el STJ informaron que el porcentual ofrecido al resto de los gremios estatales al liquidarse en octubre y abonarse en noviembre, se abordará cuando se discuta la pauta para el cuarto trimestre del año, es decir a comienzos del mes de octubre, ratificando que la propuesta salarial efectuada es superadora de la ofrecida en otros ámbitos paritarios.

Ahora se realizarán las respectivas asambleas circunscripcionales a fin de poner en consideración lo ofertado por el STJ, motivo por el cual y conocidos los resultados de las mismas, las partes acuerdan volver a reunirse, notificando al Ministerio de Trabajo a dichos fines.

En la audiencia estuvieron presentes, la subsecretaria de Asuntos Legales del Ministerio de Trabajo de Río Negro, Dra. Iris Marcela Colás; el contador Abel Peña, representante del Superior Tribunal de Justicia; Emiliano Sanhueza, secretario general de Sitrajur; el secretario adjunto Marco Calarco; y otros representantes del gremio.

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Judiciales

Un bombero deberá ser indemnizado porque se lesionó combatiendo un incendio

La ART deberá abonarle más de $750.000, en concepto de prestaciones dinerarias por incapacidad laboral e intereses.

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Un hombre que se desempeñaba como bombero sufrió un accidente de trabajo al estar extinguiendo un incendio en un campo cercano a Viedma. Al doblar su cuerpo para clavar una pala, con el fin de construir un corta-fuego, sintió un fuerte dolor en su región lumbar que se irradió hacia la cara posterior del muslo izquierdo.

Luego del incidente al no disponer de un medio de transporte, permaneció en el área de trabajo varias horas hasta que fue trasladado a Viedma.

El hecho fue denunciado ante la ART y la demandada reconoció la contingencia como accidente de trabajo y le indicó que iniciara su tratamiento en la Clínica Viedma, donde recibió atención médica y farmacológica, con antiinflamatorios, y allí le ordenaron reposo. Luego recibió tratamiento de kinesiología de más de 100 sesiones hasta el alta médica definitiva, pero continuó con dolores intensos en la zona afectada.

Por su parte, la Comisión Médica concluyó que no presentaba secuelas generadoras de incapacidad laboral pero para el trabajador si y por ello inició la demanda.

La demandada no contestó la acción en su contra, en consecuencia no pudo controvertir ninguno de los hechos expuestos.

Oportunamente, el perito médico explicó que el trabajador padece “Lumbalgia predominio izquierdo, síntomas y signos de lumbalgia post traumática. Dolor en región lumbar con contractura muscular paravertebral. Marcha punta-talón con dificultad”.

Finalmente la Cámara Laboral de Viedma condenó a Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. a abonarle la suma de $773.397,02, en concepto de prestaciones dinerarias por incapacidad laboral e intereses.

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Judiciales

Más de cuatro décadas de matrimonio, pero sin verse: ella no podrá heredar

La Justicia determinó que la herencia solo le corresponde a la única hija del matrimonio.

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No tuvo contacto con su marido por más de 40 años y cuando él falleció quedó excluida de la sucesión por falta de “vocación hereditaria”. La mujer vive en otra provincia y, al ser citada al proceso sucesorio que tramita en Cipolletti, se presentó en carácter de cónyuge. Sin embargo, luego quedó establecido que no tiene derecho sobre los bienes. En este contexto, la herencia solo le corresponde a la única hija del matrimonio.

El proceso sucesorio está contemplado en el Código Civil y Comercial de la Nación. El artículo 2277 establece que la muerte de una persona causa la apertura de su sucesión y la transmisión de su herencia a las personas llamadas a sucederle por el testamento o por la ley. La “vocación hereditaria” es el llamado a concurrir como heredero a la sucesión de la persona fallecida.

Pero el artículo 2437 determina que el divorcio, la separación de hecho sin voluntad de unirse y la decisión judicial de cualquier tipo que implique cese de la convivencia excluyen el derecho hereditario entre cónyuges.

Justamente fue el caso de Cipolletti. Aunque la mujer no se había divorciado admitió –audiencias mediante- su separación de hecho de más de 45 años “sin voluntad de unirse”. En consecuencia, con la resolución del fuero Civil que puso fin al conflicto quedó determinado que carecía de vocación hereditaria y que la herencia corresponde en su totalidad a la hija (única y universal heredera).

Durante el último año, el fuero Civil de Río Negro le dio trámite a 9.745 nuevas causas y las sucesiones representan el 25,54 de este total. Hubo 2.489 sucesiones en 2021, entre las que se encuentra el caso de Cipolletti.

Cuando el matrimonio se vuelve un obstáculo

No es la primera vez que en la jurisdicción se tramita una causa con un matrimonio sin contacto. El año pasado, el fuero de Familia advirtió que un hombre quería divorciarse de su esposa pero no podía encontrarla para notificarla. Se recurrió al mecanismo de edictos de citación de personas.

En esos casos lo primero que se realiza es “practicar información sumaria”. Ello significa que cuando alguien pierde el contacto con una persona, se envían oficios a distintos organismos públicos: secretaría electoral, Anses, Afip.

Con la respuesta se obtienen algunos datos, por ejemplo, de domicilios o bienes registrados. Luego se envía una cédula y si el documento regresa “sin diligenciar”, es decir que no se encontró a nadie o esa persona no vive en el domicilio consignado, se publica un edicto de citación.

Después de la publicación de edictos, se notifica al Centro de Atención de la Defensa Pública (Cadep) para la designación en el expediente de un defensor o defensora de ausentes que actúa como parte, en representación de la persona que no fue hallada por ningún medio.

En el fuero de Familia la citación de personas no solo se utiliza para los divorcios, sino en demandas de alimentos, cambios de nombre y adopciones. En el caso de los divorcios en general se trata de parejas sin hijos, que han dejado de convivir y han perdido el contacto.

“A veces la gente pasa mucho tiempo casada y al no tener hijos en común se dejan de ver y después alguno de los cónyuges necesita realizar un trámite y el matrimonio se vuelve un obstáculo. Entonces necesita divorciarse y se recurre al sistema de edictos”, se explicó desde el fuero de Familia. También en las sucesiones, que tramitan en el fuero Civil, se publican edictos para hallar a posibles herederos de la persona fallecida.

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