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El debate por el femicidio de Claudia Casmuz se desarrollará ante un jurado popular

El imputado, Antonio Colicheo, se encuentra con prisión preventiva en el Penal de Viedma y ya fue declarado responsable penal por la muerte de Javier Videla.

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Esta mañana (29/06), en la audiencia de control de la acusación por el femicidio de Claudia Alejandra Casmuz, y cuyo único imputado, Antonio Colicheo, es quien ya fue declarado responsable penal por la muerte de Javier Videla, se resolvió que el debate oral y público sea desarrollado ante un jurado popular.

Las partes, tanto la acusación como la defensa, estuvieron de acuerdo en los hechos y la calificación legal que se deberá juzgar y en consonancia con ello el juez interviniente resolvió.

Durante el resto de la jornada se avanzó sobre la prueba ofrecida por el Ministero Público Fiscal, la querella y defensa penal pública, respecto de cada teoría del caso, concretamente sobre la evidencia documental, demostrativa y testimonial.

Esta prueba, luego de ser analizada por el juez del Control de Acusación, será la que se exponga a quienes sean integrantes del Juicio por Jurados.

Cabe recordar que el imputado se encuentra cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en el Penal de Viedma.

El hecho y la calificación que avanza hacia el Juicio por Jurados

Según la acusación fiscal, el imputado habría sido quien cometió el femicidio de Claudia Alejandra Casmuz, cuyo cuerpo se encontró el 4 de marzo de 2021 en el Campo La Perseverancia ubicado en Casa de Piedra.

Además del delito de “homicidio doblemente agravado por haber actuado con alevosía y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer en el marco de violencia de género (femicidio) meidante el empleo de arma de fuego; en concurso real con tenencia de arma de fuego de guerra”, el hombre está imputado de “robo simple en calidad de autor en concurso real con portación de arma de fuego de guerra”.

Según la acusación fiscal, “los hechos habrían ocurrido a 75 kilómetros de General Roca, entre el 18 de febrero y el 3 de marzo, cuando el hombre se habría aprovechado del estado de extrema vulnerabilidad de la joven y de sus alteraciones psicológicas, y le habría disparado con un arma de fuego 9 mm marca Taurus”.

“Un proyectil le impactó en la zona del hombro, y en el marco de violencia de género y asimetría de poder entre ambos, sumado al estado de desprotección en el que se encontraba Casmuz, la llevó a unos 275 metros al este del lugar mencionado, y le provocó fracturas en ambos maxilares. Además le dio otro disparo en la cabeza, específicamente en la zona parietal izquierda, con orificio de salida”, describió el fiscal jefe Andrés Nelli.

“Luego de provocar la muerte de la mujer, el imputado habría cavado una tumba y la tapó con ramas de jarilla”, agregó el equipo fiscal.

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Vendía por la plataforma de Facebook: le pidieron los datos y lo estafaron

La víctima denunció que pidieron un préstamo a su nombre. Será resarcido económicamente.

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Una nueva modalidad de estafa tuvo como víctima a un cipoleño que pretendía vender un kayak por Facebook. Un falso comprador lo contactó por la red social y le pidió algunos datos. Después obtuvo un préstamo a nombre del damnificado y desapareció de la plataforma. El Juzgado de Paz homologó un acuerdo para resarcir al denunciante.

Por la maniobra delictiva, tipificada como estafa, hay una denuncia en el Ministerio Público Fiscal de Cipolletti. Sin embargo el hombre que resultó víctima impulsó un proceso en el Juzgado de Paz, bajo el mecanismo de la menor cuantía.

Esa acción fue promovida contra la firma prestamista Wenance S.A. quién se dedica a brindar servicios financieros a través de plataformas digitales y opera bajo los sitios web prestohoy.com.ar; micredito.luquitas.com.ar; holamango.com y welp.com.ar. La demandada también acumula reclamos ante el fuero Criminal y Correccional de la Capital Federal.

El cipoleño denunció que en el verano de este año pretendió vender un kayak por la plataforma Marketplace de la red social Facebook. Fue en esas circunstancias que un supuesto interesado lo contactó y le pidió el CBU para transferirle el dinero por la compra del equipo deportivo. Sin embargo, adujo que por un error de tipeo le había depositado $65.000. En consecuencia le solicitó la devolución de ese dinero. La operación de compraventa terminó frustrada y el perfil desapareció.

Al mes siguiente, el propietario del kayak comenzó a recibir reclamos telefónicos en el que le exigían el pago de la primera cuota de un préstamo de $65.000, tramitado ante Wenance S.A. En ese contexto descubrió que había sido víctima de un engaño y que solo con su nombre y sus datos bancarios otra persona había tramitado un crédito de forma remota.

Con todas las pruebas, la demandada Wenance hizo un ofrecimiento económico para resarcir al damnificado. Finalmente la jueza de Paz homologó el acuerdo.

En la resolución, la firma crediticia se comprometió a compensar al denunciante por $70.000. También deberá rectificar la información ante el Banco Central de la República Argentina puesto que allí, el cipoleño, había sido informado como deudor de un préstamo.

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Un policía escuchó ruidos sospechosos, corrió, se lesionó y la ART deberá resarcirlo con más de 1 millón y medio de pesos

El uniformado cumplía tareas de vigilancia, saltó, cayó mal y sufrió el desgarro del menisco interno de la rodilla.

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Un policía cumplía tareas de vigilancia en el ingreso al barrio Lavalle de Viedma cuando escuchó ruidos extraños. Inmediatamente saltó, cayó mal y apoyó de manera defectuosa el pie, lo que provocó que sufriera una lesión en la rodilla derecha.

Se hizo la denuncia a la ART, que lo derivó para su atención a la Clínica Viedma. Allí se le realizó una resonancia magnética nuclear con diagnóstico de desgarro de menisco interno de rodilla derecha. Posteriormente se le realizó una videoartroscopía y luego recibió sesiones de kinesiología hasta que se le otorgó el alta médica. Sin embargo, el policía inició la demanda por estar disconforme con la incapacidad otorgada por la Comisión Médica. Esta cifra guarda relación con la indemnización.

Por su parte, el apoderado de Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. se presentó y negó parcialmente los hechos relatados en la demanda.

En el expediente el perito médico explicó las lesiones: “La rodilla derecha se constata fría, tumefacta y anatómicamente engrosada con respecto a la contra lateral, dolor a la movilidad de la misma, marcha sobre talones y en punta de pie con dificultad, y puede realizar cuclillas en forma parcial. Presenta hipotrofia muscular con hipotonía, y secuela de desgarro con área de hundimiento muscular en zona del desgarro”.

Tras analizar la prueba, la Cámara Laboral de Viedma condenó a la ART a abonarle al policía en concepto de indemnización por la incapacidad laboral reconocida e intereses la suma de $1.701.319,33.

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Derecho a la identidad: llevará el apellido de su padre, desaparecido en la dictadura

La madre estaba embarazada de cuatro meses cuando, en 1976, agentes del Ejército secuestraron a su pareja en el Alto Valle.

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Un hombre consiguió ser inscripto como hijo biológico de su padre, desaparecido durante la última dictadura. La madre estaba embarazada de cuatro meses cuando, en 1976, agentes del Ejército secuestraron a su pareja en el Alto Valle. Ella se exilió en Paraguay y formó familia con otra persona. El caso tuvo muchísimas dificultades por la falta de un ADN certero.

El fallo judicial ponderó el derecho a la identidad y buscó poner fin a la incertidumbre respecto a la filiación paterna del hombre que impulsó la demanda. La sentencia es del juzgado Civil 3 de Cipolletti.

En el expediente quedó reconstruida parte de la historia que se inició el 12 de junio de 1976. Ese día las fuerzas militares rodearon el domicilio de la familia y secuestraron al hombre, quien hasta la fecha sigue desaparecido. Su caso se presentó ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén en uno de los juicios de lesa humanidad.

Tiempo después, la mujer consiguió llegar a Buenos Aires y luego cruzó a Paraguay. Su bebé nació y fue inscripto únicamente con su apellido.

Cuando el hombre que interpuso la demanda tenía ocho años le planteó a la madre el hecho de que solo llevaba el apellido materno y no el de sus hermanos, que tenían otro padre. En ese momento, por cuestiones de seguridad y para evitar represalias, la mujer optó por inscribir al niño con el apellido del padre del resto de sus hijos.

El joven tenía 25 años el día que conoció su verdadera historia y decidió empezar a reconstruir sus vínculos. Por entonces encontró a un hermano de su padre desaparecido. Pero el ADN no fue concluyente para determinar su filiación.

El Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial recomendó un cotejo con los progenitores de su padre, previa exhumación de los cuerpos. Luego de efectuar averiguaciones supo que 2010 los cadáveres habían sido trasladados a un osario común. En esa instancia no contaba ni con el cuerpo de su padre, ni con el de su abuelo y abuela. La prueba de ADN practicada con el tío solo configuraba un indicio. No era concluyente.

La jueza, para resolver, consideró que “el accionante se encuentra en una situación ciertamente delicada, pues en lo que atañe a su identidad; se le ha suprimido el dato de su ascendiente en el documento respectivo”. Por ello tomó como pruebas el informe de la Conadi respecto al caso, el testimonio de la madre y del hombre que le dió el apellido (en ese aspecto hubo un juicio de impugnación de paternidad en Buenos Aires). También la corroboración de la historia que provino por parte de otra mujer que estaba casada legalmente con el desaparecido, el expediente del juicio de lesa humanidad que se hizo en Neuquén y las fotografías obrantes en el informe del Banco Nacional de Datos Genéticos, que demuestran similitud de algunos rasgos faciales entre el hombre y su presunto tío.

La jueza reconoció que la Ley N° 23.511 le otorgó a la prueba biológica (ADN) el carácter de ineludible, a la par de crearse el Banco Nacional de Datos Genéticos aunque admitió que insistir en la prueba del ADN en relación a los abuelos demostraría un excesivo rigorismo en desatención a otras mandas legislativas.

Ponderó además que en el caso se presentan otros elementos que permiten un abordaje integral de la prueba, sopesando también los bienes y principios comprometidos en el proceso. “Esta postura considero además que es la que mejor se compadece con la justicia como valor y fin, y se traduce en la labor propia y esencial del ejercicio de la función judicial”, escribió en la sentencia.

En función del análisis hizo lugar a la acción de filiación y ordenó al Registro Civil y Capacidad de las Personas que inscribiera al hombre como hijo biológico de su padre desaparecido.

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