Política
Con penas más duras para los usurpadores, Juntos Somos Río Negro apuesta por la reforma del Código Penal
El proyecto establece penas mínimas de 4 años y que se aceleren los procesos de restitución de bienes robados o hurtados.
Esta semana los diputados nacionales por Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giacomo y Agustín Domingo, presentaron un proyecto de reforma de los artículos 23 y 181 del Código Penal de la Nación. Buscan brindar una solución de fondo y un acompañamiento efectivo a los propietarios de inmuebles afectados por las tomas y usurpaciones.
“Claro que existe una necesidad de dar una solución al acceso a tierras, siendo el Estado el que debe garantizarlo. Pero no puede confundirse con la posibilidad de hacerlo de manera ilegal, en violación a la normativa vigente”, fundamentó el presidente del Interbloque Provincias Unidas y autor de la reforma, Luis Di Giacomo.
A su vez, Agustín Domingo explicó que de convertirse en ley “quien sufre el despojo del fruto de su esfuerzo sabrá que puede contar con la justicia, como ahora no sucede”, y explicó que los cambios propuestos apuntan a “garantizar el derecho de propiedad”.
Particularmente estas modificaciones pretenden establecer penas más duras -con un mínimo de 4 años de prisión- y acelerar los procesos de restitución de los bienes robados o hurtados. Y apunta directamente hacia aquellos grupos violentos que configuran esta práctica delictiva como un “modo de vida”.
En el artículo 23, que habla sobre “decomisos y medidas cautelares”, el proyecto establece la capacidad del juez de disponer del “reintegro inmediato de los bienes” en los casos donde haya riesgo de demora. Esta medida es de gran incidencia para la celeridad del proceso legal, ante el desgaste y las dilataciones que se produce normalmente en estas instancias.
Por otra parte, en el artículo 181 se agregaron dos agravantes a la tipificación del delito de usurpación. El primero refiere a la incidencia del número de personas partícipes, siendo que a mayor proporción aumenta la eficacia de las tomas y la capacidad de amedrentamiento.
Y el segundo ocurre en situaciones de “alegación de derechos tradicionales injustificados”, es decir, cuando los grupos violentos se escudan detrás de un derecho reconocido por la Constitución para cometer delitos.
Se abre ahora un proceso de profundo debate y discusión en la Cámara Baja para el tratamiento de esta controvertida problemática.
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Política
Weretilneck solicitará al Gobierno Nacional la provincialización de las Rutas 22 y 151
Se trata de una estrategia conjunta con la provincia del Neuquén.
El gobernador Alberto Weretilneck solicitará al Gobierno Nacional la provincialización de las Rutas N° 22 y N° 151 para poder generar el mantenimiento y las mejoras requeridas mediante fondos de inversión privados. Se trata de una estrategia conjunta con la provincia del Neuquén.
Las vías que conforman la entrada y la salida de Vaca Muerta muestran un enorme deterioro y abandono por parte del gobierno del presidente Javier Milei. «Hace más de 20 años que los gobiernos nacionales, no importa el signo político o partidario, no pueden terminar la ruta. El nivel de mantenimiento es lamentable, basta de dar vueltas, necesitamos una solución definitiva», sostuvo.
Esta mañana (22/04) en Carmen de Patagones, Weretilneck participó del acto central del 45° aniversario de la comarca Viedma-Patagones, y en diálogo con los medios de prensa, aseguró que trabaja junto a su par neuquino Rolando Figueroa en toda la documentación para solicitar el traspaso de las Rutas 22 y 151.
«Apenas tengamos la propuesta consensuada entre las dos provincias la transmitiremos al gobierno nacional», adelantó Weretilneck.
El gobernador de Río Negro habló sobre una gestión mixta público-privada con financiamiento a través de la concesión de obra pública, en otros casos a través del sistema de peajes, «esencialmente financiado y pagado por quienes usan las rutas y no son habitantes de Río Negro ni de Neuquén».
«Estamos convencidos, las dos provincias, que lo mejor es que sean rionegrinos y neuquinos quienes administren nuestras propias rutas, porque está claro que los gobiernos centrales no entienden la importancia que tienen para nosotros y tampoco le prestan atención».
La ampliación de la Ruta Nacional 22 es un trastorno para los habitantes de la región norpatagónica. Pasaron cuatro presidencias desde que empezó a transformarse en autovía desde Chichinales (Río Negro) hasta Arroyito (Neuquén): Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández; y tampoco hay avances con Javier Milei.
La parálisis y abandono acarrean el inevitable deterioro en diversos tramos que la tornan intransitable y un peligro para los 50.000 vehículos diarios que la circulan, sobre todo para el porcentaje que lo hace entre General Roca y Cipolletti.
Política
Proponen que se realicen estudios de rinoscopía obligatoria a funcionarios y policías de Río Negro
Se busca así desestimar la adicción a drogas ilegales.
La legisladora del bloque de Primero Río Negro, Yolanda Mansilla, presentó un proyecto de ley por el cual se establece la obligatoriedad de la realización de estudios médicos anuales que genere la obtención de un certificado psicofísico para los funcionarios del Poder Ejecutivo hasta la categoría de director y miembros de la Policía de Rio Negro hasta el rango de subcomisario; funcionarios del Poder Legislativo hasta la categoría de director y legisladores provinciales para desestimar la adicción a drogas ilegales.
Según el proyecto, se establece que los estudios se realizarán una vez al año, dando cumplimiento a la realización de diferentes exámenes como psiquiátrico, rinoscopía, y análisis de orina y sangre completo, siendo la autoridad de aplicación el Ministerio de Salud de la Provincia de Rio Negro.
La doctora Mansilla en sus fundamentos señaló que «se trata de ampliar los alcances de la Ley N° 3550 de Ética Pública que establece que los funcionarios deben garantizar, entre otras cuestiones, la actuación en base a los principios de probidad, dignidad e independencia, e incorporando en este caso a miembros de la Policía de la provincia, que tiene a su cargo el mantenimiento del orden y la seguridad pública actuando en el cuidado y resguardo de la vida y los bienes de los ciudadanos».
Mencionó la legisladora que «de ninguna manera la iniciativa tiene que ver con valorar los derechos individuales independientes, pero si contrarrestar consecuencias perjudiciales a terceros, e incluso dispone absoluta confidencialidad y programas de rehabilitación en caso de ser necesarios».
El proyecto invita a adherir al Poder Judicial, al Ministerio Público y los municipios
Policiales
Presentaron un proyecto para prohibir el uso de celulares en cárceles rionegrinas
Los internos podrían realizar llamadas -a través de teléfonos fijos- entre las 8 y 19 horas, pero con una duración de 5 minutos cada una.
Los legisladores provinciales Santiago Ibarrolaza, Patricia Mc Kidd y César Domínguez, del bloque La Libertad Avanza, presentaron un proyecto de modificación de ley para prohibir el uso de celulares en cárceles.
El proyecto presentado esta semana en la Legislatura tiene como finalidad proporcionar «herramientas de acción a los actores judiciales para contener y desarticular los delitos que se cometen utilizando herramientas de comunicación desde los complejos carcelarios».
En Río Negro, el 7 de diciembre de 2018, el Ministerio de Seguridad y Justicia implementó un Protocolo de utilización de telefonía celular dentro de las cárceles. «A pesar de que estipula ‘establecer la identidad de los dispositivos y realizar de forma precisa una regulación de su tenencia y uso dentro de cada establecimiento’, la realidad demuestra que la norma permite la utilización ilimitada de los teléfonos por parte de los internos», detalla el proyecto.
Los delitos de estafa telefónica son una constante que ha ido en aumento con el paso de los años. La modificación de la Ley Provincial S Nº 3008 busca prohibir las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles de cualquier tipo, así como el acceso a redes sociales e internet.
El sistema que buscan implementar sería de llamadas telefónicas realizadas en el horario de 8 a 19 horas, con una duración máxima de 5 minutos cada una. Las comunicaciones se realizarán a través de teléfonos fijos conectados a un conmutador y serían suspendidas en caso de existir sospecha fundada de la posible comisión de un ilícito.
