Seguinos

Río Negro

Gestión entre Seguridad y PROFARSE en la provisión de elementos para la lucha contra el narcotráfico

Se trata de kits con reactivos que en los controles van a permitir constatar la presencia o no de drogas tales como cocaína, crack, marihuana, anfetaminas, metanfetaminas y LSD.

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Este jueves (07/07) la ministra de Seguridad y Justicia, Betiana Minor, encabezó junto a la directora de la Productora Farmacéutica Rionegrina Sociedad del Estado (PROFARSE), Marne Livigni, la entrega de elementos destinados a las Delegaciones de Toxicomanía de la Policía de Río Negro que resultan indispensables para su labor diaria, en el marco de la política de lucha contra el narcotráfico del Gobierno de Río Negro.

Participaron además el jefe de la Policía de Río Negro, Comisario General Osvaldo Tellería; el subjefe, Comisario General Orlando Cañuqueo; el director de Análisis Criminal de la Secretaría de Narcocriminalidad, Martín Estrabou; la directora de Toxicomanía, Comisario General, Adriana Fabi, y el director General de Recursos Materiales y Financieros, Comisario Inspector, Antonio Verdugo.

Tanto Minor como Livigni destacaron la gestión en conjunto que realizaron Seguridad y Justicia con Profarse para la adquisición de esta serie de elementos que consta de kits con reactivos que en los controles van a permitir constatar la presencia o no de drogas tales como cocaína, crack, marihuana, anfetaminas, metanfetaminas y LSD. Al respecto Estrabou explicó que cada reactivo tiene una capacidad de 500 usos y que traen consigo un método mucho más ágil para la detección de estupefacientes.

La ministra Minor, señaló que se realizó un eficiente acuerdo con PROFARSE que permitió que éste pudiera adquirir los reactivos y Seguridad y Justicia realizar una contratación directa: «Al ser una empresa del Estado, poder hacer una contratación directa, obviamente es con un mecanismo muchísimo más ágil pero también a mucho menor costo. Luego del acuerdo y de la generosidad del PROFARSE de ponerse a trabajar tanto con la Secretaría de Narcocriminalidad como con el Ministerio y la Policía, podemos concretar la primera entrega que nos va a permitir en el futuro hacer compras muchísimo más rápidas , más eficientes, dado que los productos son importados.»

Por su parte, Livigni celebró la sinergia entre PROFARSE y el Ministerio para obtener una mayor celeridad en procedimientos y contrataciones: «Se puso en contacto rápidamente el licenciado Estrabou de la SENAC y pudimos de un tiempo a esta parte gestionar la compra de los kits que creo que fue más cantidad de lo que habíamos acordado inicialmente para que más delegaciones puedan tenerlos. Es un kit con dos aerosoles, si bien no es una especialidad en la que seamos expertos en el laboratorio, nosotros colaboramos con la gestión para que lo puedan tener en tiempo y forma».

A su vez, Minor resaltó la interacción de la SENAC con la Justicia Federal, la Policía de Río Negro y fuerzas federales así como también la contribución a las delegaciones de Toxicomanía en lo que refiere a más herramientas para generar una mejor labor.

Río Negro

La Provincia quiere regular el uso de cámaras de vigilancia

El principal objetivo es resguardar el derecho a la intimidad de las personas y regularizar su instalación, sin descuidar las obligaciones vinculadas a la prevención y lucha contra el delito.

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El Ejecutivo Provincial busca regular la instalación y utilización de las cámaras de vigilancia instaladas en lugares públicos o privados de acceso público, con fines exclusivos de seguridad pública. El principal objetivo es resguardar el derecho a la intimidad de las personas y regularizar su instalación, sin descuidar las obligaciones vinculadas a la prevención y lucha contra el delito.

A través de un proyecto de ley, presentado por la gobernadora Arabela Carreras con Acuerdo de Ministros, se propone regular la utilización de los sistemas de videovigilancia en 18 localidades (serán 21 con las obras que se encuentran en ejecución) con 15 centros de monitoreo locales, bajo la coordinación del Centro de Monitoreo General de Viedma.

A través de esta iniciativa, se busca conformar un marco adecuado para regular el sistema a partir de la propia experiencia y de los conocimientos generados en otras provincias y países.

En la elaboración del proyecto de ley, los equipos técnicos del Ministerio de Seguridad y Justicia tuvieron en consideración la existencia de numerosas cámaras privadas que, atendiendo a propósitos de seguridad personal o comercial, captan imágenes de ámbitos públicos y privados. Es preciso que estas cámaras también queden sujetas a cierta regulación en cuanto a la captación y grabación de imágenes de la vía pública.

Por otro lado, el proyecto también busca regular cualquier sistema de captación de imágenes que porten las fuerzas de seguridad de la provincia, tales como las cámaras corporales y los drones.

Los principales puntos del proyecto

Busca regular la utilización de las cámaras de vigilancia que se utilizan con fines exclusivos de seguridad pública. Se establece que las videocámaras solo podrán utilizarse para la preservación de la seguridad pública y la atención de emergencias, respetando el procedimiento indicado para su autorización y colocación, como también que la existencia de videocámaras debe comunicarse a la ciudadanía mediante cartelería adecuada.

Los principios que regirán la utilización de esta tecnología son los de proporcionalidad y razonabilidad, y los de intimidad y privacidad, y se establecen, además, límites en los lugares de colocación de las cámaras y en la captación de sonidos.

Con respecto a las grabaciones obtenidas, se establece la absoluta confidencialidad de las imágenes, y las sanciones que acarrea el incumplimiento de tal confidencialidad por parte de las personas con acceso a las grabaciones, como también los supuestos especiales que exigen la destrucción de las grabaciones.

Se regulan también cuestiones que hacen a un mejor funcionamiento del sistema de video vigilancia. Se indica que el Ministerio de Seguridad y Justicia, como autoridad de aplicación, establecerá el procedimiento de tramitación de autorización para la colocación de cámaras, indicando los criterios de colocación, pudiendo asimismo dictar las normas complementarias necesarias para la puesta en funcionamiento de la ley.

Para decidir la instalación de nuevas videocámaras, el Ministerio deberá observar cuestiones como la participación ciudadana (requerimientos de la ciudadanía); datos estadísticos (índices delictuales y densidad poblacional) y necesidades especiales con respecto a la seguridad (como las de ciertos grupos poblacionales o lugares estratégicos).

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Policiales

Tenencia ilegal: Recuperaron 34 aves de distintas especies

Entre ellas, tenían un Cardenal amarillo, una especie en peligro de extinción debido a la captura ilegal como mascota.

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Efectivos de la Policía de Río Negro, pertenecientes a la Comisaría 40° de Chichinales, junto a Guardafaunas de la Dirección de Fauna Silvestre, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, llevaron adelante un allanamiento en esa localidad, por tenencia ilegal de aves silvestres, que para la Ley Nacional N° 22.421 representa un delito.

Los Guardafaunas provinciales recuperaron unas 34 aves de distintas especies, entre ellas un Cardenal amarillo -especie en peligro de extinción debido a la captura ilegal como mascota-, Cardenales de copete rojo, Pepiteros de collar, Corbatitas, Monteritas, Jilgueros y Mistos entre otras especies.

Las aves quedaron a resguardo en el Centro de Cuarentena y Rehabilitación de los Guardafaunas Honorarios de Rio Negro, donde luego de recuperar su musculatura de vuelo, serán liberadas en el ambiente natural.

El operativo se activó luego de que el juez interviniente ordenara un allanamiento debido a una presentación penal realizada en el Ministerio Publico Fiscal de Villa Regina por parte de personal de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, previo realizar una investigación originada a partir de una denuncia anónima.

“Cabe aclarar que existe un importante riesgo sanitario asociado a las aves silvestres en cautiverio, ya que estas se estresan y liberan una bacteria causante de la enfermedad conocida como Psitacosis, que puede ser mortal para las personas” indicó Fabian Llanos, Subsecretario de Biodiversidad y Cambio Climático.

Por otra parte, autoridades de la Dirección de Fauna Silvestre recordaron que la tenencia de animales silvestres en cautiverio es una infracción a la ley provincial de fauna N° 2.056 y un delito para la Ley Nacional N° 22.421.

Cualquier ciudadano puede realizar una denuncia anónima al teléfono 2920612000 o en privado en las redes sociales de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático.

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Judiciales

Resarcimiento para mamá que pagó 20 cuotas del viaje de egresados de su hija y lo suspendieron

La empresa no la atendió más. Fue durante la pandemia por el COVID.

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Una mamá sanantoniense celebró un contrato con una empresa para la realización del viaje de egresados de su hija, con destino a Uruguay y Brasil. Abonó la seña y comenzó a pagar las cuotas. A los pocos meses se desató la pandemia de COVID.

Sin embargo, continuó pagando mensualmente hasta completar 20 cuotas. En septiembre de 2021, con las restricciones sanitarias flexibilizadas, fue a consultar por la fecha del salida. Luego de reiterados llamados consiguió contactarse y le informaron que habían cancelado el viaje. Posteriormente, no hubo más comunicación con la empresa.

Oportunamente inició el reclamo de carácter administrativo en el Departamento de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Antonio Oeste. Allí la empresa reconoció la suscripción del contrato de prestación de servicios turísticos y ofreció devolver un poco más de 50 mil pesos en dos cuotas. Pero la mamá aseguró que era menor al que correspondía.

Como no se arribó a ningún tipo de acuerdo la mujer decidió iniciar la demanda de menor cuantía en el Juzgado de Paz de San Antonio Oeste. Se convocó a la audiencia, pero sólo asistió la parte demandante y la empresa no justificó su ausencia.

En el fallo, la jueza de paz suplente dijo que se trataba de una “contratación comercial” que ubica la relación en el marco del derecho del consumidor.

Explicó que “el perjuicio sufrido por la actora no solo fue el hecho en sí de la cancelación del viaje, y la falta del reintegro de las sumas ofrecidas en tiempo y forma”. También “la conducta desplegada por la demandada en la falta de respuestas adecuadas, efectivas y concretas, no hacen más que comprobar la situación de padecimiento y aflicción por parte de quien demanda. Obligando al derrotero de reclamos por las diversas vías que debió concurrir”.

Recordó que la Ley 24.240 que establece: «el daño directo es todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o consumidor, susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado de manera inmediata sobre sus bienes o sobre su persona, como consecuencia de la acción u omisión del proveedor de bienes o del prestador de servicios”.

Tuvo en cuenta que “de la prueba documental aportada por la mujer se vislumbra que la empresa demandada ha desplegado una conducta desaprensiva para con la mamá en los reiterados reclamos efectuados”. En este contexto, “este tipo de practicas empresariales y abusivas son pasibles de la implementación de la sanción normada en el articulo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, en concepto de daño punitivo”.

Finalmente el Juzgado de Paz condenó a la empresa Bienes G y G S.A , cuyo nombre de fantasía es London Travel, a abonar a la mujer la suma de $100.000 en concepto de daño directo, más $80.000 en concepto de daño punitivo, más intereses.

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