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Judiciales

Abuso sexual en un transporte escolar: tras la condena penal, la víctima también será indemnizada

La suma, cercana a los 6 millones de pesos, la deberán afrontar el chofer -ya declarado culpable-, la empresa y la Provincia.

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Un chofer de colectivos que había sido condenado penalmente por abuso sexual simple ahora deberá resarcir económicamente a la víctima. El fallo civil incluye también a la empresa que prestaba servicios y a la Provincia, ya que se trataba de una concesión de transporte escolar. El juicio de indemnización lo inició la víctima varios años después, tras cumplir la mayoría de edad. La sentencia destacó que faltó un abordaje de contención adecuado. 

El fallo hizo lugar a la demanda por una indemnización cercana a los 6 millones de pesos, más los intereses acumulados desde 2014. El resarcimiento apunta a compensar el grado de incapacidad laboral irreversible derivado del estrés postraumático, los gastos por tratamiento psicológico acreditados y el daño moral.

La niña tenía 14 años y el chofer 40. Tenían confianza porque él manejaba el micro que a diario llevaba y traía al grupo a su escuela secundaria y, además, porque él era el padre de un amigo y compañero de colegio de la chica. En octubre de 2014, en el último tramo del recorrido de regreso, el conductor y la niña quedaron solos en el colectivo. El hombre comenzó por sexualizar la conversación, detuvo la marcha del micro, se sentó junto a ella y la sometió a tocamientos. Según relató la demandante, ella quedó “como paralizada” y cuando finalmente pudo gritar, el hombre le respondió “¿qué vas a hacer? ¿me vas a pegar?”. Luego volvió al volante, condujo en silencio hasta la garita final del circuito y la niña pudo descender.

La madre hizo la denuncia penal y en 2016 el chofer fue condenado por el delito de “abuso sexual simple” a una pena de 6 meses de prisión en suspenso. Cuando la joven cumplió la mayoría de edad, inició personalmente la demanda civil para reclamar una indemnización por los daños y perjuicios.

Protección Integral a las Mujeres

Por tratarse de un caso bajo la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, el Juzgado Civil N° 3 de Roca dispuso, como primera medida, el beneficio de litigar en forma gratuita para la mujer.

La jueza enumeró en el fallo situaciones posteriores al hecho que dejaron a la niña sin la contención adecuada en la escuela, incluso como blanco de agresiones de algunos estudiantes, lo que agravó las secuelas del abuso. La sentencia indicó que la situación dejó en evidencia “la falta de aplicación concreta y de formación del grupo de estudiantes, docentes y autoridades en los contenidos y aplicación práctica” de la Ley de Educación Sexual Integral, que está vigente desde el año 2006.

Para la jueza, la violencia fue “convalidada, normalizada y tolerada”, además de la institución, también por empresa de colectivos: “sus superiores dentro de la empresa de transporte le dijeron (al chofer) que se quede tranquilo; el cambio de recorrido fue para él la única consecuencia dentro del ámbito empresarial”. “La empresa nada alegó en esta causa; no reparó ni ofreció reparar el daño”; mantuvo “silencio, igual silencio que al denunciarse los hechos y luego de ser condenado penalmente su dependiente”.

Por su parte la Provincia se defendió afirmando que “no es posible atribuir al Consejo Provincial de Educación las conductas en las que incurrió el chofer del colectivo en cuestión, pues no existe vínculo entre el organismo y él”. Agregó que “es un claro tercero por quien el Estado no debe responder”.

Contra ese criterio, la jueza sostuvo que “el sistema protectorio hacia infancias y adolescencias, como a la protección por violencias contra las mujeres, lleva a descartar de plano sus argumentos”. En este marco, afirmó que no medió ni reparación.

Sobre la responsabilidad directa del chofer la jueza señaló que operó en él “un estereotipo que debe visualizarse y eliminarse”, que “considera a la mujer como propiedad sexual del hombre”. “Debió respetar su cuerpo, su intimidad, integridad, su dignidad y no lo hizo. Avasalló sus derechos”, concluyó.

Judiciales

Investigación por femicidio de Casmuz: Se realizó el sorteo del que saldrán los 12 integrantes del jurado popular

Tendrán que determinar la responsabilidad de Gregorio Antonio Colicheo, actualmente detenido por otro crimen, el de Javier Videla.

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La Oficina Judicial Penal de Roca sorteó esta mañana (08/08) a las 90 personas que serán convocadas como potenciales integrantes del jurado popular que intervendrá en el juicio caratulado como femicidio de Claudia Alejandra Casmuz, cuyo cadáver fue encontrado el 4 de marzo de 2021 en el campo “La Perseverancia”, en cercanías de Casa de Piedra.

Las 45 mujeres y los 45 hombres sorteados hoy están radicados en localidades de la Segunda Circunscripción Judicial, que comprende General Roca, Villa Regina, Choele Choel, Río Colorado, Allen, Cervantes, Chichinales, Chimpay, Pomona, Belisle, Luis Beltrán, Darwin, El Cuy, Gral. E. Godoy, Mainqué, Ingeniero Huergo, Lamarque, Los Menucos, Cerro Policía, Maquinchao y Sierra Colorada.

De esas 90 personas saldrá el jurado imparcial de 12 integrantes que tendrá a su cargo el veredicto. De acuerdo con la programación definida por la Oficina Judicial, las audiencias del juicio se desarrollarán desde el 13 hasta el 20 de septiembre, incluyendo el fin de semana de los días 17 y 18 de ese mes, en el Auditorio de la Ciudad Judicial de Roca.

En tanto que el 12 de septiembre, las 90 personas sorteadas hoy serán llamadas a la audiencia de selección de jurados, de la que surgirán las 12 personas que integrarán el tribunal popular en carácter de titulares y las cuatro personas que serán suplentes.

El juez profesional que tendrá la responsabilidad de dirigir el juicio por jurados será Emilio Stadler. La defensa del imputado, Gregorio Antonio Colicheo -actualmente detenido-, será ejercida por un equipo de la Defensa Pública a cargo de Juan Pablo Piombo, en tanto que la acusación será sostenida por un equipo del Ministerio Público Fiscal encabezado por el fiscal jefe Andrés Nelli. En representación de la familia de la víctima, constituida en parte querellante, intervendrán los abogados Marcelo Hertzriken Velasco y Joaquín Hertzriken Catena.

Notificaciones seguras

A partir de hoy la Oficina Judicial Penal comenzará a notificar personalmente a las 90 personas sorteadas. El organismo estableció un sistema de comunicaciones seguras, con personal debidamente identificado, y cuenta con un equipo de trabajo especializado para evacuar todo tipo de consultas que puedan tener las personas convocadas.

Las personas recibirán una comunicación telefónica y/o por correo electrónico, en la que recibirán toda la información pertinente.

La Oficina Judicial enfatizó, además, que de ninguna manera se les solicitará información relacionada con números de cuentas bancarias, CBU, alias o claves electrónicas de servicios bancarios.

Cualquier consulta puede realizarse al mail [email protected] o al teléfono (0298) 4292050 internos 583 o 561 (Oficina de Juicio por Jurados de Roca) y 550 o 535 (Mesa de Entradas de la Oficina Judicial Penal de Roca).

Padrón electoral

En abril de 2021 el Tribunal Electoral de Río Negro realizó el sorteo inicial de ciudadanas y ciudadanos que podrían ser convocados a integrar los Jurados Populares de los juicios que se realicen con esa modalidad en 2022 y 2023. En aquella ocasión fueron sorteadas del padrón electoral un total de 2.300 personas de toda la provincia.

Para la Segunda Circunscripción se sortearon 400 mujeres y 400 hombres. Esos listados fueron luego depurados por la Oficina Judicial de Roca, que eliminó de las listas a todas las personas que presentan incompatibilidades legales para integrar un jurado. El listado depurado dejó 202 mujeres y 175 hombres con domicilio en la Circunscripción en condiciones de ser llamados a integrar un jurado. De esas dos nóminas salieron hoy las 45 personas del padrón masculino y las 45 del padrón femenino que serán llamadas a la audiencia de selección del 12 de septiembre.

El sorteo se realizó mediante una aplicación informática, bajo el control de la Fiscalía, la Defensa y la parte querellante, y que quedó videograbado en el legajo. Estuvo a cargo del Director y la Subdirectora de la Oficina Judicial Penal de Roca, Juan Manuel Tartaglia y Claudia Lemunao.

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Judiciales

Prisión preventiva para los tres hombres que robaron y luego chocaron en Allen

En el siniestro falleció otro joven, de tan sólo 18 años.

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Foto: Gentileza AM 740 La Carretera.

Este mediodía (05/08) el Ministerio Público Fiscal formuló cargos a tres hombres por el hecho ocurrido ayer (04/08) a la mañana en la localidad de Allen y solicitó el plazo de 4 meses de prisión preventiva.

Según la acusación fiscal, “sucedió a las 6 de la mañana en un domicilio ubicado en calle Corrientes al 300 cuando cuatro sujetos habrían ingresado sin autorización expresa o presunta a la vivienda por la parte trasera. Allí se habrían apoderado de diversos elementos, y se llevaron una Volkswagen Suran que pertenecía a los dueños de la casa”, expresó la fiscal adjunta de Allen.

“Luego y a raíz de una mala maniobra impactaron contra un postre y a raíz de ello falleció uno de los hombres, Joaquin Andres Rivas. Mientras que los demás consortes de causa se dieron a la fuga siendo aprehendidos horas después en el hospital de Cipolletti, atento a que fueron allí para ser atendidos por los golpes sufridos en dicho siniestro”, explicó el Ministerio Público Fiscal.

La calificación legal propuesta es la de “hurto calificado por el uso de llave verdadera sustraida, hurto simple y violacion de domicilio todo en concurso real” a título de co autores, de conformidad con los arts. 45, 55, 163 INC.3, 162 Y 150 del Código Penal.

Se mencionaron como sustento probatorio para esta instancia los elementos que forman parte de los secuestros del legajo fiscal, la denuncia penal de quien sufrió el hecho, la intervención del Área de Investigaciones Judicial de la policía, el del Gabinete de Criminalística, testimonios, entre otros. Quedando pendientes otras medidas, como la realización de la autopsia.

La Fiscalía, basándose en el peligro procesal de fuga solicitó la prisión preventiva por el plazo de 4 meses, mientras que el defensor penal público que asiste a los hombres propuso medidas alternativas a ello. La jueza de Garantías resolvió teniendo presente lo mencionado por el Ministerio Público Fiscal tener por formulados los cargos y establecer el plazo de la medida cautelar de preventiva por 4 meses.

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Judiciales

Caso Videla: Desde la cárcel, Colicheo amenaza a amigos de la víctima a través de las redes sociales

La Justicia ordenó restricciones al uso de celular, sobre todo teniendo en cuenta que se aproxima el juicio por el femicidio de Casmuz, el cual se realizará mediante jurados populares.

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Este mediodía (05/08) el equipo fiscal a raíz de una denuncia presentada solicitó al juez interviniente que se limite el uso del celular al imputado por el femicidio de Claudia Casmuz. Se trata de Antonio Colicheo, condenado a 24 años de prisión por la muerte de Javier Videla.

El Ministerio Público Fiscal fundamentó su pedido en que “el martes pasado se tomó conocimiento que una persona allegada a Videla realizó una publicación de acceso público en la red social Facebook, que fue compartido y comentado por varias personas. Entre ellas uno escribió que a quien se hacía referencia, el actual condenado a 24 años de prisión por la muerte del empleado judicial, estaba amenazando a vecinos a través del uso de redes sociales a las que tendría acceso por un celular desde el establecimiento penal”, describió la fiscal del caso.

“De esta manera consideramos que podría amedrentar a los posibles futuros jurados populares del juicio que concretaremos en breve, como también a los testigos que formarán parte del mismo. Por eso es que solicitamos restringir el acceso del imputado a través de la red wifi y/o de datos móviles a través de su celular u otros dispositivos, a partir del dia de la fecha y hasta que termine el juicio”, dijeron los representantes fiscales.

“Buscamos con esto proteger a los posibles futuros jurados populares y a los testigos”, subrayaron.

El defensor penal público por su parte solicitó que se rechace el pedido, que se podía lograr el mismo objetivo pero fijando pautas claras y concretas respecto del uso de las redes sociales”.

Luego de escuchar a las partes, el juez resolvió que el hombre “no debe ponerse en contacto con testigos que ya se han expuesto en el control de acusación concretado, debe abstenerse de hacer comentarios en redes sociales que puedan ser señalamientos y amenazas veladas que puedan afectar la libre intervención de los posibles futuros testigos y potenciales jurados. Se abstenga de hacer posteos públicos, y debe limitar su actividad dirigiéndose únicamente a sus familiares y allegados. Todo esto bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia y procederse a la incautación del dispositivo”.

Además aclaró que en este momento del proceso no se debe ver “afectada la comunicación con su defensor penal y sus familiares en este contexto”.

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