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Judiciales

Último momento: Cuatro meses de prisión en suspenso para el joven que mató de una patada al perro Byron

Además, la Justicia le impuso dos años de reglas de conducta.

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Aplicando la Ley Nacional N°14.346 y reconociendo al perro Byron como un sujeto no humano de derechos y como una víctima de un acto de crueldad, un juez penal de Roca impuso la pena de cuatro meses de prisión en suspenso y dos años de reglas de conducta al joven que mató al can de una patada, en la zona céntrica de Roca.

Este tipo de situaciones históricamente no eran materia de intervención para el sistema judicial en general y para el sistema penal en particular. Pero desde hace algunos años el Poder Judicial de Río Negro viene adecuando sus procesos, perspectivas y abordajes para tutelar los derechos de los animales, a tono con un nuevo paradigma que se refleja en la Declaración Universal de los Derechos del Animal, a la que adhirió la provincia por una ley especial.

“Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, como lo son los derechos del hombre”, dice esa Declaración. También señala que “el desconocimiento y desprecio” de esos derechos “han conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y contra los animales”.

En sintonía, la Procuración General del Poder Judicial ha instruido a los y las fiscales de la provincia a impulsar la investigación, el efectivo juzgamiento y la imposición de condenas penales por los delitos cometidos contra los animales. La aplicación de penas en este tipo de casos “debe analizarse en miras a obtener sanciones ejemplificadoras y socioeducativas que permitan no sólo mantener la vigencia y respeto por las normas penales sino, fundamentalmente, el respeto de vivir en armonía y equilibrio con los demás seres vivientes”, dice la Instrucción General N° 04/20.

El caso

En el caso de Byron, la defensa pública había solicitado para el imputado la aplicación de la pena mínima, que es de 15 días de prisión en suspenso. El juez Maximiliano Camarda no hizo lugar al pedido y afirmó: “el contenido de antijuridicidad material de lo desmedido, violento y dañino de su accionar es lo que me lleva a apartarme del mínimo legal solicitado por la defensa del imputado”.

El juez, por otra parte, tampoco valoró como suficientes los fundamentos de la fiscalía para solicitar una pena de siete meses de prisión en suspenso ni de la parte querellante para requerir la pena máxima legal de un año de prisión y que, además, la misma sea de cumplimiento efectivo.

“Teniendo presente los principios de culpabilidad y proporcionalidad de la pena, como así también el fin resocializador de la misma, entiendo ajustado a los hechos y al derecho imponer al imputado la pena de cuatro meses de prisión de ejecución condicional y costas del proceso”, definió el fallo.

En el juicio se acreditó que Byron, un perro de raza Terranova que era negro y de gran tamaño, falleció a causa de un desgarro en el hígado provocado por una patada que le dio el imputado -un joven de 20 años- la noche del 21 de septiembre de 2020 en la zona céntrica de Roca.

De acuerdo con la reconstrucción del episodio, el imputado caminaba con su novia y una amiga por la plaza de calle Mitre casi Avenida Roca. Una de las jóvenes llevaba con una correa a su cachorro de pequeño porte cuando Byron, que había escapado de su casa ubicada a aproximadamente 8 cuadras del lugar, se les apareció “desde atrás”.

Judiciales

Prisión preventiva para los tres hombres que robaron y luego chocaron en Allen

En el siniestro falleció otro joven, de tan sólo 18 años.

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Foto: Gentileza AM 740 La Carretera.

Este mediodía (05/08) el Ministerio Público Fiscal formuló cargos a tres hombres por el hecho ocurrido ayer (04/08) a la mañana en la localidad de Allen y solicitó el plazo de 4 meses de prisión preventiva.

Según la acusación fiscal, “sucedió a las 6 de la mañana en un domicilio ubicado en calle Corrientes al 300 cuando cuatro sujetos habrían ingresado sin autorización expresa o presunta a la vivienda por la parte trasera. Allí se habrían apoderado de diversos elementos, y se llevaron una Volkswagen Suran que pertenecía a los dueños de la casa”, expresó la fiscal adjunta de Allen.

“Luego y a raíz de una mala maniobra impactaron contra un postre y a raíz de ello falleció uno de los hombres, Joaquin Andres Rivas. Mientras que los demás consortes de causa se dieron a la fuga siendo aprehendidos horas después en el hospital de Cipolletti, atento a que fueron allí para ser atendidos por los golpes sufridos en dicho siniestro”, explicó el Ministerio Público Fiscal.

La calificación legal propuesta es la de “hurto calificado por el uso de llave verdadera sustraida, hurto simple y violacion de domicilio todo en concurso real” a título de co autores, de conformidad con los arts. 45, 55, 163 INC.3, 162 Y 150 del Código Penal.

Se mencionaron como sustento probatorio para esta instancia los elementos que forman parte de los secuestros del legajo fiscal, la denuncia penal de quien sufrió el hecho, la intervención del Área de Investigaciones Judicial de la policía, el del Gabinete de Criminalística, testimonios, entre otros. Quedando pendientes otras medidas, como la realización de la autopsia.

La Fiscalía, basándose en el peligro procesal de fuga solicitó la prisión preventiva por el plazo de 4 meses, mientras que el defensor penal público que asiste a los hombres propuso medidas alternativas a ello. La jueza de Garantías resolvió teniendo presente lo mencionado por el Ministerio Público Fiscal tener por formulados los cargos y establecer el plazo de la medida cautelar de preventiva por 4 meses.

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Judiciales

Caso Videla: Desde la cárcel, Colicheo amenaza a amigos de la víctima a través de las redes sociales

La Justicia ordenó restricciones al uso de celular, sobre todo teniendo en cuenta que se aproxima el juicio por el femicidio de Casmuz, el cual se realizará mediante jurados populares.

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Este mediodía (05/08) el equipo fiscal a raíz de una denuncia presentada solicitó al juez interviniente que se limite el uso del celular al imputado por el femicidio de Claudia Casmuz. Se trata de Antonio Colicheo, condenado a 24 años de prisión por la muerte de Javier Videla.

El Ministerio Público Fiscal fundamentó su pedido en que “el martes pasado se tomó conocimiento que una persona allegada a Videla realizó una publicación de acceso público en la red social Facebook, que fue compartido y comentado por varias personas. Entre ellas uno escribió que a quien se hacía referencia, el actual condenado a 24 años de prisión por la muerte del empleado judicial, estaba amenazando a vecinos a través del uso de redes sociales a las que tendría acceso por un celular desde el establecimiento penal”, describió la fiscal del caso.

“De esta manera consideramos que podría amedrentar a los posibles futuros jurados populares del juicio que concretaremos en breve, como también a los testigos que formarán parte del mismo. Por eso es que solicitamos restringir el acceso del imputado a través de la red wifi y/o de datos móviles a través de su celular u otros dispositivos, a partir del dia de la fecha y hasta que termine el juicio”, dijeron los representantes fiscales.

“Buscamos con esto proteger a los posibles futuros jurados populares y a los testigos”, subrayaron.

El defensor penal público por su parte solicitó que se rechace el pedido, que se podía lograr el mismo objetivo pero fijando pautas claras y concretas respecto del uso de las redes sociales”.

Luego de escuchar a las partes, el juez resolvió que el hombre “no debe ponerse en contacto con testigos que ya se han expuesto en el control de acusación concretado, debe abstenerse de hacer comentarios en redes sociales que puedan ser señalamientos y amenazas veladas que puedan afectar la libre intervención de los posibles futuros testigos y potenciales jurados. Se abstenga de hacer posteos públicos, y debe limitar su actividad dirigiéndose únicamente a sus familiares y allegados. Todo esto bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia y procederse a la incautación del dispositivo”.

Además aclaró que en este momento del proceso no se debe ver “afectada la comunicación con su defensor penal y sus familiares en este contexto”.

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Gremios

SITRAJUR hizo sentir sus reclamos en toda la provincia

El gremio de los trabajadores judiciales llevaron adelante dos jornadas de retención de servicios durante tres horas.

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En el marco de las distintas acciones de protesta llevadas a cabo, el Sindicato de Trabajadores y trabajadoras Judiciales de Río Negro (SITRAJUR) realizó el pasado miércoles y jueves una retención de servicios con movilización interna en varias ciudades como Roca, Cipolletti y Viedma.

Dentro de la Ciudad Judicial de Roca, los afiliados al gremio llevaron adelante una recorrida por todos los organismos dentro del edificio judicial con pegatina de afiches, carteles y batucada. La convocatoria fue durante tres horas, de 10.30 a 13.30, horario que previamente se había fijado para la retención de servicios, con modalidad de retiro de los puestos de trabajo. Asimismo, en el acceso al edificio se realizó una choripaneada. La medida contó con gran adhesión de los empleados judiciales.

Entre los reclamos, se destaca la exigencia de un salario acorde al proceso inflacionario que incluya al mes de julio, la redistribución de la masa salarial en favor de los trabajadores, concursos para todas las categorías escalafonarias, ampliación de los escalafones de Servicios Generales, régimen disciplinario democrático, eliminación de las evaluaciones subjetivas de los períodos de prueba y reincorporación inmediata de la trabajadora Pamela Fuentes.

Por otro lado, también se llevaron a cabo diversas acciones en Viedma en donde se acompañó junto a otras organizaciones sindicales y sociales, al trabajador Hugo Aranea «quien está sometido a proceso injustamente», indicaron desde SITRAJUR en un comunicado de prensa. En este sentido, informaron que se les impidió el ingreso a la Ciudad Judicial, pero eso no fue obstáculo para la masividad de la protesta.

Finalmente, en Cipolletti se realizaron movilizaciones en todos los edificios judiciales, consistentes en concentración en los accesos a los mismos y movilización con batucada, las cuales contaron con una destacada participación y acompañamiento masivo de los judiciales quienes se hicieron sentir fuertemente.

Posteriormente, representantes de la conducción central del sindicato, entre ellos el secretario general Emiliano Sanhueza, Ignacio Mellado -secretario de Condiciones y Medio Ambiente-, Julio Rosales -secretario suplente de Asuntos Gremiales- y Cecilia Gutiérrez -secretaria de Prensa y Difusión-, presenciaron la reunión del Consejo de la Magistratura en la que se llevaron a cabo entrevistas a los postulantes a los concursos, entre ellos para la designación de Secretaría de la Unidad Contencioso Administrativa.

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