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Judiciales

Rechazan demanda de desalojo hasta que el Estado articule una solución habitacional adecuada

Una mujer y sus cuatro hijos, dos de ellos con discapacidad, fueron denunciados por su propio abuelo para que dejen la propiedad en la que residen.

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Fallo por “solución habitacional” para , ante el intento de desalojo que impulsó su ex suegro

Una sentencia rechazó la demanda de desalojo de un hombre de Villa Regina, quien pretendía recuperar la posesión de la casa donde actualmente habitan su ex nuera y los cuatro hijos de la mujer, tres de los cuales son nietos del demandante y dos de los cuales presentan una grave discapacidad.

El fallo de la Cámara Civil de Apelaciones de Roca desarrolló ampliamente los derechos de la niñez, de las personas con discapacidad y la aplicación de la perspectiva de género como mandato de las normas internacionales de Derechos Humanos a los jueces y las juezas. El Tribunal decidió que la mujer y sus hijos podrán permanecer en la vivienda hasta tanto el Estado Provincial y Municipal articulen una solución habitacional adecuada para el grupo familiar o bien para el abuelo de los niños y su pareja, reconociendo que el hombre es propietario de la mitad de la casa. La otra mitad pertenece a su hijo, el padre de tres de los niños que se verían gravemente afectados por el desalojo.

“La protección de la vivienda en favor de los hijos menores de edad traslada el centro de gravedad de la limitada cuestión que hace al proceso de desalojo, a lo asistencial y al interés superior” de la niñez, “desplazando aún el puro interés patrimonial”, afirmó la Cámara.

El Tribunal sostuvo que el abuelo “no puede ignorar” que en la casa habitan un niño con discapacidad, “quien por ende goza de una doble protección convencional y constitucional preferente”, junto con un hermano y una hermana adolescentes -los tres hijos de su hijo-, más un hermano mayor, quien también tiene una discapacidad. Son todos “sujetos vulnerables de preferente tutela”, dijo la Cámara.

La sentencia dedicó especial atención al rol que asumió el padre de los tres niños en el proceso judicial y concluyó que la mujer está siendo blanco de violencia de género en el marco de un conflicto intrafamiliar. El hombre -pese a ser un testigo excluido- declaró que no tenía interés en el resultado del proceso y pretendió desconocer ser el dueño de la mitad de la casa en la que viven sus hijos.

“Un progenitor que presuntamente aporta para tres hijos menores como prestación alimentaria el 10% de sus posibles ingresos, ponderando que entre los tres existe uno de ellos con una grave discapacidad, que no ejerce el cuidado personal de aquellos en forma compartida con la madre, que no aporta a ningún otro gasto ordinario ni extraordinario y mucho menos los cuantiosos gastos de salud de su hijo, declara en forma despreocupada que no le incumbe ni lo afecta que se pudiera ordenar aquí el desalojo de ellos de la vivienda que habitan, luego de reconocer que no puede aportarles” tampoco una solución habitacional. “Su mendacidad y la intención de perjudicar a su expareja y madre de sus hijos, desentendiéndose de su suerte, es evidente”, dijo la Cámara.

Para los jueces, la violencia “es manifiesta” porque el hombre además negó que existiera una verdadera necesidad habitacional del grupo familiar, afirmando que la abuela materna de sus hijos posee un departamento donde ellos y la madre podrían vivir, omitiendo considerar que se trata de “un segundo piso en un monoblock, sin ascensor ni rampa para discapacitados”.

El fallo de la Cámara reconoció, igualmente, el derecho de co-propiedad del abuelo sobre la casa y destacó que se trata de un adulto mayor, por lo que tomó una decisión que “intenta armonizar los diversos intereses”.

En ese marco, el Tribunal resolvió rechazar la demanda de desalojo y “exhortar o solicitar a las autoridades administrativas en sus diversos estamentos (Provincial y Municipal) a aportar en el caso, con carácter de urgente -en atención a la minoridad y el estado de salud de los hijos de la accionada y nietos del actor- una solución habitacional sea para el grupo familiar de ella y sus cuatro hijos o bien para el actor y su pareja”.

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Le dijo a su cocinera «Andate, no me servís más»: tendrá que pagar indemnización y multa

La cifra incluye las diferencias salariales adeudadas, proporcionales de aguinaldo y de vacaciones, la integración del mes de despido, una suma por falta de preaviso y otra por la antigüedad.

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Una mujer que se desempeñaba en una confitería de Cipolletti promovió un juicio por todas las irregularidades del vínculo laboral. El día que la despidieron le dijeron: “Andate, no me servís más” y no le pagaron lo que correspondía. La sentencia no solo le dio la razón a la cocinera sino que notificó a los organismos de control al advertir trabajo no registrado.

El caso tramitó ante la Cámara Laboral de Cipolletti pero la parte demandada nunca se presentó al juicio ni a la instancia de conciliación. La mujer probó que trabajó en la confitería por más de tres años. Sus tareas eran la de cocinera y bachera. El local funciona en el centro de Cipolletti bajo la denominación de Galo Gastronomía S.R.L.

El día que la despidieron le pagaron una indemnización menor a la que le correspondía por ley y en tres cuotas. La cocinera y sus compañeros de tareas trabajaban en la informalidad, es decir que no estaban debidamente registrados.

La Cámara Laboral fijó una indemnización por la suma de $661.756,11 más intereses. La cifra incluye las diferencias salariales adeudadas, proporcionales de aguinaldo y de vacaciones, la integración del mes de despido, una suma por falta de preaviso y otra por la antigüedad. Además le aplicaron a la empleadora tres multas por empleo no registrado y por no abonar la indemnización en tiempo y forma. Una de las multas dispone el incremento del cincuenta por ciento calculado sobre las indemnizaciones.

Durante el juicio, se presentaron a declarar dos compañeros de trabajo de la mujer. Ambos acreditaron las circunstancias del despido y afirmaron que ellos tampoco estaban debidamente registrados.

El fallo consideró que, como se advirtió empleo no registrado, la sentencia debía ser notificada a los organismos de control: AFIP, Agencia de Recaudación Tributaria, Secretaría de Estado de Trabajo y Sindicato de Gastronómicos en su sede local “toda vez que dicho comercio continúa en funcionamiento, en el mismo rubro”.

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Habrá salas de lactancia en los principales edificios judiciales de la provincia

Los espacios están destinados “al personal judicial que alimente a hijos e hijas de hasta dos años de edad”.

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El Superior Tribunal de Justicia ordenó, mediante una Acordada, la instalación de salas de lactancia en los edificios judiciales de Roca, Cipolletti, Villa Regina y Bariloche, replicando la positiva experiencia de la que funciona en el complejo judicial de Viedma desde hace poco más de un año. Esos espacios están destinados “al personal judicial que alimente a hijos e hijas de hasta dos años de edad”.

La decisión del STJ se basa en la Ley Nacional N° 26.873, que dispone la promoción y la generación de conciencia pública sobre la importancia de la lactancia y de las practicas óptimas de nutrición segura para lactantes. Esa misma ley promueve la creación de centros de lactancia, estrategias que promuevan la práctica de la lactancia y “el establecimiento de lactarios en los lugares de trabajo”.

“Este Superior Tribunal de Justicia ha incorporado la perspectiva de Derechos Humanos y Género como política pública institucional y transversal”, dice la Acordada. Por eso, la Oficina de Derechos Humanos y Género ha impulsado el cumplimiento gradual de la creación de los centros de lactancia en el Poder Judicial.

La primera experiencia fue la sala de lactancia de Viedma, que funciona desde el 31 de agosto de 2021. Desde su implementación, la necesidad de ese espacio y su utilización concreta quedaron rápidamente a la vista. Funciona dentro de las instalaciones de la Oficina de Derechos Humanos y Género y cuenta con la privacidad y los elementos necesarios para la comodidad de la dupla durante la lactancia.

La Acordada asignó al área de Arquitectura Judicial el diseño de un plan de implementación progresiva de las salas, que funcionarán en Cipolletti, en el edificio ubicado en la esquina de las calles Roca y Sarmiento y en el futuro Complejo Judicial de esa ciudad; en la Ciudad de Roca; en el edificio judicial de calle O’Connor 20 de Bariloche y en el futuro Complejo Judicial de esa ciudad, y en el Complejo Judicial de Villa Regina.

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Llamaba al trabajo de su ex para denigrarla: La Justicia determinó que esa conducta también es violencia de género

El sujeto anteriormente había publicado en un medio de comunicación circunstancias de su vida personal.

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Una medida cautelar del fuero de Familia de Cipolletti dispuso la prohibición de acercamiento de un hombre a la madre de sus hijas. Se probó en el proceso que él llamó al área de Recursos Humanos de la empresa donde trabaja la mujer para hablar mal de ella. Anteriormente había publicado en un medio de comunicación circunstancias de su vida personal. Desde el Juzgado se hizo un serio llamado de atención al demandado.

En un contexto de conflicto familiar permanente, la mujer denunció en el Juzgado de Familia que su ex había llamado a la empresa en la que ella trabaja. En esa comunicación hizo referencias a su vida personal y cuestionó su rol como madre.

En su descargo, el denunciado admitió el llamado telefónico, pero dijo que pretendía conseguir autorización para que la mujer asistiera a una mediación. Cuestionó que con los “dichos y expresiones falaces” de la denunciante se adoptara una medida cautelar como la prohibición de acercamiento.

El Juzgado de Familia no estuvo de acuerdo con el planteo de la defensa. Consideró que no se requieren pruebas materiales para hacer una denuncia de violencia de género porque tal situación “llevaría al extremo de delimitar la violencia a cuestiones físicas, probándolos con un certificado médico, cuando se sabe que los hechos de violencia no son solo físicos sino también psicológico, económico, moral y tantos otros modos de violencia que la ley incluso no los enumera de manera taxativa”. En esos mismos términos se había expresado la abogada que representa a la víctima.

La resolución también tuvo en cuenta que los llamados al área de Recursos Humanos ponían en riesgo la fuente laboral de la mujer, quien además es el único sustento de sus hijas puesto que el padre no paga la cuota alimentaria.

En el fuero de Familia se concluyó que la conducta del hombre denunciado configura un claro acto de hostigamiento hacia la mujer. Se observó además que la víctima viene sufriendo y padeciendo violencia psicológica desde hace años, sobre todo con la publicación que el hombre protagonizó en un medio local en el que denigraba a la madre de sus hijas.

Con esos argumentos, la conducta del denunciado fue considerada como un acto de violencia de género y por ello se justificó la medida cautelar de prohibición de acercamiento. Además, desde el juzgado se hizo un serio llamado de atención respecto del modo en el que el hombre había ejercido su defensa. Y pidió que el caso se abordara sin afirmaciones “improponibles por vejatorias, retrógradas, temerarias y alejadas totalmente de una necesaria mirada de género”.

¿Qué dice la ley provincial sobre violencia de género?

La Ley N° 4241 de Protección Integral contra la Violencia en el Ámbito de las Relaciones Familiares otorga un amplio margen al momento de adoptar las medidas de protección en beneficio de las víctimas.

Se parte de la base de la “verosimilitud de la denuncia” y, como persigue la prevención, se pueden adoptar medidas urgentes incluso ante la mera sospecha de la existencia de violencia, sin necesidad de intervención de la parte denunciada.

El procedimiento está instrumentado como un proceso urgente en el que se prioriza el principio de celeridad por sobre el principio de bilateralidad y genera un contexto de protección para luego poder avanzar en el expediente hacia un análisis más profundo de la problemática planteada.

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