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Cómo el tele era usado ofrecieron pagarle solo un parte del arreglo: Un fallo de la Justicia favorece al cliente

EdERSA deberá abonarle al vecino de Paso Córdoba, medio millón de pesos más intereses.

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El Superior Tribunal de Justicia confirmó una sentencia que obliga a la empresa concesionaria del servicio de energía eléctrica a reponer un televisor a un usuario, y a la vez pagar un resarcimiento de $500.000 más intereses. EdERSA dijo que el cliente quería «enriquecerse» porque tenía un televisor usado y pretendía uno nuevo. Ofreció entonces pagar solo un porcentaje, aún después de una resolución del EPRE. Los fallos tuvieron en cuenta los padecimientos del consumidor para fijar la indemnización.

El cliente vive en Paso Córdoba. Un fuerte golpe de tensión le provocó la destrucción de su televisor de 40 pulgadas. Reclamó ante EdERSA, pero le rechazaron el pedido. Hizo lo propio en EPRE, que dispuso la reparación, pero la empresa se negó a pagar.

Televisor nuevo o usado

Se intentó sin éxito una vía de mediación, por lo que el cliente inició una demanda penal. En el expediente, EdERSA explicó el inconveniente técnico. Aseguró que el EPRE la obligó «a la reposición del artefacto por uno de idénticas o similares condiciones de calidad y antigüedad».

Argumentó que como el presupuesto que trajo el usuario era de un televisor nuevo y de mejor calidad, ofreció pagar el 80%. Para EdERSA, «surge claro el propósito de enriquecerse del Sr. a costa de su mandante por cuanto pretende obtener un rédito a su favor del daño que sufrió su artefacto». El consumidor dijo que para cuando se emitió el cheque, representaba solo la mitad del valor.

Tras un fallo de primera y de segunda instancia, se confirmó el daño moral y se fijó un daño punitivo de $500.000. La empresa apeló al STJ porque dijo que la cifra excede largamente la suma reclamada de $50.000.

Por su parte, el cliente afirmó que en el caso no existe «un mero incumplimiento», sino más bien un «deliberado y antojadizo incumplimiento», ya que «la empresa nunca cumplió con lo que le fue ordenado, pues el EPRE ordenó la reparación o reposición a valores vigentes, con más sus intereses; no a los valores antojadizos de la demandada».

El fallo del STJ

El máximo Tribunal recordó que la Cámara al confirmar dicha sentencia tuvo en cuenta «el ofrecimiento de retribuciones parciales insuficientes», que «la conducta posterior de EdERSA -luego de haber recaído resolución ante el EPRE- refuerza el reproche hacia su conducta y todo encuadra como «conducta objetivamente descalificable desde el punto de vista social», disvaliosa por la indiferencia hacia la persona próxima, desidia o abuso de una posición de privilegio» y que «la prestadora monopólica del servicio de electricidad en la zona prefiere seguir pagando tal tipo de condenas pues obtiene mayores beneficios demorando el pago de las indemnizaciones a las que está obligada por la deficiente prestación de sus servicios».

Destacó que la empresa no brindó una solución adecuada ni con la resolución del EPRE. Entonces, hay «falta de voluntad de solucionar debidamente el daño ocasionado al actor y, por el contrario, persiste en esta instancia en cuestionar que ya habían sido decididas en sede administrativa».

En cuanto a la apelación por el daño moral, el STJ dice que tampoco puede prosperar: este rubro «se caracteriza por los padecimientos de quienes lo sufren y surge de los hechos mismos. Esto es, consiste en el desmedro o desconsideración que el daño pueda causar en la persona agraviada o los padecimientos físicos, la pena moral, las inquietudes o cualquier otra molestia que pueda ser consecuencia del hecho perjudicial».

Recordó que «la Jueza de Primera Instancia ha tenido por configuradas las lesiones de índole espiritual del actor en base a extremos que no han sido desvirtuados por la demandada, tales como: dignidad, destrato, afectación al derecho de propiedad, incertidumbre, de falta de seguridad, de confianza, de respuestas concretas y adecuadas, de angustias, molestias que le han generado la multiplicidad de reclamos en todos los órdenes».

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Gendarmería rescató otra víctima de trata de personas

El operativo comenzó el martes luego de una denuncia que fue abordada por el Juzgado Federal de Roca.

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El personal de Gendarmería Nacional rescató otra víctima de trata de personas. Se trata de un hombre de entre unos 40 años que era sometido a explotación laboral.

Según informó la Agencia de Noticias Roca (ANR) fue otra denuncia por trata de persona la que puso en marcha el operativo. El martes (04/10), cerca del mediodía, el personal de Gendarmería inició el allanamiento en la localidad de Cervantes.

Allí, el resultado fue positivo, ya que rescataron a un hombre que se encontraba sometido a una situación de explotación laboral.

Cabe recordar que el lunes se llevaron a cabo tres allanamientos: uno en Fernández Oro y dos en Neuquén capital. En estas circunstancias rescataron a dos mujeres oriundas de Río Negro, quienes también se encontraban trabajando bajo condición de trata de persona.

Estos fueron en una asociación benéfica conocida como REMAR, que se desempeña como un centro de rehabilitación de adicciones. En esta causa hubo dos personas detenidas, un hombre y una mujer.

La noticia sorprendió ya que la asociación constantemente realiza campañas de recolección de fondos, además de pedir colaboraciones puerta a puerta o en las calles. Venden desde condimentos hasta bolsas de residuos con las personas que están en rehabilitación en dicho centro.

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Judiciales

Desobedeció la prohibición de acercamiento: Tendrá que hacer un curso de masculinidad

El sujeto incumplió la Ley y le cruzó el camión a su ex pareja y le recriminó que no le permitía visitar a sus hijos.

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Un hombre de profesión camionero fue condenado por desobedecer una prohibición de acercamiento en perjuicio de su ex pareja y de sus hijos. Estaba acusado en el Fuero de Familia por ejercer actos de violencia de género y en ese contexto no respetó la perimetral. Por falta de antecedentes recibió una pena en suspenso pero deberá realizar un curso de masculinidades ante el Municipio de su ciudad.

En el legajo del Fuero Penal se probó que el día del episodio observó a su ex pareja en la calle. En esas circunstancias, le cruzó el camión a la mujer y le recriminó que no le permitía visitar a sus hijos. La prohibición de acercamiento había sido dispuesta por el juez de Paz local y ratificada por una jueza de Familia de Cipolletti. La medida le impedía acercarse a su ex pareja y a sus hijos a menos de 500 metros por hechos de violencia de género. Ocurrió en una localidad del Alto Valle aunque la ciudad no se consigna aquí para evitar la identificación del grupo familiar.

En el juicio penal, la Fiscalía acusó al hombre por el delito de desobediencia a una orden judicial, en contexto de violencia de género. Como el imputado no tenía antecedentes, las partes acordaron una pena de tres meses de prisión de ejecución condicional. Pero entre las pautas de conducta se estableció que el condenado deberá someterse a un examen tendiente a determinar si es necesario un tratamiento psicológico para el control de impulsos y en su caso completarlo. También tendrá que cumplir con un curso de masculinidad por intermedio del municipio de su ciudad. Se renovó, además, la prohibición de acercamiento en un radio de 500 metros. El incumplimiento de cualquiera de esas pautas tendrá como consecuencia la revocación de la condicionalidad de la pena, que devendrá en cumplimiento de cárcel efectiva.

La violencia de género en números

En lo que va del año los Juzgados y Unidades Procesales de Familia de la provincia de Río Negro recibieron 9.153 nuevas causas y el 58% de esos ingresos (5.352 expedientes) corresponden a violencia familiar y de género. Entre los procesos más frecuentes, le siguen los divorcios y los reclamos por prestación alimentaria.

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Incrementan multa por ignorar los reclamos de una cliente

La clienta percibirá más de 230.000 pesos.

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Una mujer de Cipolletti que compró una notebook con fallas de fábrica consiguió un incremento en el monto de la indemnización. Después de presentar la demanda, obtuvo un fallo favorable aunque apeló los montos. Ahora, una nueva decisión aumentó el alcance de la multa civil.

La clienta adquirió en Fravega una computadora marca Acer, Modelo E5-573-3268 I3. En ese momento también abonó una extensión de la garantía original. Es decir, en total se llevó la notebook con dos años de garantía, uno por la fábrica y el otro por la aseguradora Assurant.

La computadora presentó fallas luego de los primeros tres meses de uso. En consecuencia la mujer envió el aparato al servicio técnico oficial, que le hizo un recambio de teclado. Sin embargo, los problemas continuaron.

En esa instancia, nadie se hizo cargo de las reparaciones. El comercio adujo que su garantía estaba vencida con los primeros seis meses de uso y que los otros seis meses le correspondían a la fábrica. La compañía de seguros, en tanto, informó que su vigencia comenzaba recién luego del primer de año.

Por ello la clienta impulsó una demanda civil. El fallo de primera instancia concluyó que hubo una infracción al deber de información y trato digno de la Ley de Defensa del Consumidor. Y que la responsabilidad por los daños a la consumidora era de las codemandadas, tanto de la cadena de electrodomésticos como de la aseguradora contratada en el mismo local comercial.

El monto inicial de la indemnización fue fijado en la suma de $81.752 pero la clienta apeló. En la revisión, el tribunal aplicó intereses en el rubro daño material y también incrementó en $200.000 el daño punitivo, que es una multa civil. En total, la mujer percibirá $231.367,18.

En la segunda instancia, la Cámara Civil de Cipolletti consideró que la multa inicial no satisfacía las finalidades punitorias por el desaprensivo accionar desplegado y menos aún los objetivos “preventivos” tendientes a instar a las demandadas a no repetir comportamientos lesivos e incumplimientos obligacionales.

El efecto disuasivo, surge del fallo, pretende evitar que se instale como práctica la metodología de “ignorar” al cliente que reclama por defectos del producto, ni se especule sobre si el consumidor acudirá, o no, a las vías judiciales.

La actividad civil, en números

En lo que va del año, las cuatro Cámara Civiles de la provincia registraron 799 nuevos expedientes. El número se compone de 91 expedientes ingresados directamente a las Cámaras (competencia originaria) y de 708 causas de apelación.

Los procesos más frecuentes son los recursos de queja, las acciones de amparo, apelaciones, medidas cautelares y los trámites del fuero Contencioso Administrativo.

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