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Judiciales

Condenado a pagar más de 4 millones a su ex pareja por ejercer violencia de género física y psicológica

El fallo se centró en las lesiones graves que se juzgaron en el fuero penal, aunque el contexto de violencia generalizada permitió caracterizar la relación y sus antecedentes.

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Celos excesivos, descrédito constante, prohibiciones y cuestionamientos fueron algunas de las situaciones que padeció una joven del Alto Valle en sus más de cuatro años de relación con un hombre. Por los episodios de maltrato decidió separarse, pero luego retomó la convivencia y una madrugada su pareja la sometió a una feroz golpiza. Él fue condenado en un juicio penal, pero después ella reclamó los daños en un juicio civil. Ahora deberá indemnizarla por más de $4.000.000.

La sentencia civil es de primera instancia y aún no está firme porque puede ser apelada. El fallo se centró en las lesiones graves que se juzgaron en el fuero penal, aunque el contexto de violencia generalizada permitió caracterizar la relación y sus antecedentes.

Surge de la demanda que los más de cuatro años de relación estuvieron inmersos en la violencia psíquica y emocional. Que él le prohibía realizar ciertas actividades, que le cuestionaba su forma de vestir y que, además, llegó a influirla para que abandonara sus estudios. Así consiguió aislarla socialmente y logró que se mudara a un departamento con él.

Las pericias demostraron que la joven padece secuelas derivadas de la violencia, situación que se traduce en una incapacidad sobreviniente. Cambios significativos en su vida, baja autoestima e inseguridad fueron algunas de las características del cuadro postraumático.

Su terapeuta hizo referencia también a la afectación de la autoestima de la paciente, al hostigamiento constante y a las situaciones de violencia psicológica que estaba viviendo con su pareja. Habló de ataques de pánico, angustia e inseguridad.

El juez que resolvió, aceptó el reclamo por el daño psicológico y moral pero también admitió otros gastos. El agresor deberá hacerse cargo, además, del dinero desembolsado por la víctima para el tratamiento psicológico, de los gastos médicos y de los productos de farmacia que debió comprar a raíz de la golpiza.

Se consignó que la joven ejercía una actividad como monotributista. Y como las lesiones le demandaron un tiempo de recuperación de 60 días, el acusado deberá compensar el tiempo de reposo en que ella no pudo trabajar. Ese rubro se denomina lucro cesante. La condena total es por $4.180.680,89.

El caso se encuadró jurídicamente en lo establecido por la Ley N° 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. La norma, en su artículo 35, establece que «la parte damnificada podrá reclamar la reparación civil por los daños y perjuicios, según las normas comunes que rigen la materia».

La condena penal

En el juicio penal, la Fiscalía acusó al hombre por el delito de lesiones graves agravadas por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género, en concurso real con amenazas.

En un juicio abreviado, la fiscalía, la querella y la defensa pública acordaron la pena de tres años de prisión en suspenso. La jueza a cargo homologó la petición y dictó sentencia con pautas de conducta.

Además de las pautas de rigor, la sentencia penal fijó la obligación de un tratamiento psicológico para el imputado con el objetivo de lograr la “detección, prevención y erradicación” de sus conductas violentas. También estableció una prohibición de acercamiento a la víctima (su domicilio, lugar de trabajo o de concurrencia habitual), una prohibición de contacto y comunicación por cualquier medio y una prohibición de realizar cualquier acto de perturbación dirigido hacia la joven o a su grupo familiar.

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Le dijo a su cocinera «Andate, no me servís más»: tendrá que pagar indemnización y multa

La cifra incluye las diferencias salariales adeudadas, proporcionales de aguinaldo y de vacaciones, la integración del mes de despido, una suma por falta de preaviso y otra por la antigüedad.

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Una mujer que se desempeñaba en una confitería de Cipolletti promovió un juicio por todas las irregularidades del vínculo laboral. El día que la despidieron le dijeron: “Andate, no me servís más” y no le pagaron lo que correspondía. La sentencia no solo le dio la razón a la cocinera sino que notificó a los organismos de control al advertir trabajo no registrado.

El caso tramitó ante la Cámara Laboral de Cipolletti pero la parte demandada nunca se presentó al juicio ni a la instancia de conciliación. La mujer probó que trabajó en la confitería por más de tres años. Sus tareas eran la de cocinera y bachera. El local funciona en el centro de Cipolletti bajo la denominación de Galo Gastronomía S.R.L.

El día que la despidieron le pagaron una indemnización menor a la que le correspondía por ley y en tres cuotas. La cocinera y sus compañeros de tareas trabajaban en la informalidad, es decir que no estaban debidamente registrados.

La Cámara Laboral fijó una indemnización por la suma de $661.756,11 más intereses. La cifra incluye las diferencias salariales adeudadas, proporcionales de aguinaldo y de vacaciones, la integración del mes de despido, una suma por falta de preaviso y otra por la antigüedad. Además le aplicaron a la empleadora tres multas por empleo no registrado y por no abonar la indemnización en tiempo y forma. Una de las multas dispone el incremento del cincuenta por ciento calculado sobre las indemnizaciones.

Durante el juicio, se presentaron a declarar dos compañeros de trabajo de la mujer. Ambos acreditaron las circunstancias del despido y afirmaron que ellos tampoco estaban debidamente registrados.

El fallo consideró que, como se advirtió empleo no registrado, la sentencia debía ser notificada a los organismos de control: AFIP, Agencia de Recaudación Tributaria, Secretaría de Estado de Trabajo y Sindicato de Gastronómicos en su sede local “toda vez que dicho comercio continúa en funcionamiento, en el mismo rubro”.

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Habrá salas de lactancia en los principales edificios judiciales de la provincia

Los espacios están destinados “al personal judicial que alimente a hijos e hijas de hasta dos años de edad”.

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El Superior Tribunal de Justicia ordenó, mediante una Acordada, la instalación de salas de lactancia en los edificios judiciales de Roca, Cipolletti, Villa Regina y Bariloche, replicando la positiva experiencia de la que funciona en el complejo judicial de Viedma desde hace poco más de un año. Esos espacios están destinados “al personal judicial que alimente a hijos e hijas de hasta dos años de edad”.

La decisión del STJ se basa en la Ley Nacional N° 26.873, que dispone la promoción y la generación de conciencia pública sobre la importancia de la lactancia y de las practicas óptimas de nutrición segura para lactantes. Esa misma ley promueve la creación de centros de lactancia, estrategias que promuevan la práctica de la lactancia y “el establecimiento de lactarios en los lugares de trabajo”.

“Este Superior Tribunal de Justicia ha incorporado la perspectiva de Derechos Humanos y Género como política pública institucional y transversal”, dice la Acordada. Por eso, la Oficina de Derechos Humanos y Género ha impulsado el cumplimiento gradual de la creación de los centros de lactancia en el Poder Judicial.

La primera experiencia fue la sala de lactancia de Viedma, que funciona desde el 31 de agosto de 2021. Desde su implementación, la necesidad de ese espacio y su utilización concreta quedaron rápidamente a la vista. Funciona dentro de las instalaciones de la Oficina de Derechos Humanos y Género y cuenta con la privacidad y los elementos necesarios para la comodidad de la dupla durante la lactancia.

La Acordada asignó al área de Arquitectura Judicial el diseño de un plan de implementación progresiva de las salas, que funcionarán en Cipolletti, en el edificio ubicado en la esquina de las calles Roca y Sarmiento y en el futuro Complejo Judicial de esa ciudad; en la Ciudad de Roca; en el edificio judicial de calle O’Connor 20 de Bariloche y en el futuro Complejo Judicial de esa ciudad, y en el Complejo Judicial de Villa Regina.

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Judiciales

Llamaba al trabajo de su ex para denigrarla: La Justicia determinó que esa conducta también es violencia de género

El sujeto anteriormente había publicado en un medio de comunicación circunstancias de su vida personal.

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Una medida cautelar del fuero de Familia de Cipolletti dispuso la prohibición de acercamiento de un hombre a la madre de sus hijas. Se probó en el proceso que él llamó al área de Recursos Humanos de la empresa donde trabaja la mujer para hablar mal de ella. Anteriormente había publicado en un medio de comunicación circunstancias de su vida personal. Desde el Juzgado se hizo un serio llamado de atención al demandado.

En un contexto de conflicto familiar permanente, la mujer denunció en el Juzgado de Familia que su ex había llamado a la empresa en la que ella trabaja. En esa comunicación hizo referencias a su vida personal y cuestionó su rol como madre.

En su descargo, el denunciado admitió el llamado telefónico, pero dijo que pretendía conseguir autorización para que la mujer asistiera a una mediación. Cuestionó que con los “dichos y expresiones falaces” de la denunciante se adoptara una medida cautelar como la prohibición de acercamiento.

El Juzgado de Familia no estuvo de acuerdo con el planteo de la defensa. Consideró que no se requieren pruebas materiales para hacer una denuncia de violencia de género porque tal situación “llevaría al extremo de delimitar la violencia a cuestiones físicas, probándolos con un certificado médico, cuando se sabe que los hechos de violencia no son solo físicos sino también psicológico, económico, moral y tantos otros modos de violencia que la ley incluso no los enumera de manera taxativa”. En esos mismos términos se había expresado la abogada que representa a la víctima.

La resolución también tuvo en cuenta que los llamados al área de Recursos Humanos ponían en riesgo la fuente laboral de la mujer, quien además es el único sustento de sus hijas puesto que el padre no paga la cuota alimentaria.

En el fuero de Familia se concluyó que la conducta del hombre denunciado configura un claro acto de hostigamiento hacia la mujer. Se observó además que la víctima viene sufriendo y padeciendo violencia psicológica desde hace años, sobre todo con la publicación que el hombre protagonizó en un medio local en el que denigraba a la madre de sus hijas.

Con esos argumentos, la conducta del denunciado fue considerada como un acto de violencia de género y por ello se justificó la medida cautelar de prohibición de acercamiento. Además, desde el juzgado se hizo un serio llamado de atención respecto del modo en el que el hombre había ejercido su defensa. Y pidió que el caso se abordara sin afirmaciones “improponibles por vejatorias, retrógradas, temerarias y alejadas totalmente de una necesaria mirada de género”.

¿Qué dice la ley provincial sobre violencia de género?

La Ley N° 4241 de Protección Integral contra la Violencia en el Ámbito de las Relaciones Familiares otorga un amplio margen al momento de adoptar las medidas de protección en beneficio de las víctimas.

Se parte de la base de la “verosimilitud de la denuncia” y, como persigue la prevención, se pueden adoptar medidas urgentes incluso ante la mera sospecha de la existencia de violencia, sin necesidad de intervención de la parte denunciada.

El procedimiento está instrumentado como un proceso urgente en el que se prioriza el principio de celeridad por sobre el principio de bilateralidad y genera un contexto de protección para luego poder avanzar en el expediente hacia un análisis más profundo de la problemática planteada.

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