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Judiciales

Le vendieron un celular que nunca anduvo: le devolverán la plata

Además, le pagarán extra por deficiente atención.

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En marzo de este año, una mujer adquirió en San Antonio Oeste un teléfono celular marca Moto E 7, que nunca funcionó correctamente. A menos de una semana directamente se puso “la pantalla en negro”.

La clienta se se acercó al local de Movistar donde compró el equipo a efectuar el reclamo. El vendedor se lo reseteó, funcionó y a la media hora nuevamente dejó de hacerlo.

Reiteró en varias oportunidades el reclamo, pero en el negocio le dijeron que debía comunicarse con el servicio técnico de la empresa Motorola. Desde el fabricante le dijeron que pasarían a buscar el aparto, pero nunca lo hicieron.

Continuó sus quejas en el local de Movistar y al no obtener respuesta, acudió al Departamento de Defensa del Consumidor de de la Municipalidad de San Antonio Oeste. Allí tomaron su reclamo, se citó a la empresa, pero no se llegó a un acuerdo. Con ese antecedente la mujer se dirigió al Juzgado de Paz y realizó una demanda de menor cuantía.

La jueza de Paz recibió la prueba y citó a una audiencia de conciliación. La empresa demandada no concurrió. A la hora de resolver, tuvo por acreditado que la mujer era clienta, por lo que la relación era de consumo. 

Recordó que la Ley de Defensa del Consumidor “establece quién resulta ser proveedor de bienes y servicios. De acuerdo a la documental aportada, resulta que la demandada empresa Telefónica Móviles Argentina S.A, es quien debe cumplimentar las obligaciones reguladas en dicha normativa”.

La normativa también establece que “el consumidor puede exigir el cumplimiento forzado de la obligación, aceptar otro producto o servicio o bien rescindir el contrato, todo ello sin perjuicio de las acciones de daños y perjuicios que correspondan”.

La mujer inició la acción por 50 mil pesos por todo concepto por daño directo, que se defino como “todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o consumidor, susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado de manera inmediata sobre sus bienes o sobre su persona, como consecuencia de la acción u omisión del proveedor de bienes o del prestador de servicios”.

También se abordó el daño punitivo, enmarcado según la doctrina como “como las sumas de dinero que los tribunales mandan pagar a la víctima de hechos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que están destinados a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro”.

Al tener acreditado ambos rubros, la jueza de Paz condenó a la empresa Telefónica Móviles Argentina S.A a abonarle a la mujer la suma de 50 mil pesos en concepto de reparación del daño, más 20 mil pesos en concepto de daño punitivo.

Judiciales

Desobedeció la prohibición de acercamiento: Tendrá que hacer un curso de masculinidad

El sujeto incumplió la Ley y le cruzó el camión a su ex pareja y le recriminó que no le permitía visitar a sus hijos.

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Un hombre de profesión camionero fue condenado por desobedecer una prohibición de acercamiento en perjuicio de su ex pareja y de sus hijos. Estaba acusado en el Fuero de Familia por ejercer actos de violencia de género y en ese contexto no respetó la perimetral. Por falta de antecedentes recibió una pena en suspenso pero deberá realizar un curso de masculinidades ante el Municipio de su ciudad.

En el legajo del Fuero Penal se probó que el día del episodio observó a su ex pareja en la calle. En esas circunstancias, le cruzó el camión a la mujer y le recriminó que no le permitía visitar a sus hijos. La prohibición de acercamiento había sido dispuesta por el juez de Paz local y ratificada por una jueza de Familia de Cipolletti. La medida le impedía acercarse a su ex pareja y a sus hijos a menos de 500 metros por hechos de violencia de género. Ocurrió en una localidad del Alto Valle aunque la ciudad no se consigna aquí para evitar la identificación del grupo familiar.

En el juicio penal, la Fiscalía acusó al hombre por el delito de desobediencia a una orden judicial, en contexto de violencia de género. Como el imputado no tenía antecedentes, las partes acordaron una pena de tres meses de prisión de ejecución condicional. Pero entre las pautas de conducta se estableció que el condenado deberá someterse a un examen tendiente a determinar si es necesario un tratamiento psicológico para el control de impulsos y en su caso completarlo. También tendrá que cumplir con un curso de masculinidad por intermedio del municipio de su ciudad. Se renovó, además, la prohibición de acercamiento en un radio de 500 metros. El incumplimiento de cualquiera de esas pautas tendrá como consecuencia la revocación de la condicionalidad de la pena, que devendrá en cumplimiento de cárcel efectiva.

La violencia de género en números

En lo que va del año los Juzgados y Unidades Procesales de Familia de la provincia de Río Negro recibieron 9.153 nuevas causas y el 58% de esos ingresos (5.352 expedientes) corresponden a violencia familiar y de género. Entre los procesos más frecuentes, le siguen los divorcios y los reclamos por prestación alimentaria.

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Judiciales

Incrementan multa por ignorar los reclamos de una cliente

La clienta percibirá más de 230.000 pesos.

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Una mujer de Cipolletti que compró una notebook con fallas de fábrica consiguió un incremento en el monto de la indemnización. Después de presentar la demanda, obtuvo un fallo favorable aunque apeló los montos. Ahora, una nueva decisión aumentó el alcance de la multa civil.

La clienta adquirió en Fravega una computadora marca Acer, Modelo E5-573-3268 I3. En ese momento también abonó una extensión de la garantía original. Es decir, en total se llevó la notebook con dos años de garantía, uno por la fábrica y el otro por la aseguradora Assurant.

La computadora presentó fallas luego de los primeros tres meses de uso. En consecuencia la mujer envió el aparato al servicio técnico oficial, que le hizo un recambio de teclado. Sin embargo, los problemas continuaron.

En esa instancia, nadie se hizo cargo de las reparaciones. El comercio adujo que su garantía estaba vencida con los primeros seis meses de uso y que los otros seis meses le correspondían a la fábrica. La compañía de seguros, en tanto, informó que su vigencia comenzaba recién luego del primer de año.

Por ello la clienta impulsó una demanda civil. El fallo de primera instancia concluyó que hubo una infracción al deber de información y trato digno de la Ley de Defensa del Consumidor. Y que la responsabilidad por los daños a la consumidora era de las codemandadas, tanto de la cadena de electrodomésticos como de la aseguradora contratada en el mismo local comercial.

El monto inicial de la indemnización fue fijado en la suma de $81.752 pero la clienta apeló. En la revisión, el tribunal aplicó intereses en el rubro daño material y también incrementó en $200.000 el daño punitivo, que es una multa civil. En total, la mujer percibirá $231.367,18.

En la segunda instancia, la Cámara Civil de Cipolletti consideró que la multa inicial no satisfacía las finalidades punitorias por el desaprensivo accionar desplegado y menos aún los objetivos “preventivos” tendientes a instar a las demandadas a no repetir comportamientos lesivos e incumplimientos obligacionales.

El efecto disuasivo, surge del fallo, pretende evitar que se instale como práctica la metodología de “ignorar” al cliente que reclama por defectos del producto, ni se especule sobre si el consumidor acudirá, o no, a las vías judiciales.

La actividad civil, en números

En lo que va del año, las cuatro Cámara Civiles de la provincia registraron 799 nuevos expedientes. El número se compone de 91 expedientes ingresados directamente a las Cámaras (competencia originaria) y de 708 causas de apelación.

Los procesos más frecuentes son los recursos de queja, las acciones de amparo, apelaciones, medidas cautelares y los trámites del fuero Contencioso Administrativo.

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Judiciales

Sobreseyeron al abogado que habían detenido por tener supuesta droga sintética

La sustancia hallada en el estudio jurídico dio negativo a las pruebas realizadas y la Justicia le dio la razón a Daniel Arce.

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El juez Federal Hugo Greca sobreseyó al abogado Daniel Arce, a quien le habían iniciado una causa en el marco de la Ley de Estupefacientes. Todos los test realizados a la sustancia encontrada dieron negativos.

Todo sucedió el pasado 19 de agosto cuando en el marco de la causa que investiga el asesinato de Sofía Vera, la Policía rionegrina desplegó un importante operativo en Roca en el que se efectuaron 5 allanamientos autorizados por la Justicia, y que culminaron con dos personas detenidas; una de ellas era justamente el letrado que defiende a Emanuel Kaigar -único sospechoso que tiene el caso y que se encuentra prófugo-.

La Policía había asegurado que en el allanamiento al estudio jurídico de Arce detectaron cerca de un kilo de droga sintética. Las pericias de las mismas para establecer la composición y el origen estuvieron a cargo de Prefectura Naval Argentina, en la provincia de Neuquén, y finalmente dieron negativo. No obstante, el abogado quedó detenido 24 horas por infracción a la Ley N° 23.737 por solicitud del propio juez Greca.

Finalmente, luego de un mes y medio de ocurrido el hecho y varias pruebas que fueron demostrando lo que Arce aseguraba, el magistrado federal resolvió su sobreseimiento.

Además, la Justicia deberá reintegrarle la suma de $300.000 que el letrado puso como caución al quedar en libertad.

Arce había sostenido su inocencia desde el primer momento, manifestando que la sustancia encontrada era parte de los materiales a utilizarse para una remodelación del lugar.

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