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Femicidio de Casmuz: «La usó, la mató y la enterró»

Así describió el fiscal Andrés Nelli el accionar de Antonio Colicheo, el único acusado por el asesinato de una mujer.

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Minutos antes de las 14 horas culminaron los alegatos de clausura realizados por las partes involucradas en el octavo juicio por jurados de Rio Negro en el cual se juzga la culpabilidad de Antonio Colicheo en el marco del femicidio de Claudia Alejandra Casmuz.

“La usó, la mató y la enterró”

Así describió el fiscal jefe Andrés Nelli el accionar que sostiene el equipo fiscal respecto del imputado “en relación al femicidio agravado por alevosía, mediante el uso de un arma de fuego de Claudia Casmuz”.

“A Claudia la encuentran a 75 kilómetros de Roca, a 28 kilómetros de Casa de Piedra, en un páramo en medio de la nada, por eso la Fiscalía demostró que la mató sobre seguro aprovechándose de la vulnerabilidad que tenía la mujer, tal como fue demostrado. Este homicidio agravado fue perpetrado dentro de un marco de desigualdad de poder entre ambos géneros”, expresó el fiscal.

La Fiscalía sostuvo que el estado de vulnerabilidad en el que se encontraba la mujer fue usado por el imputado, que “la tomó y la usó como un objeto inanimado, que cuando se cansó la desechó como un residuo, sin darle ninguna oportunidad de sobrevivir”.

“Sabemos gracias a las pericias que ustedes fueron viendo y escuchando durante el juicio, que el imputado transportó a Claudia al puesto, luego, conforme la autopsia el hombre le efectuó un disparo con el arma marca Taurus 9mm impactando el primer proyectil en el hombro derecho. También le produjo la fractura doble maxilofacial con un objeto contundente, por último estando ya la víctima totalmente indefensa, y actuando sobre seguro, le disparó en la cabeza en la región occipital derecha. Finamente para ocultar el hecho que cometió cavó una fosa de 30cm”, detalló el fiscal jefe.

Y agregó que “el imputado no tuvo en cuenta los animales carroñeros que la desenterraron, y fue eso lo que permitió que se encontrara el cuerpo de Claudia”.

En relación a los proyectiles, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que “tanto el que se encontró al lado de la fosa como el hallado durante la autopsia, son calibre 9 mm, fueron peritados y se concluyó que ambos salieron del arma marca Taurus. No de otro lado”.

Esta arma la perita el Gabinete de Criminalística de General Roca, y la pistola siendo sometida al comparador balístico, dio positivo.

“A través de la pericia es que no queda duda de que fue de esa arma que salieron los disparos que mataron a Claudia y que esa arma la tenía el imputado”, enfatizó Nelli.

“¿Quién disparó el arma? El imputado que ya fue condenado por la muerte de Javier Videla. Los casquillos y proyectiles fueron comparados con la causa llevada adelante por la muerte de Videla, y arrojó que tienen total coincidencia con la pistola Taurus, todos los proyectiles y las vainas servidas”, dijo el fiscal jefe.

“Los juicios se van armando como un rompecabezas, hay evidencias, hay pruebas, cuando unamos esas piezas vamos a ver la figura del imputado, además de ser el homicida de Claudia como el ladrón del arma y de la placa de policía que eran de su tío”, comenzó a desentrañar la Fiscalía respecto del delito de robo.

Entre la evidencia subrayada a los y las integrantes del jurado popular, el fiscal indicó que “el arma que se secuestra en el puesto La Perseverancia, en el cuarto del imputado, entre sábanas y frazadas, es una 9 mm marca Taurus con bala en boca y que tenía suprimida la numeración. Esto se había hecho apropósito, para que no fuera identificada”.

Es por ello que ante este primer hecho “se le imputó al hombre la autoría del delito de robo simple y tenencia de arma de guerra ya que la sacó del domicilio de su tío y la llevo consigo apropiándosela”.

Finalizando sus alegatos de clausura y de pedido de responsabilidad penal, el fiscal jefe se dirigió a las y los jurados y les solicitó que lo declaren culpable de los delitos de “robo, tenencia de arma de guerra y de femicidio con alevosía y con el uso de arma de fuego”.

“Claudia hoy habló por medio de los peritos, señaló como único autor de su muerte a este hombre. Escúchenla. No la dejen desamparada”.

La querella, que representa a la madre de la víctima, coincidió con la fiscalía en tanto a la calificación legal, la evidencia presentada y el pedido de culpabilidad para el imputado.

“Basarse en datos y no opiniones”

El defensor oficial Juan Pablo Piombo les pidió a los integrantes del jurado que “usen la misma vara para juzgar a su asistido como lo harían con ustedes mismos”.

“Les pido que se basen en datos y no opiniones, lo que a ustedes les toca decidir es si hay pruebas, y si no, deben absolverlo. Lo mismo si tuvieran dudas, deben ir a favor del imputado, declarar el in dubio pro reo”, expresó.

“Muchos testigos no dijeron la verdad, por ejemplo el tío de mi asistido que dijo que vio las cámaras de seguridad de su casa y que aseguró que quien había ingresado a robar era su sobrino, pero no trajo las pruebas, un policía tan experimentado como él no lo hizo, entonces lo que pensamos es que realizó una falsa denuncia, porque odia a su sobrino”.

“El gran conflicto que existe entre el denunciante y su sobrino es que el tío le sacó la camioneta con la que tenía que pagarle a mi asistido por todo un año de trabajo. Todo esto es parte de un gran conflicto familiar de vieja data”, dijo Piombo.

“¿Qué credibilidad tiene este testigo? Díganmelo ustedes”, se refirió al jurado el defensor público.

“También nos preguntamos en qué llevó mi asistido a la mujer desde General Roca a ese lugar? El auto fue hiper peritado y no se encontró nada de ella”, agregó.

“Muchas preguntas le hacemos a la acusación: ¿dónde está la relación entre estas dos personas que marque la cuestión de la violencia de género?; para acreditar la alevosía subrayan el tema de que fue en el campo, pero ¿de dónde surge que el hecho fue en el campo?, lo mismo que la Fiscalía dice que allí no había nadie más, ¿cómo saben que no había nadie más que ellos dos?”, enumeró el representante del Ministerio Público de la Defensa.

En relación a la coincidencia o no con la muerte y con el momento de la sepultura, el defensor explicó que “nosotros escuchamos al mismo médico que ustedes, que dijo que pueden haber pasado de dos semanas a dos meses de la fecha de la muerte, no es lo mismo hablar de la muerte, estos 5 a 10 días que dice la entomóloga es ¿fecha de la sepultura o fecha en que se posan las larvas?, otro error de la Fiscalía”.

“Acá en General Roca hay prejuicio respecto a mi asistido, por eso les pido que lo humanicen, que tengan en cuenta que como dijo la psiquiatra del Poder Judicial que el hombre tiene 32 años, fue víctima de abuso, no tiene antecedentes penales, no hay rasgos de psicopatía. Entró en depresión luego de que se suicidara su ex compañera, luego de no poder renovar el carnet de conducir que le había permitir trabajar como camionero, y allí empieza a trabajar como guardaespalda”, mencionó.

Finalmente, el defensor expresó que “el vínculo entre mi asistido y Claudia no está acreditado. Tampoco encontramos el motivo, un móvil para saber porqué la habría matado, y no lo podemos encontrar. Les pedimos que se fijen en la prueba científica, y que piensen en él considerando humano como ustedes”, concluyó.

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Rechazaron demanda de alimentos posteriores al divorcio

Una mujer demandó a su ex pareja después de divorciarse. La Justicia le dio la razón al hombre y rechazó la denuncia.

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Una mujer demandó a su ex pareja para que se fijen alimentos después de separarse de hecho y divorciarse. Tras la contestación de la demanda y el ofrecimiento de prueba el pedido fue rechazado. La defensa pública asistió tanto a la demandante como al demandado.

Con el patrocinio de una defensora pública, una mujer de Cipolletti presentó una demanda pidiendo que se fijen alimentos a su favor por parte de su ex pareja. Mencionaba que no contaba con ingresos más allá de una pensión no contributiva por ser madre de más de siete hijos y que padecía una enfermedad debiendo afrontar tratamientos médicos con la correspondiente compra de medicamentos.

Adujo además que si bien había trabajado durante la vida en pareja lo había hecho sin registrar por lo que no tenía aportes previsionales y eso le impedía acceder a una jubilación.

Sostuvo que el hombre había abandonado el hogar de forma repentina y se había radicado en una provincia del norte del país y que actualmente percibía una jubilación buena, además de contar con obra social, por lo que solicitó ser afiliada a la misma para facilitar su atención en el marco de sus afecciones de salud.

Al momento de contestar la demanda, el hombre que también fue asistido por otra abogada de la defensa pública realizó su versión de descargo y ofreció sus pruebas. Además de negar buena parte de los hechos como por ejemplo mencionar que la ruptura de la pareja no fue abrupta y que tiempo antes de mudarse a otra provincia ya se encontraban separados, describió que su situación económica actual y la de la demandante resultaban muy similares.

En primer lugar, sostuvo que la mujer cobraba una pensión no contributiva por ser madre de más de siete hijos -equiparada a una haber jubilatorio mínimo- y que él recibía una jubilación apenas superior a ese monto, alrededor de un 20% por encima.

Pero señaló que al momento de abandonar el hogar el hombre lo había hecho sólo con sus pertenencias y que su ex pareja permanecía -y aun reside- con sus hijos mayores de edad en la casa que fuera del matrimonio que resulta ser un bien ganancial y que además cuenta con un departamento independiente a la vivienda. Además quedaron en su posesión dos vehículos también gananciales.

Sobre eso agregó que por no tener un hogar propio ni tampoco prestado, el demandado debe afrontar un alquiler mensual.

Respecto de no tener otros ingresos, al contestar la demanda se expuso que la mujer más allá de tener o no aportes jubilatorios, había optado por cobrar la pensión no contributiva que resulta incompatible con el cobro de un haber mínimo. En otras palabras, si se jubilara, debería dejar de cobrar la pensión.

Finalmente, expuso que mientras permanecían conviviendo, la mujer tenía a su cargo una verdulería para la cual él mismo aportaba dinero invirtiendo en la compra de mercadería. Unos diez meses después de la separación de hecho y por la acumulación de deudas, ese emprendimiento finalizó cerrando el comercio.

Una buena parte de esos hechos fueron aceptados por la mujer a la hora de ser convocada. Entre ellos se encuentran lo expuesto sobre la vivienda como bien ganancial y el departamento del terreno pero expuso que allí residen sus hijos que ocasionalmente ayudan en sus sostén. Además surgió que cuenta con una obra social y aceptó haber administrado la verdulería aunque su versión del motivo del cierre de la misma era distinta a la del demandado.

En consecuencia, en la sentencia se resolvió rechazar la demanda. Consideró que no existía una desigualdad real entre los ex cónyuges y que la mujer tenía la posibilidad de obtener algunos ingresos económicos extra por ejemplo alquilando el departamento contiguo a su vivienda. Además consideró que buena parte de los gastos que la mujer adujo tener mensualmente para atender su salud no habían sido debidamente acreditados.

Alimentos después del divorcio

El Código Civil y Comercial, dispone que la obligación de alimentos entre ex cónyuges se apliquen sólo en determinados casos. Para hacer lugar a la solicitud es necesario acreditar que el o la demandante no o tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos o que sufra una enfermedad grave y preexistente al divorcio.

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Servían el desayuno cuando el colectivo bajó bruscamente a la banquina: Quemaron a la pasajera con el café

Deberán indemnizarla con más de 1 millón de pesos.

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Una pasajera que viajaba desde la provincia de Chubut a Cipolletti sufrió graves quemaduras en medio de un control de tránsito en la Ruta Nacional N° 22. Justo cuando el auxiliar servía el desayuno, el micro detuvo la marcha en Contralmirante Guerrico. El chofer bajó bruscamente a la banquina y el café se volcó sobre las piernas de la joven. Será indemnizada en más de 1 millón de pesos.

Una sentencia del fuero civil de Cipolletti condenó a la empresa de transporte por su responsabilidad en el incidente. El monto de la indemnización se fijó en $1.090.982,72 y la cifra incluye el tratamiento psicológico al que debe someterse la pasajera para superar el episodio, el daño moral y los gastos de farmacia y tratamiento médico. La compañía de seguros también fue incluida en la condena, salvo en la multa civil de $300.000 que se le impuso exclusivamente a Transportes Don Otto S.A.

En ese aspecto el fallo estimó que la empresa incurrió en incumplimientos tanto legales como contractuales. No solo por la maniobra brusca en la conducción del vehículo que provocó la caída del café servido por el auxiliar de la empresa, sino también por la falta de medidas de seguridad para evitar accidentes, y su conducta posterior con un total desprecio por la integridad humana.

Se mencionó que no se derivó a la pasajera a ningún centro de salud cercano al lugar del accidente, a pesar de que el chofer y el auxiliar sabían que la mujer estaba gravemente quemada y manifestaba extremos dolores. «Ello con el único y evidente fin de llegar al destino de Cipolletti, y aun al arribar a esta ciudad, una vez en la Terminal de Ómnibus la empresa demoró más de dos horas en trasladarla a un centro médico asistencial», dice el fallo que todavía no está firme porque puede ser apelado.

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Deberán indemnizarlo con más de 4 millones luego de que lo atacaron en la vereda de un conocido bar

La víctima estuvo 17 días internado con traumatismo de cráneo y rostro. La condenada es la sociedad que administró el pub.

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El cliente de un pub de Cipolletti que fue atacado en la vereda percibirá una indemnización mayor a la fijada inicialmente. Mientras el personal de seguridad estaba desalojando el local, el hombre recibió un golpe en el rostro que le causó múltiples fracturas. Con el reajuste, la indemnización supera los 4 millones y medio de pesos.

La sentencia de primera instancia sostuvo que el titular o concesionario de una discoteca debe velar porque ni las prestaciones o servicios brindados, ni los objetos o dependientes suyos, ni la actividad, desórdenes y pasiones que genera el objeto propio de su quehacer comercial provoquen daños en las personas o los bienes de sus clientes. «Como derivación de la obligación legal de seguridad impuesta por el citado art. 5 de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.440 el titular de la disco debe asegurar la salida de sus cocontratantes sanos y salvos, esto es, en la misma forma que ingresaron al local», se cita en el fallo.

También se consignó en esa resolución que la obligación del «deber de seguridad» incluye la zona de ingreso y egreso, como en este caso, puesto que el episodio ocurrió en la vereda.

El hombre que resultó herido había concurrido al local bailable que funcionó bajo el nombre de Única, ubicado en la intersección de las calles Fernández Oro y Miguel Muñoz de Cipolletti. Allí se generaron disturbios entre algunos de los clientes y, tras la expulsión de los involucrados por parte del personal de seguridad, el damnificado recibió de manera imprevista un golpe de puño en su rostro que le causó una caída al piso, con traumatismo de cráneo y rostro.

Estuvo 17 días internado y debieron colocarle una placa con tornillos. El perito dictaminó que el paciente presentó secuelas anatómicas y funcionales con una incapacidad laborativa parcial y permanente del 15%.

En la apelación, un segundo fallo reajustó el rubro de incapacidad y fijó una suma de dinero por los gastos médicos y de farmacia. El monto total se fijó en la suma de $4.537.616,14 y la condenada es la sociedad que administró el pub.

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