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Judiciales

El jurado popular declaró culpable a Colicheo por asesinar a Casmuz

Fue declarado responsable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por alevosía y por el delito de tenencia de arma de guerra.

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Tras deliberar durante más de cuatro horas, el jurado popular declaró al imputado Gregorio Antonio Colicheo culpable del delito de homicidio calificado por el uso de arma y agravado por alevosía de la joven roquense Claudia Alejandra Casmuz. La decisión fue emitida con 10 votos del total de los 12 integrantes del jurado, tal como autorizó el juez que dirigió el juicio luego de que se agotara una primera etapa de la deliberación en la que no alcanzaron una opinión unánime.

Además, por unanimidad, el jurado declaró a Colicheo no culpable del delito de robo simple que se le había imputado respecto del arma calibre 9 milímetros que utilizó para dar muerte a la víctima. Y lo declaró por unanimidad culpable del delito de tenencia ilegal de arma de fuego de guerra.

Con el veredicto finalizó la intervención de los ciudadanos y ciudadanas designadas como jurados para el caso. La próxima etapa del juicio será la cesura ante el juez profesional Emilio Stadler, destinada a definir el monto de la pena que deberá cumplir el hombre condenado.

El juicio comenzó el pasado martes (13/09) con los alegatos de apertura de la Fiscalía, la parte querellante -en representación de la madre de la víctima fatal, Claudia Alejandra Casmuz- y de la defensa pública. Durante la semana pasada y hasta este lunes se presentó toda la prueba que el jurado popular evaluó hoy en una sesión secreta.

De esta manera, el jurado consideró que esa prueba fue suficiente para tener por acreditado, más allá de cualquier duda razonable, que el imputado fue el autor material del homicidio con arma de fuego agravado por alevosía, pero no para declararlo culpable del delito de femicidio, que también integraba la calificación legal propuesta por las partes acusadoras.

En la audiencia final, el fiscal jefe Andrés Nelli había solicitado que el imputado sea condenado por todos los cargos con los que llegó acusado a este juicio. La misma solicitud había hecho el abogado Joaquín Hertzriken Catena, por la parte querellante. En tanto que el defensor público Juan Pablo Piombo había solicitado la absolución de todos los cargos por considerar insuficientes las pruebas.

En el final de la misma audiencia, el juez profesional explicó al jurado las instrucciones necesarias para que puedan llevar adelante una deliberación legalmente válida hasta arribar a un veredicto.

Terminada la deliberación y conocido el veredicto, el juez también agradeció el tiempo, la responsabilidad y el compromiso que mantuvo el jurado -12 titulares y cuatro suplentes- a lo largo de todo el proceso.

El hecho

El cadáver de Claudia Alejandra Casmuz fue hallado en el campo La Perseverancia, ubicado a unos 75 kilómetros de General Roca, el 4 de marzo de 2021. Según tuvo por probado el jurado con su veredicto, el homicidio ocurrió entre el 18 de febrero y el 3 de marzo de ese año. La víctima sufrió dos disparos con un arma de fuego calibre 9 milímetros.

Para el jurado se configuró la agravante de la alevosía, que consiste en matar a una persona sin riesgo para sí mismo, aprovechándose de su estado de indefensión y de cualquier circunstancia que le impida a la víctima recibir algún tipo de ayuda.

El que finalizó hoy en Roca fue el octavo juicio por jurados de la historia provincial. La incorporación de este tipo de juicios al proceso penal significó garantizar la participación de los ciudadanos y ciudadanas de Río Negro en la administración del servicio de justicia para los delitos más graves, ya que los juicios ante jurados populares se realizan en todos aquellos casos en los que la Fiscalía anticipe su decisión de pedir condenas superiores a los 12 años de prisión.

Judiciales

Le dijo a su cocinera «Andate, no me servís más»: tendrá que pagar indemnización y multa

La cifra incluye las diferencias salariales adeudadas, proporcionales de aguinaldo y de vacaciones, la integración del mes de despido, una suma por falta de preaviso y otra por la antigüedad.

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Una mujer que se desempeñaba en una confitería de Cipolletti promovió un juicio por todas las irregularidades del vínculo laboral. El día que la despidieron le dijeron: “Andate, no me servís más” y no le pagaron lo que correspondía. La sentencia no solo le dio la razón a la cocinera sino que notificó a los organismos de control al advertir trabajo no registrado.

El caso tramitó ante la Cámara Laboral de Cipolletti pero la parte demandada nunca se presentó al juicio ni a la instancia de conciliación. La mujer probó que trabajó en la confitería por más de tres años. Sus tareas eran la de cocinera y bachera. El local funciona en el centro de Cipolletti bajo la denominación de Galo Gastronomía S.R.L.

El día que la despidieron le pagaron una indemnización menor a la que le correspondía por ley y en tres cuotas. La cocinera y sus compañeros de tareas trabajaban en la informalidad, es decir que no estaban debidamente registrados.

La Cámara Laboral fijó una indemnización por la suma de $661.756,11 más intereses. La cifra incluye las diferencias salariales adeudadas, proporcionales de aguinaldo y de vacaciones, la integración del mes de despido, una suma por falta de preaviso y otra por la antigüedad. Además le aplicaron a la empleadora tres multas por empleo no registrado y por no abonar la indemnización en tiempo y forma. Una de las multas dispone el incremento del cincuenta por ciento calculado sobre las indemnizaciones.

Durante el juicio, se presentaron a declarar dos compañeros de trabajo de la mujer. Ambos acreditaron las circunstancias del despido y afirmaron que ellos tampoco estaban debidamente registrados.

El fallo consideró que, como se advirtió empleo no registrado, la sentencia debía ser notificada a los organismos de control: AFIP, Agencia de Recaudación Tributaria, Secretaría de Estado de Trabajo y Sindicato de Gastronómicos en su sede local “toda vez que dicho comercio continúa en funcionamiento, en el mismo rubro”.

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Habrá salas de lactancia en los principales edificios judiciales de la provincia

Los espacios están destinados “al personal judicial que alimente a hijos e hijas de hasta dos años de edad”.

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El Superior Tribunal de Justicia ordenó, mediante una Acordada, la instalación de salas de lactancia en los edificios judiciales de Roca, Cipolletti, Villa Regina y Bariloche, replicando la positiva experiencia de la que funciona en el complejo judicial de Viedma desde hace poco más de un año. Esos espacios están destinados “al personal judicial que alimente a hijos e hijas de hasta dos años de edad”.

La decisión del STJ se basa en la Ley Nacional N° 26.873, que dispone la promoción y la generación de conciencia pública sobre la importancia de la lactancia y de las practicas óptimas de nutrición segura para lactantes. Esa misma ley promueve la creación de centros de lactancia, estrategias que promuevan la práctica de la lactancia y “el establecimiento de lactarios en los lugares de trabajo”.

“Este Superior Tribunal de Justicia ha incorporado la perspectiva de Derechos Humanos y Género como política pública institucional y transversal”, dice la Acordada. Por eso, la Oficina de Derechos Humanos y Género ha impulsado el cumplimiento gradual de la creación de los centros de lactancia en el Poder Judicial.

La primera experiencia fue la sala de lactancia de Viedma, que funciona desde el 31 de agosto de 2021. Desde su implementación, la necesidad de ese espacio y su utilización concreta quedaron rápidamente a la vista. Funciona dentro de las instalaciones de la Oficina de Derechos Humanos y Género y cuenta con la privacidad y los elementos necesarios para la comodidad de la dupla durante la lactancia.

La Acordada asignó al área de Arquitectura Judicial el diseño de un plan de implementación progresiva de las salas, que funcionarán en Cipolletti, en el edificio ubicado en la esquina de las calles Roca y Sarmiento y en el futuro Complejo Judicial de esa ciudad; en la Ciudad de Roca; en el edificio judicial de calle O’Connor 20 de Bariloche y en el futuro Complejo Judicial de esa ciudad, y en el Complejo Judicial de Villa Regina.

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Judiciales

Llamaba al trabajo de su ex para denigrarla: La Justicia determinó que esa conducta también es violencia de género

El sujeto anteriormente había publicado en un medio de comunicación circunstancias de su vida personal.

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Una medida cautelar del fuero de Familia de Cipolletti dispuso la prohibición de acercamiento de un hombre a la madre de sus hijas. Se probó en el proceso que él llamó al área de Recursos Humanos de la empresa donde trabaja la mujer para hablar mal de ella. Anteriormente había publicado en un medio de comunicación circunstancias de su vida personal. Desde el Juzgado se hizo un serio llamado de atención al demandado.

En un contexto de conflicto familiar permanente, la mujer denunció en el Juzgado de Familia que su ex había llamado a la empresa en la que ella trabaja. En esa comunicación hizo referencias a su vida personal y cuestionó su rol como madre.

En su descargo, el denunciado admitió el llamado telefónico, pero dijo que pretendía conseguir autorización para que la mujer asistiera a una mediación. Cuestionó que con los “dichos y expresiones falaces” de la denunciante se adoptara una medida cautelar como la prohibición de acercamiento.

El Juzgado de Familia no estuvo de acuerdo con el planteo de la defensa. Consideró que no se requieren pruebas materiales para hacer una denuncia de violencia de género porque tal situación “llevaría al extremo de delimitar la violencia a cuestiones físicas, probándolos con un certificado médico, cuando se sabe que los hechos de violencia no son solo físicos sino también psicológico, económico, moral y tantos otros modos de violencia que la ley incluso no los enumera de manera taxativa”. En esos mismos términos se había expresado la abogada que representa a la víctima.

La resolución también tuvo en cuenta que los llamados al área de Recursos Humanos ponían en riesgo la fuente laboral de la mujer, quien además es el único sustento de sus hijas puesto que el padre no paga la cuota alimentaria.

En el fuero de Familia se concluyó que la conducta del hombre denunciado configura un claro acto de hostigamiento hacia la mujer. Se observó además que la víctima viene sufriendo y padeciendo violencia psicológica desde hace años, sobre todo con la publicación que el hombre protagonizó en un medio local en el que denigraba a la madre de sus hijas.

Con esos argumentos, la conducta del denunciado fue considerada como un acto de violencia de género y por ello se justificó la medida cautelar de prohibición de acercamiento. Además, desde el juzgado se hizo un serio llamado de atención respecto del modo en el que el hombre había ejercido su defensa. Y pidió que el caso se abordara sin afirmaciones “improponibles por vejatorias, retrógradas, temerarias y alejadas totalmente de una necesaria mirada de género”.

¿Qué dice la ley provincial sobre violencia de género?

La Ley N° 4241 de Protección Integral contra la Violencia en el Ámbito de las Relaciones Familiares otorga un amplio margen al momento de adoptar las medidas de protección en beneficio de las víctimas.

Se parte de la base de la “verosimilitud de la denuncia” y, como persigue la prevención, se pueden adoptar medidas urgentes incluso ante la mera sospecha de la existencia de violencia, sin necesidad de intervención de la parte denunciada.

El procedimiento está instrumentado como un proceso urgente en el que se prioriza el principio de celeridad por sobre el principio de bilateralidad y genera un contexto de protección para luego poder avanzar en el expediente hacia un análisis más profundo de la problemática planteada.

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