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Judiciales

Uno cruzó sin prioridad de paso, el otro andaba sin frenos: Los dos son responsables por la muerte de una mujer

La víctima, una mujer de 43 anos, falleció en el acto. El siniestro ocurrió en 2014.

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Los dos conductores que participaron de un trágico choque en cadena deberán indemnizar al viudo y a los cuatro hijos e hijas de una mujer que falleció por el impacto final de uno de los autos. La mujer de 43 años caminaba por la vereda, a sólo tres cuadras de su casa, cuando un taxista que violó la prioridad de paso embistió con violencia a un VW Gol que circulaba sin frenos por una ciudad del Valle Medio, en el invierno de 2014.

“Se encuentra acreditado que se trata de un siniestro en el que participaron dos vehículos en movimiento, surgiendo evidente la falta de adopción por parte de los co-demandados R. y C., de las medidas de cuidado, atención y prudencia exigidas a fin de mantener el pleno dominio de la cosa riesgosa a su mando; siendo ambos responsables en lo que aquí concierne en la producción del trágico desenlace”, concluyó la titular del Juzgado Civil de Choele Choel al dictar la sentencia que condenó a ambos, de manera solidaria, por una suma cercana a los cinco millones de pesos, que prácticamente se duplicará con el cómputo de los intereses acumulados.

Según se acreditó con las pericias, el taxi era un Chevrolet Corsa que circulaba por la izquierda y por una calle de ripio. En tanto que el VW Gol tenía prioridad de paso porque circulaba por la derecha y sobre una arteria asfaltada. La mujer iba a unos 15 metros por delante del Gol cuando este último fue embestido en la bocacalle por el taxi y salió impulsado sin control hacia la vereda por la que caminaba la víctima.

Los dos conductores violaron la Ley Nacional de Tránsito al momento del trágico choque en cadena: el taxi debió frenar y ceder el paso, mientras que el VW Gol, si bien tenía prioridad de paso, no tenía frenos, por lo que su conductor “no poseía el total dominio de su vehículo al momento de producirse el accidente”.

En el juicio también se analizó la posible responsabilidad civil de una mujer que, al momento del choque, figuraba en el Registro del Automotor como propietaria del Corsa. Finalmente la sentencia la eximió de la responsabilidad porque la señora pudo demostrar que meses antes del choque “se había desprendido efectivamente de la posesión del vehículo”. Lo probó con la denuncia de venta del auto, el formulario correspondiente que entregó al Registro Nacional de la Propiedad Automotor, y los recibos de pago del auto vendido.

La condena también alcanzó a la aseguradora del VW Gol, Federal Argentina S.A., la que deberá pagar la indemnización en la medida de la póliza contratada. Sin embargo esa aseguradora está en quiebra y liquidación desde hace algunos años y ninguno de sus representantes se presentó al juicio.

Daño moral y valor vida

La jueza reconoció las indemnizaciones por daño moral al marido de la víctima y a todos los hijos e hijas de la mujer. Dos de esos hijos siguen siendo menores de edad, por lo que una vez firme la sentencia, el padre “deberá presentar un proyecto de inversión que deberá ser puesto en consideración de la Sra. Defensora de Menores, previo a la eventual liberación de fondos”.

“El daño moral resulta inconmesurable, habida cuenta que se trata de la pérdida irreparable de una persona joven, madre y esposa; el resquebrajamiento de la familia al faltar el apoyo más fuerte de L., quien era pilar fundamental y sostén de sus hijas e hijos, no amerita mayores palabras”, expresó la jueza en el fallo.

Por otra parte, la sentencia reconoció a los hijos menores una indemnización por el rubro “valor vida”, calculada en función de “la frustración de una posible ayuda material” que esos hijos iban a recibir de su madre durante todo su crecimiento.

Cabe señalar que la sentencia no se encuentra firme y puede ser apelada por cualquiera de las partes.

Judiciales

Fue hallada la adolescente de 14 años que era buscada en todo Roca

Fue encontrada en buen estado de salud.

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Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que fue hallada la adolescente de 14 años que era intensamente buscada en toda la ciudad de General Roca.

La joven había sido vista por última vez el miércoles (30/11) a las 12.00 horas.

La adolescente fue encontrada en buen estado de salud y ya está con su familia.

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Judiciales

Le formularon cargos a la mujer que ingresó a la ESRN N° 1 y atacó a golpes a compañeros de su hijo

Además no podrá acercarse al domicilio de una de las víctimas por un radio de 200 metros.

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El Ministerio Público Fiscal imputó esta mañana (01/12) a una mujer de 43 años el delito de lesiones leves y solicitó medidas cautelares por un violento hecho ocurrido el 2 de noviembre pasado en la Escuela Secundaria Río Negro N° 1 de General Roca.

Según la acusación fiscal «la señora, madre de un menor alumno de la ESRN N° 1, ingresó a un curso cuando se encontraban estudiantes en clase junto a dos profesores y comenzó a increpar a los jóvenes. La mujer se abalanzó hacia uno de los adolescentes y comenzó a agredirlo con golpes de puño. Las lesiones fueron certificadas como de carácter leve».

En ese momento, describió la fiscal del caso, «algunos intentaron que la mujer cesara en su accionar, siendo agredidos sin ocasionarles lesiones. Finalmente, tras la intervención de uno de los preceptores, la señora se retiró del lugar».

La calificación legal esgrimida por la Fiscalía para esta etapa del proceso es la de lesiones leves según los Artículos 89 y 45 del Código Penal.

Entre el sustento probatorio mencionado se encuentran las denuncias penales realizadas por los y las progenitoras de algunos estudiantes, de personal del establecimiento escolar, certificado del menor que resultó lesionado, una filmación extraída de redes sociales de la situación, entre otra evidencia.

La defensora pública penal que asistió a la imputada durante la audiencia, no se opuso al hecho ni a la calificación legal esgrimida el día de hoy, y agregó que tras el asesoramiento recibido la señora había decidido no prestar declaración por ahora.

Las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, que no tuvieron oposición de la defensa, fueron prohibición de acercamiento al domicilio del menor por un radio de 200 metros, y no hostigarlo, ni ella ni a través de terceros, por ninguna vía, inclusive las digitales.

De esta manera, el juez de Garantías resolvió tener por formulados los cargos, otorgar un plazo de 4 meses para las medidas cautelares y el mismo tiempo para la investigación penal preparatoria.

La defensa penal pública se opuso a la publicidad de la audiencia por existir dos menores de edad involucrados, el hijo de la mujer imputada y el adolescente damnificado, cuya imagen e intimidad podría verse perjudicada. La Fiscalía, por su parte, se manifestó a favor de la publicidad de la audiencia con restricciones específicas.

En su resolución fundada el juez de Garantías interviniente declaró la reserva de la audiencia. Argumentó que existen precedentes del Tribunal de Impugnación que ordenan preservar al máximo toda referencia a menores de edad afectados por procesos penales (Fallo «Fau»). «Hay un plus protectorio para la tutela judicial efectiva respecto de los menores de edad», expresó el juez, quien fundó la decisión en normas internacionales, nacionales y provinciales.

Citó el art. 1 de la Ley N° 20.056, que expresamente prohíbe «en todo el territorio de la República la difusión o publicidad por cualquier medio de sucesos referentes a menores de 18 años de edad incursos en hechos que la ley califica como delitos o contravención o que sean víctimas de ellos».

También invocó la Ley Nacional y la Ley Provincial de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Convención de los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otras normas.

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Despojó a su pareja de un bien ganancial: Impulsan reclamo judicial

Además se reclaman los daños psicológicos y morales que el engaño le generó a la mujer y a los hijos de ambos.

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La Defensa Pública rionegrina impulsó una demanda en busca de anular un convenio de rescisión y nueva preadjudicación de un terreno, hecho por un hombre en perjuicio de los derechos de su ex pareja. Además se reclaman los daños psicológicos y morales que el engaño le generó a la mujer y a los hijos de ambos.

La situación conflictiva familiar había comenzado hace varios años durante los cuales la mujer estuvo inmersa en un círculo de violencia psicológica, física y, también, económica. Recién hace pocos meses logró fortalecerse para reclamar sus derechos.

La demandante contrajo matrimonio con él en 2002. En 2003 a su pareja se le preadjudicó un lote municipal en el que ambos construyeron una vivienda que estaba terminada dos años antes de separarse. Luego de la separación y posterior divorcio, el hombre se presentó ante la Municipalidad y, declaró como estado civil ser soltero.

De esta forma, logró renunciar los derechos del terreno -a título gratuito- a favor del organismo del Poder Ejecutivo local. En ese mismo acto, el lote fue adjudicado a la actual cuñada del hombre, quien lo inscribió a su nombre y quedando así como titular registral del propiedad.

En la demanda impulsada por la Defensa de pobres y ausentes, se peticionó la declaración judicial de nulidad de dichos actos administrativos por haber sido la Municipalidad inducida a error respecto de la realidad, convirtiéndose así en copartícipe de un proceder contrario al sistema jurídico. Por ello el proceso se enmarca, en el fuero contencioso administrativo.

«Este proceso pone de relevancia que es posible cuestionar documentos públicos cuando existen pruebas fácticas que así lo permiten y avizora que la perspectiva de género debe atravesar cada una de las instancias del proceso judicial en cualquiera de los fueros que lo componen», destacaron desde la Defensoría a cargo de la demanda que se encuentra en instancia de apelación ante la Cámara civil.

¿Qué es un bien ganancial?

El Código Civil vigente prevé como regla que cuando dos personas se unen en matrimonio (salvo que se opte por otro sistema) los bienes que se adquieren durante la sociedad conyugal (desde el matrimonio hasta la separación de hecho o el divorcio), como regla general, son gananciales. Esto quiere decir que la titularidad de los mismo corresponden en mitades iguales a cada uno delos integrantes del matrimonio, independiente de quien haya aportado el dinero que se utilizó para comprarlos y de cómo figuren sido inscriptos.

¿Cuándo y dónde consultar?

Ante cualquier duda es importante consultar a un abogado para evitar que la falta de asesoramiento adecuado y en tiempo perjudique la realización de sus derechos. Si es posible debe contarse con de la documentación en mano.

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