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Judiciales

Empresa de neumáticos echó a trabajador que cumplía un tratamiento médico: Deberá resarcirlo

La firma alegó que no podía cumplir con la prescripción terapéutica de darle un trabajo más liviano por un tiempo, ya que carecía de ese tipo de labores.

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Un operario de una empresa de venta y colocación de neumáticos fue despedido mientras estaba en tratamiento médico. La firma alegó que no podía cumplir con la prescripción terapéutica de darle un trabajo más liviano por un tiempo, ya que carecía de ese tipo de labores.

Un fallo de la Cámara Laboral Segunda de Bariloche consideró la situación como «despido arbitrario y discriminatorio». La sentencia, que también contempló el daño moral ocasionado, condenó a la empresa Milla Neumáticos Neuquén S.R.L. a indemnizar al operario, más los intereses y multas previstas en la legislación laboral.

El caso

La relación laboral se prolongó a lo largo de tres años cumpliendo labores de colocador balanceador bajo la modalidad permanente continúa, con tareas en el taller de neumáticos y sistema de tracción de vehículos.

En el año 2019 sufrió un accidente en ocasión del trabajo y se reincorporó a la empresa realizando tareas livianas en virtud de la prescripción de su médico tratante. Las dolencias se prolongaron, recibió nueva atención médica y se indicó licencia laboral por treinta días. Sin que se encontrase ella vencida, le comunicaron que debía presentarse en la empresa, sin otra explicación. Es en esa ocasión y en presencia de una escribana se le comunicó su desvinculación laboral.

La sentencia de los jueces de la Cámara Laboral Segunda, consideró «injustificado, excesivo y arbitrario el despido dispuesto conforme la causa invocada, atento la situación de minusvalía en la que se encontraba el actor».

La empresa dijo que no contaba con tareas disponibles compatibles con la condición de salud del trabajador, por falta de preparación para realizar tareas administrativas.

El fallo señaló que “no es de esperar que ante una situación de estas características, la empresa cree un nuevo puesto de trabajo específico para el trabajador o se deje sin trabajo a otro dependiente, pero corresponde analizar la conducta de la accionada dentro de los principios de buena fe y razonabilidad”.

En este sentido “la ley exige un accionar positivo encaminado a mantener la fuente de trabajo a pesar de las circunstancias en las que se encuentra el trabajador afectado en su salud, por lo que deberá estar en presencia de una imposibilidad altamente dificultosa para cumplir con dicha obligación. Así lo señala numerosa jurisprudencia”.

En este caso se consideró que la firma empleadora actuó de manera apresurada y sin mayores contemplaciones. La empresa optó por disolver el vínculo laboral de manera intempestiva, aún cuando el propio servicio de medicina laboral de la empresa indicó que debía reintegrarse a su trabajo. Correspondió “aplicar también la multa que contempla el artículo 80 de la ley de contrato de trabajo”.

En relación al daño moral sufrido por el trabajador, consideró que “se trató de un despido arbitrario y discriminatorio frente a un trabajador enfermo, pero con alta laboral para prestar tareas mínimamente durante treinta días. Tal lo que surge de los certificados médicos”.

En definitiva “existió un trato desconsiderado hacia el operario enfermo que queda sin trabajo de manera intempestiva, vulnerándose de ese modo esencial derechos de neto raigambre constitucional, como lo son el derecho a trabajar e igualdad”.

Judiciales

Fue hallada la adolescente de 14 años que era buscada en todo Roca

Fue encontrada en buen estado de salud.

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Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que fue hallada la adolescente de 14 años que era intensamente buscada en toda la ciudad de General Roca.

La joven había sido vista por última vez el miércoles (30/11) a las 12.00 horas.

La adolescente fue encontrada en buen estado de salud y ya está con su familia.

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Judiciales

Le formularon cargos a la mujer que ingresó a la ESRN N° 1 y atacó a golpes a compañeros de su hijo

Además no podrá acercarse al domicilio de una de las víctimas por un radio de 200 metros.

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El Ministerio Público Fiscal imputó esta mañana (01/12) a una mujer de 43 años el delito de lesiones leves y solicitó medidas cautelares por un violento hecho ocurrido el 2 de noviembre pasado en la Escuela Secundaria Río Negro N° 1 de General Roca.

Según la acusación fiscal «la señora, madre de un menor alumno de la ESRN N° 1, ingresó a un curso cuando se encontraban estudiantes en clase junto a dos profesores y comenzó a increpar a los jóvenes. La mujer se abalanzó hacia uno de los adolescentes y comenzó a agredirlo con golpes de puño. Las lesiones fueron certificadas como de carácter leve».

En ese momento, describió la fiscal del caso, «algunos intentaron que la mujer cesara en su accionar, siendo agredidos sin ocasionarles lesiones. Finalmente, tras la intervención de uno de los preceptores, la señora se retiró del lugar».

La calificación legal esgrimida por la Fiscalía para esta etapa del proceso es la de lesiones leves según los Artículos 89 y 45 del Código Penal.

Entre el sustento probatorio mencionado se encuentran las denuncias penales realizadas por los y las progenitoras de algunos estudiantes, de personal del establecimiento escolar, certificado del menor que resultó lesionado, una filmación extraída de redes sociales de la situación, entre otra evidencia.

La defensora pública penal que asistió a la imputada durante la audiencia, no se opuso al hecho ni a la calificación legal esgrimida el día de hoy, y agregó que tras el asesoramiento recibido la señora había decidido no prestar declaración por ahora.

Las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, que no tuvieron oposición de la defensa, fueron prohibición de acercamiento al domicilio del menor por un radio de 200 metros, y no hostigarlo, ni ella ni a través de terceros, por ninguna vía, inclusive las digitales.

De esta manera, el juez de Garantías resolvió tener por formulados los cargos, otorgar un plazo de 4 meses para las medidas cautelares y el mismo tiempo para la investigación penal preparatoria.

La defensa penal pública se opuso a la publicidad de la audiencia por existir dos menores de edad involucrados, el hijo de la mujer imputada y el adolescente damnificado, cuya imagen e intimidad podría verse perjudicada. La Fiscalía, por su parte, se manifestó a favor de la publicidad de la audiencia con restricciones específicas.

En su resolución fundada el juez de Garantías interviniente declaró la reserva de la audiencia. Argumentó que existen precedentes del Tribunal de Impugnación que ordenan preservar al máximo toda referencia a menores de edad afectados por procesos penales (Fallo «Fau»). «Hay un plus protectorio para la tutela judicial efectiva respecto de los menores de edad», expresó el juez, quien fundó la decisión en normas internacionales, nacionales y provinciales.

Citó el art. 1 de la Ley N° 20.056, que expresamente prohíbe «en todo el territorio de la República la difusión o publicidad por cualquier medio de sucesos referentes a menores de 18 años de edad incursos en hechos que la ley califica como delitos o contravención o que sean víctimas de ellos».

También invocó la Ley Nacional y la Ley Provincial de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Convención de los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otras normas.

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Despojó a su pareja de un bien ganancial: Impulsan reclamo judicial

Además se reclaman los daños psicológicos y morales que el engaño le generó a la mujer y a los hijos de ambos.

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La Defensa Pública rionegrina impulsó una demanda en busca de anular un convenio de rescisión y nueva preadjudicación de un terreno, hecho por un hombre en perjuicio de los derechos de su ex pareja. Además se reclaman los daños psicológicos y morales que el engaño le generó a la mujer y a los hijos de ambos.

La situación conflictiva familiar había comenzado hace varios años durante los cuales la mujer estuvo inmersa en un círculo de violencia psicológica, física y, también, económica. Recién hace pocos meses logró fortalecerse para reclamar sus derechos.

La demandante contrajo matrimonio con él en 2002. En 2003 a su pareja se le preadjudicó un lote municipal en el que ambos construyeron una vivienda que estaba terminada dos años antes de separarse. Luego de la separación y posterior divorcio, el hombre se presentó ante la Municipalidad y, declaró como estado civil ser soltero.

De esta forma, logró renunciar los derechos del terreno -a título gratuito- a favor del organismo del Poder Ejecutivo local. En ese mismo acto, el lote fue adjudicado a la actual cuñada del hombre, quien lo inscribió a su nombre y quedando así como titular registral del propiedad.

En la demanda impulsada por la Defensa de pobres y ausentes, se peticionó la declaración judicial de nulidad de dichos actos administrativos por haber sido la Municipalidad inducida a error respecto de la realidad, convirtiéndose así en copartícipe de un proceder contrario al sistema jurídico. Por ello el proceso se enmarca, en el fuero contencioso administrativo.

«Este proceso pone de relevancia que es posible cuestionar documentos públicos cuando existen pruebas fácticas que así lo permiten y avizora que la perspectiva de género debe atravesar cada una de las instancias del proceso judicial en cualquiera de los fueros que lo componen», destacaron desde la Defensoría a cargo de la demanda que se encuentra en instancia de apelación ante la Cámara civil.

¿Qué es un bien ganancial?

El Código Civil vigente prevé como regla que cuando dos personas se unen en matrimonio (salvo que se opte por otro sistema) los bienes que se adquieren durante la sociedad conyugal (desde el matrimonio hasta la separación de hecho o el divorcio), como regla general, son gananciales. Esto quiere decir que la titularidad de los mismo corresponden en mitades iguales a cada uno delos integrantes del matrimonio, independiente de quien haya aportado el dinero que se utilizó para comprarlos y de cómo figuren sido inscriptos.

¿Cuándo y dónde consultar?

Ante cualquier duda es importante consultar a un abogado para evitar que la falta de asesoramiento adecuado y en tiempo perjudique la realización de sus derechos. Si es posible debe contarse con de la documentación en mano.

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