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¿Quiénes pueden denunciar violencia familiar?: Pidió ayuda por su tío y logró una medida de protección

El caso se inició bajo los parámetros de la Ley Provincial N°3040 de Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares.

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Una mujer de Catriel denunció en la Comisaría de la Familia que su tío se encontraba en riesgo a raíz de un conflicto con otras personas de su entorno. La jueza de Paz, en la urgencia y de manera telefónica, adoptó medidas y luego envió el expediente al fuero de Familia de Cipolletti. Ordenó el cese del hostigamiento y una prohibición de acercamiento de los denunciados al damnificado.

El caso se inició bajo los parámetros de la Ley Provincial N°3040 de Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares. La norma no solamente contempla los actos de violencia cometidos entre integrantes de una pareja en su sentido más amplio, sino también todos los actos de violencia que puedan ocurrir en el ámbito familiar en general, donde se vean afectados ascendientes (madres, padres, abuelos, abuelas), descendientes (hijos, hijas, nietos, nietas), hermanos y hermanas aunque no convivan, tíos, tías, primos y primas.

También alcanza a personas que sin ser parientes cumplen funciones asociadas a los roles parentales y a personas que habiten en el mismo hogar en forma permanente o temporaria y se encuentren en una situación de dependencia.

En el caso de Catriel el hombre damnificado venía sufriendo situaciones de hostigamiento y se encontraba en riesgo su integridad física y psíquica. Estaba inmerso en un conflicto con personas de su entorno familiar y ante esas circunstancias su sobrina concurrió a denunciar ante la Comisaría de la Familia de la ciudad.

En la misma conversación telefónica con personal de la unidad policial, la jueza de Paz adoptó medidas de protección. Dispuso el cese del hostigamiento y una prohibición de acercamiento a quinientos metros de la persona y residencia de la denunciante, como así de los lugares en que se encuentre o transite sean públicos o privados.

La Ley 3040 no solo habilita a denunciar a las víctimas de violencia, sino también a sus parientes, a los representantes legales y el Ministerio Público en caso de niños, niñas, adolescentes o incapaces y a las personas que en su relación de vecindad o amistad hayan tomado conocimiento del hecho si la víctima se está impedida para hacerlo de manera física o emocionalmente.

La denuncia, sin formalismos

Las medidas adoptadas durante la pandemia del Covid-19 llevaron a la desformalización de determinados actos jurídicos, como por ejemplo la denuncia. Antes de la cuarentena, muchos organismos recibían las denuncias de forma presencial pero desde el año 2020 en adelante la virtualidad modificó algunas rutinas. Durante el periodo de aislamiento estricto, las situaciones urgentes fueron admitidas en los correos electrónicos oficiales, por mensajería instantánea e incluso llamados telefónicos que en muchos casos fueron anónimos.

Durante el primer semestre de 2022, de los 6.690 ingresos de causas que se registraron en los 49 juzgados de Paz de la provincia, el 11,26% correspondió a violencia familiar (2.542 nuevas denuncias). El Juzgado de Paz de Catriel es el cuarto organismo con más denuncias de violencia después del de San Antonio Oeste, El Bolsón y Allen. La información surge del informe estadístico que elabora el Centro de Planificación Estratégica del Poder Judicial.

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Fue hallada la adolescente de 14 años que era buscada en todo Roca

Fue encontrada en buen estado de salud.

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Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que fue hallada la adolescente de 14 años que era intensamente buscada en toda la ciudad de General Roca.

La joven había sido vista por última vez el miércoles (30/11) a las 12.00 horas.

La adolescente fue encontrada en buen estado de salud y ya está con su familia.

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Le formularon cargos a la mujer que ingresó a la ESRN N° 1 y atacó a golpes a compañeros de su hijo

Además no podrá acercarse al domicilio de una de las víctimas por un radio de 200 metros.

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El Ministerio Público Fiscal imputó esta mañana (01/12) a una mujer de 43 años el delito de lesiones leves y solicitó medidas cautelares por un violento hecho ocurrido el 2 de noviembre pasado en la Escuela Secundaria Río Negro N° 1 de General Roca.

Según la acusación fiscal «la señora, madre de un menor alumno de la ESRN N° 1, ingresó a un curso cuando se encontraban estudiantes en clase junto a dos profesores y comenzó a increpar a los jóvenes. La mujer se abalanzó hacia uno de los adolescentes y comenzó a agredirlo con golpes de puño. Las lesiones fueron certificadas como de carácter leve».

En ese momento, describió la fiscal del caso, «algunos intentaron que la mujer cesara en su accionar, siendo agredidos sin ocasionarles lesiones. Finalmente, tras la intervención de uno de los preceptores, la señora se retiró del lugar».

La calificación legal esgrimida por la Fiscalía para esta etapa del proceso es la de lesiones leves según los Artículos 89 y 45 del Código Penal.

Entre el sustento probatorio mencionado se encuentran las denuncias penales realizadas por los y las progenitoras de algunos estudiantes, de personal del establecimiento escolar, certificado del menor que resultó lesionado, una filmación extraída de redes sociales de la situación, entre otra evidencia.

La defensora pública penal que asistió a la imputada durante la audiencia, no se opuso al hecho ni a la calificación legal esgrimida el día de hoy, y agregó que tras el asesoramiento recibido la señora había decidido no prestar declaración por ahora.

Las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, que no tuvieron oposición de la defensa, fueron prohibición de acercamiento al domicilio del menor por un radio de 200 metros, y no hostigarlo, ni ella ni a través de terceros, por ninguna vía, inclusive las digitales.

De esta manera, el juez de Garantías resolvió tener por formulados los cargos, otorgar un plazo de 4 meses para las medidas cautelares y el mismo tiempo para la investigación penal preparatoria.

La defensa penal pública se opuso a la publicidad de la audiencia por existir dos menores de edad involucrados, el hijo de la mujer imputada y el adolescente damnificado, cuya imagen e intimidad podría verse perjudicada. La Fiscalía, por su parte, se manifestó a favor de la publicidad de la audiencia con restricciones específicas.

En su resolución fundada el juez de Garantías interviniente declaró la reserva de la audiencia. Argumentó que existen precedentes del Tribunal de Impugnación que ordenan preservar al máximo toda referencia a menores de edad afectados por procesos penales (Fallo «Fau»). «Hay un plus protectorio para la tutela judicial efectiva respecto de los menores de edad», expresó el juez, quien fundó la decisión en normas internacionales, nacionales y provinciales.

Citó el art. 1 de la Ley N° 20.056, que expresamente prohíbe «en todo el territorio de la República la difusión o publicidad por cualquier medio de sucesos referentes a menores de 18 años de edad incursos en hechos que la ley califica como delitos o contravención o que sean víctimas de ellos».

También invocó la Ley Nacional y la Ley Provincial de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Convención de los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otras normas.

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Despojó a su pareja de un bien ganancial: Impulsan reclamo judicial

Además se reclaman los daños psicológicos y morales que el engaño le generó a la mujer y a los hijos de ambos.

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La Defensa Pública rionegrina impulsó una demanda en busca de anular un convenio de rescisión y nueva preadjudicación de un terreno, hecho por un hombre en perjuicio de los derechos de su ex pareja. Además se reclaman los daños psicológicos y morales que el engaño le generó a la mujer y a los hijos de ambos.

La situación conflictiva familiar había comenzado hace varios años durante los cuales la mujer estuvo inmersa en un círculo de violencia psicológica, física y, también, económica. Recién hace pocos meses logró fortalecerse para reclamar sus derechos.

La demandante contrajo matrimonio con él en 2002. En 2003 a su pareja se le preadjudicó un lote municipal en el que ambos construyeron una vivienda que estaba terminada dos años antes de separarse. Luego de la separación y posterior divorcio, el hombre se presentó ante la Municipalidad y, declaró como estado civil ser soltero.

De esta forma, logró renunciar los derechos del terreno -a título gratuito- a favor del organismo del Poder Ejecutivo local. En ese mismo acto, el lote fue adjudicado a la actual cuñada del hombre, quien lo inscribió a su nombre y quedando así como titular registral del propiedad.

En la demanda impulsada por la Defensa de pobres y ausentes, se peticionó la declaración judicial de nulidad de dichos actos administrativos por haber sido la Municipalidad inducida a error respecto de la realidad, convirtiéndose así en copartícipe de un proceder contrario al sistema jurídico. Por ello el proceso se enmarca, en el fuero contencioso administrativo.

«Este proceso pone de relevancia que es posible cuestionar documentos públicos cuando existen pruebas fácticas que así lo permiten y avizora que la perspectiva de género debe atravesar cada una de las instancias del proceso judicial en cualquiera de los fueros que lo componen», destacaron desde la Defensoría a cargo de la demanda que se encuentra en instancia de apelación ante la Cámara civil.

¿Qué es un bien ganancial?

El Código Civil vigente prevé como regla que cuando dos personas se unen en matrimonio (salvo que se opte por otro sistema) los bienes que se adquieren durante la sociedad conyugal (desde el matrimonio hasta la separación de hecho o el divorcio), como regla general, son gananciales. Esto quiere decir que la titularidad de los mismo corresponden en mitades iguales a cada uno delos integrantes del matrimonio, independiente de quien haya aportado el dinero que se utilizó para comprarlos y de cómo figuren sido inscriptos.

¿Cuándo y dónde consultar?

Ante cualquier duda es importante consultar a un abogado para evitar que la falta de asesoramiento adecuado y en tiempo perjudique la realización de sus derechos. Si es posible debe contarse con de la documentación en mano.

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