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Judiciales

Abogado de Emiliano Gatti: «El procedimiento fue bochornoso y escandaloso»

«Es disparatado creer que Gatti pertenezca a una red internacional de pederastas», sostuvo Hertzriken Velasco.

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El abogado del periodista Emiliano Gatti, quien ayer (15/11) fue detenido durante 10 horas en el marco de una investigación por por presunta tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual infantil, calificó el procedimiento judicial como «disparatado, bochornoso y escandaloso».

En este sentido, el Dr. Marcelo Hertzriken Velasco, sostuvo en diálogo con Ahí Vamos (de lunes a viernes de 7 a 9 por La Super FM 96.3) «vamos a declarar la nulidad de la causa. No hay pruebas suficientes».

«Fue un procedimiento bochornoso e ilegal, ante una mera sospecha de una IP, no de él, que se habría conectado con algún sitio que contendría imágenes de abuso sexual infantil. No tenían elementos para formularle cargos», agregó.

«El procedimiento fue vejatorio. Pareció un allanamiento por drogas, donde habitualmente puede haber resistencia de quien está el interior. En otros procedimientos, como por ejemplo en Cipolletti, no hubo detenidos ni le rompieron la puerta de la vivienda a quien allanaron», manifestó indignado Hertzriken Velasco.

«Además no tuvieron los cuidados que deberían tener por ser Gatti parte de la comunidad vulnerable. No creo que puedan asegurar lo que le están acusando», añadió el letrado.

«Vamos por la nulidad de la causa, aunque lamentablemente el daño ya está producido. Es disparatado creer que Gatti pertenezca a una red internacional de pederastas», expresó.

Denunció Hertzriken Velasco que «los funcionarios judiciales deben ser apartados por como han actuado sin pruebas. Gatti está desbastado pero a su vez acostumbrado por pertenecer a un colectivo vulnerable», concluyó.

Judiciales

La Justicia le otorgó dos salidas transitorias por mes a Susana Freydoz

Durante las salidas, la mujer condenada por el asesinato de Carlos Soria no podrá exceder los límites de la ciudad de General Roca.

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Tras verificar en una audiencia el cumplimiento de todos los requisitos legales, el juez de Ejecución de Roca, Fernando Romera, otorgó este lunes (28/11) el beneficio de dos salidas transitorias mensuales a Susana Graciela Freydoz, quien se encuentra cumpliendo una condena de 18 años de prisión por el asesinato del ex gobernador de Río Negro, Carlos E. Soria.

El régimen de salidas transitorias se fijó por el plazo de tres meses, incluyendo todo el mes de febrero de 2023. El permiso está limitado a 72 horas mensuales de salidas transitorias (una salida de 24 horas y una salida de 48 horas).

Según estableció el juez en la audiencia, que se realizó esta mañana por Zoom, cada salida será con acompañamiento de un tutor y monitoreada con un dispositivo electrónico GPS. Entre la decena de pautas de conducta que fijó el magistrado, se destaca que durante las salidas la mujer no podrá exceder los límites de la ciudad de General Roca y deberá pernoctar en el domicilio específicamente asignado para el cumplimiento del beneficio. Finalizado el horario tope para cada salida, la mujer de 72 años deberá regresar a la vivienda donde actualmente cumple la condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

Según se explicó en la sentencia, si la mujer detenida cumple adecuadamente con todas las pautas y condiciones establecidas para los tres próximos meses, el Juzgado quedará en condiciones de realizar una nueva audiencia para tratar el beneficio de libertad condicional que fue solicitado hoy por su defensa.

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Judiciales

Resarcimiento para mamá que pagó 20 cuotas del viaje de egresados de su hija y lo suspendieron

La empresa no la atendió más. Fue durante la pandemia por el COVID.

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Una mamá sanantoniense celebró un contrato con una empresa para la realización del viaje de egresados de su hija, con destino a Uruguay y Brasil. Abonó la seña y comenzó a pagar las cuotas. A los pocos meses se desató la pandemia de COVID.

Sin embargo, continuó pagando mensualmente hasta completar 20 cuotas. En septiembre de 2021, con las restricciones sanitarias flexibilizadas, fue a consultar por la fecha del salida. Luego de reiterados llamados consiguió contactarse y le informaron que habían cancelado el viaje. Posteriormente, no hubo más comunicación con la empresa.

Oportunamente inició el reclamo de carácter administrativo en el Departamento de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Antonio Oeste. Allí la empresa reconoció la suscripción del contrato de prestación de servicios turísticos y ofreció devolver un poco más de 50 mil pesos en dos cuotas. Pero la mamá aseguró que era menor al que correspondía.

Como no se arribó a ningún tipo de acuerdo la mujer decidió iniciar la demanda de menor cuantía en el Juzgado de Paz de San Antonio Oeste. Se convocó a la audiencia, pero sólo asistió la parte demandante y la empresa no justificó su ausencia.

En el fallo, la jueza de paz suplente dijo que se trataba de una “contratación comercial” que ubica la relación en el marco del derecho del consumidor.

Explicó que “el perjuicio sufrido por la actora no solo fue el hecho en sí de la cancelación del viaje, y la falta del reintegro de las sumas ofrecidas en tiempo y forma”. También “la conducta desplegada por la demandada en la falta de respuestas adecuadas, efectivas y concretas, no hacen más que comprobar la situación de padecimiento y aflicción por parte de quien demanda. Obligando al derrotero de reclamos por las diversas vías que debió concurrir”.

Recordó que la Ley 24.240 que establece: «el daño directo es todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o consumidor, susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado de manera inmediata sobre sus bienes o sobre su persona, como consecuencia de la acción u omisión del proveedor de bienes o del prestador de servicios”.

Tuvo en cuenta que “de la prueba documental aportada por la mujer se vislumbra que la empresa demandada ha desplegado una conducta desaprensiva para con la mamá en los reiterados reclamos efectuados”. En este contexto, “este tipo de practicas empresariales y abusivas son pasibles de la implementación de la sanción normada en el articulo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, en concepto de daño punitivo”.

Finalmente el Juzgado de Paz condenó a la empresa Bienes G y G S.A , cuyo nombre de fantasía es London Travel, a abonar a la mujer la suma de $100.000 en concepto de daño directo, más $80.000 en concepto de daño punitivo, más intereses.

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El Municipio debe limpiar un desagüe “tantas veces como sea necesario” para prevenir desbordes cloacales

El fallo del Superior Tribunal de Justicia surge tras un amparo presentado por vecinos de las 60 Viviendas.

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El Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia de amparo que ordenó al Municipio de Roca “arbitrar todos los medios necesarios -en uso de las facultades y deberes que le corresponden- para evitar futuros desbordes del desagüe que corre paralelo a la calle José Ingenieros e inundaciones en los hogares” del barrio 60 Viviendas.

El fallo avalado por el STJ declaró que el Municipio tiene el deber “de prevención” respecto de los daños que puedan causar los desbordes en el desagüe de la calle José Ingenieros entre Mendoza y Viedma, incluso cuando las obras estructurales para resolver el problema dependan del estado Provincial, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) o de la empresa Aguas Rionegrinas, concesionaria del servicio público.

Según surge del expediente, el desagüe que se desborda está destinado a la descarga y escurrimiento del agua de lluvia (es un desagüe pluvial), pero ha sido utilizado para el vertido de líquidos cloacales. Según reclamaron los y las amparistas, la falta de un adecuado mantenimiento de ese desagüe por parte de la municipalidad ayudó a que los líquidos se desbordaran y llegaran a las casas del barrio.

Al rechazar el recurso de apelación del municipio, el STJ compartió el argumento de la jueza de primera instancia, en cuanto sostuvo que el estado municipal “no debe asumir una actitud pasiva y/o limitarse a verificar la infracción a fin del cobro de la multa correspondiente, sino que tiene que adoptar las medidas pertinentes a fin de evitar que el daño se agrave, en forma coordinada con la empresa concesionaria del servicio y/o autoridad concedente -DPA- y/o el gobierno provincial”.

El fallo recalcó que, por mandato constitucional, al Municipio le compete “velar por la salubridad, prevenir el daño, poniendo a disposición los recursos y medios técnicos existentes para actuar a través del diálogo y la concertación”.

La acción de amparo fue iniciada por un grupo de vecinos y vecinas del barrio 60 Viviendas. La sentencia definió que, más allá de que los desbordes ocurran por “factores que escapan a su control”, el Municipio debe garantizar el saneamiento del desagüe “tantas veces como sea necesario para que no se produzcan daños en la salud y las viviendas del lugar”.

Al apelar la sentencia original, el Municipio reclamó que el fallo “es arbitrario, toda vez que responsabiliza al Municipio por la violación de obligaciones que no le competen”.

En respuesta, el grupo de amparistas aclaró que no están reclamando al municipio “acciones vinculadas con el manejo, distribución y tratamiento de los residuos cloacales”, porque no son de su competencia, pero sí le están pidiendo a través del amparo el adecuado mantenimiento del desagüe y “que realice las tareas necesarias para que no haya más desbordes”.

En el mismo sentido, el dictamen del Procurador General recalcó que “no se está responsabilizando a la Comuna por las crecidas de efluentes cloacales, sino por la ausencia de ‘prevención del daño’ que se ocasiona por la falta de limpieza del canal”.

El Superior Tribunal de Justicia confirmó así la sentencia de amparo que “ordena al Municipio arbitrar los medios necesarios, en uso de las facultades y deberes que le corresponden, para evitar futuros desbordes del desagüe e inundaciones en el Barrio 60 viviendas”, lo que implica su obligación de implementar “las medidas inmediatas para garantizar el trabajo, la limpieza, las tareas de mantenimiento y otras necesarias” a fin de prevenir nuevos desbordes.

“En tal contexto, es razonable el fundamento de la magistrada (de primera instancia) al sostener que la Municipalidad no puede desentenderse de la grave situación de los vecinos manifestando que limpian dos veces al año y que los derrames obedecen a factores externos que escapan a su control”.

Finalmente, el STJ descartó que la sentencia sea arbitraria “dado que no establece obligaciones que exceden la órbita de competencia municipal”, sino que le ordena “arbitrar los medios necesarios” para evitar futuras inundaciones.

Amparo colectivo

En otro proceso judicial referido al mismo sector, el Municipio de Roca inició un amparo colectivo contra Aguas Rionegrinas y el DPA para reclamarles “medidas de mitigación de la contaminación ambiental en el sector C19 (calle José Ingenieros e Israel)”. En ese expediente se analiza el origen del vertido de desechos cloacales en el desagüe del barrio 60 Viviendas (entre otros lugares) y se ordenaron medidas cautelares a los organismos provinciales.

Los dos expedientes tramitan por separado, porque así lo consintieron todas las partes en una audiencia realizada ante la jueza.

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