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Lo echaron de la Policía con un sumario infundado: Deberán pagarle los salarios caídos

Lo acusaron de conducir en estado de ebriedad y de resistirse a la autoridad, pero ninguna prueba científica lo comprobó.

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Un policía de Roca protagonizó un siniestro vial mientras estaba fuera de servicio. Un sumario interno ordenó su cesantía con acusaciones que luego se comprobaron infundadas. En dos fallos, el Poder Judicial sostuvo que la Resolución que lo echaba de la fuerza era nula. Ahora, y teniendo en cuenta que cuando fue cesanteado cursaba una enfermedad incapacitante, también podrá cobrar los salarios no percibidos desde su despido. Así lo confirmó el Superior Tribunal de Justicia en un fallo reciente.

El hombre «inició su relación laboral como integrante del personal policial de la Provincia, debiendo rendir satisfactoriamente un examen de aptitud psico-físico. En el curso de su carrera policial fue ascendido en varias oportunidades con notas sobresalientes, obteniendo distinciones de mérito y diplomas de honor», se destaca en el fallo.

Luego «ingresó a la Brigada de Investigaciones División Toxicomanía, donde desarrolló tareas que le valieron varios reconocimientos, manteniéndose plenamente capacitado para su labor, acreditándolo como auxiliar superior operativo para la lucha con el tráfico ilícito de droga».

Luego de diez años en la fuerza, «es aprehendido por personal policial de la Comisaría 3°, al protagonizar un accidente de tránsito, no estando en cumplimiento de sus funciones». A raíz de aquel episodio se inició una causa penal -que poco después resultó desestimada por »’insignificancia procesal’- y se instruyó un sumario administrativo disciplinario en la Jefatura de Policía, que concluyó con el dictado de una Resolución, en el año 2011, por la cual se lo declaró cesante. Se lo acusó de estar ebrio y de haberse resistido a la autoridad, pero ninguna prueba científica lo comprobó.

Un año antes de que se dictara la cesantía, la Junta Médica Provincial había dictaminado que el policía padecía un 70% de incapacidad laboral por una enfermedad psiquiátrica. Ambas sentencias favorables al trabajador destacaron que el trámite de retiro por invalidez quedó trunco por la cesantía y que eso alteró «el orden normal y previsible de las cosas».

Tras agotar todas las instancias administrativas, años después el policía inició una demanda judicial que derivó en un fallo de la Cámara Laboral Segunda de Roca a su favor. Ese Tribunal anuló la cesantía tras declarar que existió una «irrazonable discrecionalidad por parte del Tribunal de Disciplina». Luego, por la apelación de la Jefatura, el caso llegó al Superior Tribunal de Justicia.

El máximo Tribunal recordó que la Provincia no apeló ante el STJ la porción de la sentencia que decretaba la nulidad de la Resolución de cesantía y que ordenaba su retiro por incapacidad o bien, si su salud lo permitía, su reincorporación al servicio. De esa manera, la nulidad quedó firme.

Entonces, la cuestión a definir tenía que ver con los salarios caídos desde el momento de la cesantía hasta su efectiva reincorporación o jubilación. El STJ recordó «la doctrina legal vigente en la materia, de acuerdo a la cual no corresponde -como regla- el pago de remuneraciones por funciones no desempeñadas durante el período que media entre la separación del agente público -aún dado ilegítimamente de baja- y su reincorporación».

Sin embargo, en este caso específico se justificó una excepción a aquella regla porque «resulta innegable que al momento de su cesantía el actor gozaba de licencia remunerada por enfermedad, renovada sin interrupciones, y con dictamen médico de incapacidad, en un grado tal que habilitaba su pase a retiro, tal como lo dispone la normativa vigente», dice la sentencia.

El máximo Tribunal tuvo en cuenta que «al momento de disponerse su baja el agente se encontraba en uso de licencia por enfermedad, con diagnóstico médico de incapacidad total, y sin obligación -por ello- de prestar servicios, por lo que resulta procedente el pago de los salarios caídos desde la cesantía».

Judiciales

Sumarán salas de lactancia en los principales edificios judiciales de la provincia

Roca es uno de los lugares donde se llevará adelante la iniciativa que ya funciona en Viedma.

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El Superior Tribunal de Justicia ordenó, mediante una Acordada, la instalación de salas de lactancia en los edificios judiciales de Roca, Cipolletti, Villa Regina y Bariloche, replicando la positiva experiencia de la que funciona en el complejo judicial de Viedma desde hace poco más de un año. Esos espacios están destinados «al personal judicial que alimente a hijos e hijas de hasta dos años de edad».

La decisión del STJ se basa en la Ley Nacional N° 26.873, que dispone la promoción y la generación de conciencia pública sobre la importancia de la lactancia y de las practicas óptimas de nutrición segura para lactantes. Esa misma ley promueve la creación de centros de lactancia, estrategias que promuevan la práctica de la lactancia y «el establecimiento de lactarios en los lugares de trabajo».

«Este Superior Tribunal de Justicia ha incorporado la perspectiva de Derechos Humanos y Género como política pública institucional y transversal», dice la Acordada. Por eso, la Oficina de Derechos Humanos y Género ha impulsado el cumplimiento gradual de la creación de los centros de lactancia en el Poder Judicial.

La primera experiencia fue la sala de lactancia de Viedma, que funciona desde el 31 de agosto de 2021. Desde su implementación, la necesidad de ese espacio y su utilización concreta quedaron rápidamente a la vista. Funciona dentro de las instalaciones de la Oficina de Derechos Humanos y Género y cuenta con la privacidad y los elementos necesarios para la comodidad de la dupla durante la lactancia.

La Acordada asignó al área de Arquitectura Judicial el diseño de un plan de implementación progresiva de las salas, que funcionarán en Cipolletti, en el edificio ubicado en la esquina de las calles Roca y Sarmiento y en el futuro Complejo Judicial de esa ciudad; en la Ciudad Judicial de Roca; en el edificio judicial de calle O’Connor 20 de Bariloche y en el futuro Complejo Judicial de esa ciudad, y en el Complejo Judicial de Villa Regina.

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Judiciales

Por las dos muertes en el siniestro de Ruta 2, la justicia investiga a una mujer

Fausto Gil de 12 años, oriundo de Roca, murió en el choque, al igual que su tío abuelo-

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La Fiscal Analía Álvarez caratuló como «doble homicidio culposo» la causa por el deceso del menor de 12 años oriundo de Roca, Fausto Gil, y su tío abuelo de 61, Manuel Gil, en un siniestro ocurrido el 31 de diciembre de 2022 en la Ruta provincial 2, a la altura de El Solito.

En la causa la fiscal investiga a una mujer, que sería la conductora de la camioneta Chery Tiggo que el día del siniestro en una maniobra de sobrepaso invadió el carril contrario, provocando, en teoría, choque frontal con el Gol Trend en que viajaban las víctimas fatales.

El Gol Trend era conducido por Manuel Gil, venía con Fausto hacia Roca, donde vivía el menor.

La muerte de hombre mayor ocurrió en el acto. El menor fue asistido por las personas que se acercaron hasta el lugar y trasladado al hospital de Pomona, donde falleció. 

La conductora que viajaba en el Chery Tiggo iba acompañada de su marido y sus hijos adolescentes, quienes sufrieron algunas heridas y fueron atendidos en el hospital de San Antonio Oeste.

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Parra seguirá con prisión preventiva por el crimen de Agustina Fernández

El plazo de prisión preventiva fijado el 23 de diciembre es de seis meses, mientras avanza la investigación.

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El único imputado por el crimen de la joven pampeana Agustina Fernández, asesinada en Cipolletti en julio de 2022, Pablo Parra, debería seguir detenido cumpliendo con la prisión preventiva.

El juez de Garantías Baquero Lazcano expresó que analizando todo el contexto y la relación previa de Parra con la víctima, «entonces se comprenderá que en realidad, según la hipótesis de la acusación, es una tarea de desvío, de entorpecer el descubrimiento de la verdad, al decir que fue un robo, mostrando una coartada y tratando de desviar la atención del eje central, que es el femicidio”.

La audiencia de este jueves había sido solicitada por la defensa para tratar de revertir la medida cautelar. En ese marco, el defensor cuestionó ante el juez de revisión, Guillermo Baquero Lazcano, los argumentos que fundamentaron aquella medida cautelar, basados en el peligro procesal de entorpecimiento de la investigación.

Según afirmó la defensa, el imputado colaboró con la investigación desde el primer momento y en los meses posteriores al hecho. Inmediatamente, y en contraposición a esa afirmación, la Fiscalía enfatizó en que todo ese accionar sólo fue desplegado por el imputado para tratar de desviar la investigación.

La Fiscalía también planteó en la audiencia la necesidad de incorporar el peligro de fuga como segundo riesgo procesal para sostener la prisión preventiva, más allá del riesgo de entorpecimiento de la investigación que ya había sido reconocido por la jueza de Garantías. El juez Revisor hizo lugar a ese planteo.

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