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Tendinitis mal atendida por la ART dejó a una mujer con una grave incapacidad laboral

A la trabajadora se le desmoronaron unas 20 docenas de cajas vacías. Como se le venían encima, levantó su brazo izquierdo para apartar las que caían y fue entonces cuando sintió un fuerte tirón en todo el brazo y la mano.

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El Superior Tribunal de Justicia confirmó una sentencia que ordena a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo indemnizar a una mujer que sufrió un accidente laboral, en principio menor, pero que luego quedó con un brazo inválido por falta de atención adecuada y sostenida. Además, unos meses después del siniestro fue despedida, por lo que se quedó sin obra social.

La mujer ingresó a trabajar en una fábrica de pastas frescas en Bariloche. A los meses, para entregar un pedido, quiso bajar unas cajas que estaban apiladas más arriba de su cabeza. Pero al hacerlo se le desmoronaron unas 20 docenas de cajas vacías. Como se le venían encima, levantó su brazo izquierdo para apartar las que caían y fue entonces cuando sintió un fuerte tirón y ardor en todo el brazo y la mano.

Con un primer diagnóstico de ‘tendinitis’, la ART dispuso prestaciones médicas y sesiones de kineseología. Tiempo después le dio el alta médica sin reconocer ningún tipo de secuela y declarando que la enfermedad era ‘inclulpable’, es decir, que no tenía relación con el trabajo. Pocas semanas después la mujer fue despedida.

Como la señora seguía sintiendo dolor, cuestionó la decisión de la ART ante las Comisiones Médicas. En un primer trámite no se le reconoció ninguna incapacidad. Pero apeló y le reconocieron una invalidez del 4%. Con el mismo cuadro, siguió impulsando el trámite y le dictaminaron una incapacidad del 9%. Sin embargo, en todos esos meses de trámites estuvo sin atención médica adecuada y la dolencia se hizo crónica. Por eso, ya en el marco del juicio laboral que inició la mujer, un perito médico especialista estableció que presentaba una incapacidad del 45,57% y que la misma era ‘definitiva’. El informe de otra médica experta en dolor señaló además que padecía el ‘síndrome de suddeck’, por el cual indicó un porcentaje mayor de incapacidad en el brazo izquierdo.

Ante la Cámara Laboral la ART se defendió afirmando que, en su debido momento, «reconoció el siniestro, prestó las prestaciones medicas necesarias y luego abonó las incapacidades dictaminadas por las Comisiones Médicas intervinientes». Por lo tanto, afirmó, «nada más adeuda ni debe».

Dolencia desatendida

En el fallo de primera instancia los jueces de Bariloche avalaron una pericia médica que mostró la evolución de la enfermedad y concluyeron que la tendinitis «en un primer momento fue insuficientemente atendida y luego abiertamente desatendida».

«Hago mío el disgusto del médico respecto de la evolución que tuvo la enfermedad de la señora, que provocaron que tenga un miembro superior casi nulo o inválido por la desatención de la tendinitis inicial», dijo el Tribunal.

La Cámara, finalmente, declaró una incapacidad del 51,8% y ordenó a la ART que le abone en un solo pago la liquidación definitiva de la indemnización legal y que cubra económicamente «las prestaciones médicas necesarias para que la actora recupere en lo más posible su estado de salud anterior al acaecimiento del siniestro laboral».

La ART interpuso un recurso contra esa sentencia, que fue rechazado por la misma Cámara Laboral. Por eso avanzó hacia el Superior Tribunal de Justicia con un recurso de queja, para cuestionar aquella denegatoria.

«El escrito bajo análisis no cumple con el objeto propio de la queja, consistente en patentizar el error jurídico», dijo el STJ al rechazar el planteo de la aseguradora. «No surge un agravio concreto o fundamentos sólidos capaces de demostrar la improcedencia de lo decidido» por la Cámara Laboral, concluyó el máximo tribunal provincial al rechazar el recurso de queja y confirmar la sentencia.

Judiciales

Vendió su auto y el nuevo dueño no pagó más la patente: La deuda se siguió acumulando a su nombre

El Superior Tribunal de Justicia se expidió al respecto.

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El Superior Tribunal de Justicia, en uno de los fallos del año pasado que marcó pautas de acción, definió los requisitos y el camino procesal que debe seguir una acción de hábeas data, conocida también como «amparo especial de protección de datos personales»

Entre las novedades de la sentencia –que es doctrina legal obligatoria para todos los Juzgados de la provincia- se determinó que las apelaciones en estos procesos no se realizarán ante las Cámaras Civiles, sino ante el propio STJ, que en adelante será el Tribunal de alzada. Esta decisión se fundamenta en que el hábeas data participa de la misma naturaleza que el amparo genérico. De esta forma, además, se garantiza la intervención del máximo Tribunal provincial, y se brinda la oportunidad de que las partes puedan recurrir a la Corte Suprema de Justicia.
El fallo fue refrendado por la totalidad de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, que compartieron los criterios establecidos.

El caso

El caso es el de una mujer del Alto Valle que vendió su auto y, a pesar de que hizo la denuncia de venta en el Registro Nacional del Automotor, no hizo lo propio ante la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro, que es el organismo que percibe el impuesto provincial de patente. La obligación de hacer esa segunda denuncia de venta surge de la Ley Provincial N° I 1284.

Como tampoco se hizo enseguida la trasferencia del auto en el Registro del Automotor y el nuevo dueño no pagó más la patente, la deuda impositiva se siguió acumulando a nombre de la señora.

En este punto, se dio otra definición del Superior Tribunal de Justicia: la acción de hábeas data no es la vía para resolver esta situación, que se repite con frecuencia.

En efecto, la información que registraba la Agencia de Recaudación Tributaria de la provincia tenía sustento en una Ley Provincial que establece quiénes son las personas obligadas al pago del impuesto. Por lo tanto, si se pretende la declaración de inconstitucionalidad de la norma provincial que da sustento a la información así registrada, la vía procesal adecuada para plantear el tema no es el hábeas data, sino precisamente la acción de inconstitucionalidad que prevé el Código Procesal Civil y Comercial.

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Judiciales

Sumarán salas de lactancia en los principales edificios judiciales de la provincia

Roca es uno de los lugares donde se llevará adelante la iniciativa que ya funciona en Viedma.

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El Superior Tribunal de Justicia ordenó, mediante una Acordada, la instalación de salas de lactancia en los edificios judiciales de Roca, Cipolletti, Villa Regina y Bariloche, replicando la positiva experiencia de la que funciona en el complejo judicial de Viedma desde hace poco más de un año. Esos espacios están destinados «al personal judicial que alimente a hijos e hijas de hasta dos años de edad».

La decisión del STJ se basa en la Ley Nacional N° 26.873, que dispone la promoción y la generación de conciencia pública sobre la importancia de la lactancia y de las practicas óptimas de nutrición segura para lactantes. Esa misma ley promueve la creación de centros de lactancia, estrategias que promuevan la práctica de la lactancia y «el establecimiento de lactarios en los lugares de trabajo».

«Este Superior Tribunal de Justicia ha incorporado la perspectiva de Derechos Humanos y Género como política pública institucional y transversal», dice la Acordada. Por eso, la Oficina de Derechos Humanos y Género ha impulsado el cumplimiento gradual de la creación de los centros de lactancia en el Poder Judicial.

La primera experiencia fue la sala de lactancia de Viedma, que funciona desde el 31 de agosto de 2021. Desde su implementación, la necesidad de ese espacio y su utilización concreta quedaron rápidamente a la vista. Funciona dentro de las instalaciones de la Oficina de Derechos Humanos y Género y cuenta con la privacidad y los elementos necesarios para la comodidad de la dupla durante la lactancia.

La Acordada asignó al área de Arquitectura Judicial el diseño de un plan de implementación progresiva de las salas, que funcionarán en Cipolletti, en el edificio ubicado en la esquina de las calles Roca y Sarmiento y en el futuro Complejo Judicial de esa ciudad; en la Ciudad Judicial de Roca; en el edificio judicial de calle O’Connor 20 de Bariloche y en el futuro Complejo Judicial de esa ciudad, y en el Complejo Judicial de Villa Regina.

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Por las dos muertes en el siniestro de Ruta 2, la justicia investiga a una mujer

Fausto Gil de 12 años, oriundo de Roca, murió en el choque, al igual que su tío abuelo-

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La Fiscal Analía Álvarez caratuló como «doble homicidio culposo» la causa por el deceso del menor de 12 años oriundo de Roca, Fausto Gil, y su tío abuelo de 61, Manuel Gil, en un siniestro ocurrido el 31 de diciembre de 2022 en la Ruta provincial 2, a la altura de El Solito.

En la causa la fiscal investiga a una mujer, que sería la conductora de la camioneta Chery Tiggo que el día del siniestro en una maniobra de sobrepaso invadió el carril contrario, provocando, en teoría, choque frontal con el Gol Trend en que viajaban las víctimas fatales.

El Gol Trend era conducido por Manuel Gil, venía con Fausto hacia Roca, donde vivía el menor.

La muerte de hombre mayor ocurrió en el acto. El menor fue asistido por las personas que se acercaron hasta el lugar y trasladado al hospital de Pomona, donde falleció. 

La conductora que viajaba en el Chery Tiggo iba acompañada de su marido y sus hijos adolescentes, quienes sufrieron algunas heridas y fueron atendidos en el hospital de San Antonio Oeste.

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