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Homicidio de Facundo Castillo: El roquense Ramiro Gutiérrez seguirá detenido

El hecho ocurrió en diciembre pasado en Cipolletti, luego de la finalización de una fiesta electrónica.

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Terminó el control de acusación en la causa que tiene como imputado a Ramiro Gutiérrez. Por el episodio del 19 de diciembre del año pasado, después de una fiesta electrónica en Cipolletti, la Fiscalía le atribuyó el homicidio de Facundo Castillo y cinco tentativas de homicidio más. El joven roquense se encuentra detenido y en la última audiencia se prorrogó la preventiva por cuatro meses hasta la realización del juicio por jurados.

El control de acusación es la etapa intermedia del proceso penal y su culminación implica la habilitación para enviar el caso a juicio oral y público. De acuerdo a la postura de la Fiscalía y de la querella, quienes pretenden una pena mayor a 12 años, la conducta de Gutiérrez será juzgada mediante un juicio por jurados. El plazo legal entre la finalización del control de acusación y la realización del juicio es de dos meses, es decir que el caso se juzgará durante el primer trimestre del próximo año.

En la última audiencia del control de acusación que se hizo el viernes pasado (16/12), la Fiscalía y la querella solicitaron la prórroga de la prisión preventiva de Ramiro Gutiérrez, detenido desde el 22 de diciembre del año pasado. La defensa alegó por una morigeración de la medida cautelar.

La jueza María Florencia Caruso, designada para esta etapa y quién conducirá técnicamente el juicio por jurados, analizó la razonabilidad y legalidad de la medida. Resolvió extender la preventiva durante cuatro meses más, hasta la realización del juicio.

Consideró las circunstancias particulares del caso y su complejidad, la pretensión punitiva que no contempla penas en suspenso, la evidencia recolectada durante la etapa de investigación y presentada en la formulación de cargos y en el control de acusación. También evaluó los riesgos procesales de peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Adujo que ambos riesgos subsisten y ponderó la tranquilidad que se les debe garantizar a los más de 70 testigos admitidos que deberán presentarse ante el jurado popular.

Durante el control de acusación se expusieron dos teorías del caso, la de la parte acusadora -Fiscalía y querella- y la de la defensa.

El hecho ocurrió el 19 de diciembre de 2021 a las 7.08 de la mañana al concluir una fiesta electrónica que se hizo en inmediaciones de la calle Julio Dante Salto y la Ruta Nacional N° 22 de Cipolletti. En ese contexto, hubo una discusión entre el grupo que lideraba el acusado Ramiro Gutiérrez y los amigos de Facundo Castillo, la víctima fatal.

Según la acusación de la Fiscalía y de la querella, Gutiérrez se habría subido a su camioneta BMW modelo X1, cruzó el semáforo en rojo y giró en U. Entonces aceleró en dirección a la banquina donde se encontraban los jóvenes. Con la parte delantera de su camioneta impactó a Facundo Castillo y lo arrastró por 14 metros. Otra persona alcanzó a empujar al grupo de cinco amigos y los salvó de ser atropellados.

En función de esa secuencia Gutiérrez fue acusado por el homicidio de Facundo y por las cinco tentativas de homicidio de los demás jóvenes. La defensa, en cambio, planteó un homicidio culposo, sin la intención de matar.

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Servían el desayuno cuando el colectivo bajó bruscamente a la banquina: Quemaron a la pasajera con el café

Deberán indemnizarla con más de 1 millón de pesos.

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Una pasajera que viajaba desde la provincia de Chubut a Cipolletti sufrió graves quemaduras en medio de un control de tránsito en la Ruta Nacional N° 22. Justo cuando el auxiliar servía el desayuno, el micro detuvo la marcha en Contralmirante Guerrico. El chofer bajó bruscamente a la banquina y el café se volcó sobre las piernas de la joven. Será indemnizada en más de 1 millón de pesos.

Una sentencia del fuero civil de Cipolletti condenó a la empresa de transporte por su responsabilidad en el incidente. El monto de la indemnización se fijó en $1.090.982,72 y la cifra incluye el tratamiento psicológico al que debe someterse la pasajera para superar el episodio, el daño moral y los gastos de farmacia y tratamiento médico. La compañía de seguros también fue incluida en la condena, salvo en la multa civil de $300.000 que se le impuso exclusivamente a Transportes Don Otto S.A.

En ese aspecto el fallo estimó que la empresa incurrió en incumplimientos tanto legales como contractuales. No solo por la maniobra brusca en la conducción del vehículo que provocó la caída del café servido por el auxiliar de la empresa, sino también por la falta de medidas de seguridad para evitar accidentes, y su conducta posterior con un total desprecio por la integridad humana.

Se mencionó que no se derivó a la pasajera a ningún centro de salud cercano al lugar del accidente, a pesar de que el chofer y el auxiliar sabían que la mujer estaba gravemente quemada y manifestaba extremos dolores. «Ello con el único y evidente fin de llegar al destino de Cipolletti, y aun al arribar a esta ciudad, una vez en la Terminal de Ómnibus la empresa demoró más de dos horas en trasladarla a un centro médico asistencial», dice el fallo que todavía no está firme porque puede ser apelado.

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Deberán indemnizarlo con más de 4 millones luego de que lo atacaron en la vereda de un conocido bar

La víctima estuvo 17 días internado con traumatismo de cráneo y rostro. La condenada es la sociedad que administró el pub.

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El cliente de un pub de Cipolletti que fue atacado en la vereda percibirá una indemnización mayor a la fijada inicialmente. Mientras el personal de seguridad estaba desalojando el local, el hombre recibió un golpe en el rostro que le causó múltiples fracturas. Con el reajuste, la indemnización supera los 4 millones y medio de pesos.

La sentencia de primera instancia sostuvo que el titular o concesionario de una discoteca debe velar porque ni las prestaciones o servicios brindados, ni los objetos o dependientes suyos, ni la actividad, desórdenes y pasiones que genera el objeto propio de su quehacer comercial provoquen daños en las personas o los bienes de sus clientes. «Como derivación de la obligación legal de seguridad impuesta por el citado art. 5 de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.440 el titular de la disco debe asegurar la salida de sus cocontratantes sanos y salvos, esto es, en la misma forma que ingresaron al local», se cita en el fallo.

También se consignó en esa resolución que la obligación del «deber de seguridad» incluye la zona de ingreso y egreso, como en este caso, puesto que el episodio ocurrió en la vereda.

El hombre que resultó herido había concurrido al local bailable que funcionó bajo el nombre de Única, ubicado en la intersección de las calles Fernández Oro y Miguel Muñoz de Cipolletti. Allí se generaron disturbios entre algunos de los clientes y, tras la expulsión de los involucrados por parte del personal de seguridad, el damnificado recibió de manera imprevista un golpe de puño en su rostro que le causó una caída al piso, con traumatismo de cráneo y rostro.

Estuvo 17 días internado y debieron colocarle una placa con tornillos. El perito dictaminó que el paciente presentó secuelas anatómicas y funcionales con una incapacidad laborativa parcial y permanente del 15%.

En la apelación, un segundo fallo reajustó el rubro de incapacidad y fijó una suma de dinero por los gastos médicos y de farmacia. El monto total se fijó en la suma de $4.537.616,14 y la condenada es la sociedad que administró el pub.

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Sufría violencia de género y la echaron de la Policía: Un fallo confirmó la indemnización

Además, la Justicia exige capacitación obligatoria para toda la institución policial.

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Una joven policía del Alto Valle fue desafectada de la fuerza porque la violencia doméstica y de género que padecía afectó su rendimiento. El día del ataque más grave, el agresor la golpeó, le quitó el arma reglamentaria y finalmente se suicidó. En respuesta, la institución le inició un sumario por negligencia en el cuidado de la pistola y finalmente la dio de baja, al dar por desaprobado su primer año de período de prueba en la fuerza de seguridad.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó el fallo de la Cámara Laboral que declaró nula la resolución de la baja, ordenó su reincorporación y una nueva evaluación de su desempeño con perspectiva de género, dispuso una indemnización por daño moral para la mujer y condenó a la institución a dictar capacitaciones internas.

El caso se juzgó ante la Cámara Segunda del Trabajo de Roca que dictó la sentencia en mayo del año pasado. Luego, la provincia de Río Negro presentó un recurso ante el STJ. Discrepó con el monto de la indemnización que el Tribunal había fijado en $1.500.000 con intereses y en la obligación que le impuso a la fuerza de capacitarse en materia de género.

La provincia, en representación de la Jefatura de Policía, remarcó algunos cambios en la institución que fueron posteriores al despido de la mujer, ocurrido en 2015, y entre ellos mencionó la Resolución N° 8178-JEF-2021 que convocó a un curso abierto de la Ley Micaela.

El STJ, por unanimidad, confirmó la indemnización económica y, por mayoría, mantuvo la capacitación obligatoria para toda la institución.

Se destacó en el fallo que la condena impuesta tiene base normativa -la Ley Nacional N° 27.499, más conocida como Ley Micaela y promulgada en enero de 2019, y la Ley de adhesión provincial N° 5410- y se sustenta en los hechos que el Tribunal de juicio tuvo por acreditados en la causa. También se recalcó que es un tema de gran relevancia social, que debe merecer especial atención por parte de la Jefatura policial.

Se remarcó además que la sentencia de la Cámara Laboral no hace más que ordenar el cumplimiento de lo que la ley impone como obligación a todas las personas que integran los tres poderes del Estado. En ese aspecto se resolvió que en caso de que el personal policial ya haya recibido las capacitaciones en materia de violencia laboral y de género, tal como se argumentó en el recurso, esa circunstancia deberá ser acreditada en el expediente en la etapa de ejecución de la sentencia.

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