El Procurador General de Río Negro, Dr. Jorge Crespo, dictaminó revocar una sentencia de la Cámara Civil de Bariloche que confirmaba una anterior de un Juez de Ejecución, la cual ordena a la provincia abrir el camino de Tacuifí para acceder al Lago Escondido. Según el criterio del titular del Ministerio Público esta última modificaba lo dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia en el año 2005 respecto a la forma de garantizar el acceso al lugar.

El máximo tribunal provincial había determinado «rechazar la acción de mandamus interpuesta por la doctora María Magdalena Odarda» y, en un segundo punto advertía que existían «cuestiones pendientes a resolver por parte de los requeridos, quienes en un plazo razonable deberán finalizar los trámites administrativos registrables pendientes (…) y lo propuesto por el señor Fiscal de Estado, para permitir y asegurar el acceso al Lago Escondido por el camino objeto de servidumbre».

En el Dictamen 48/2023, Crespo considera que el fallo del STJ (89/2005) había obtenido firmeza por haber «sido consentido por todas las partes involucradas» en aquel momento. Desde allí se abrió la etapa de ejecución de sentencia. El expediente se remitió al Juzgado Civil de Bariloche y un magistrado de primera instancia amplió los términos de lo resuelto e incluyó como posibles accesos a Lago Escondido «el Sendero de montaña desde confluencia ríos Azul y Encanto Blanco» y otro «trayecto preexistente que nace en el paraje Tacuifí».

Con esta modificación que un juez de primera instancia realizara en un fallo del máximo tribunal, se abrió un proceso que para el Procurador General «se extendió durante más de 17 años» y que «resultó confuso, engorroso, con un dispendio innecesario de actos procesales llevados adelante tanto por las partes como por la jurisdicción, con la continua insistencia de la amparista de peticionar el cumplimiento de un obrar que nunca formó parte del litigio principal y que, repito, en todo caso fue rechazado en su totalidad».

El titular del Ministerio Público argumentó que debía respetarse lo expresado en la sentencia del STJ. Explicó que «una vez decidido un litigio y hallándose firme el decisorio la parte debe acatar la resolución judicial, no pudiendo revisar la cuestión ya debatida. Incluso, el propio Tribunal de origen debe respetarla y, si bien existe la posibilidad de interpretarla, esa actividad debe ser cumplida sin introducir modificaciones». Ello mencionando el principio de preclusión y cosa juzgada.

«El principio de congruencia se vincula con la garantía de la defensa en juicio, ya que como regla el pronunciamiento judicial que desconoce o acuerda derechos no debatidos es incompatible con las garantías constitucionales, pues el juzgador no puede convertirse en la voluntad implícita de una de las partes, sin alterar el equilibrio procesal de los litigantes en desmedro de la parte contraria», agregó.

«La sentencia civil no puede exceder las pretensiones ni las defensas oportunamente planteadas por las partes», dijo en relación a las determinaciones procesales que se tomaron de forma ulterior a la sentencia del 2005.

«De la lectura precisa de todas las resoluciones emanadas del STJ entre los años 2005-2012 no cabe lugar a dudas de que nunca se habilitó la apertura de un camino alternativo por fuera del denominado de montaña», añadió.

«Considerar otra traza diferente a la del camino de servidumbre implicaría imponer limitaciones al dominio, afectando bienes privados al uso público, sorteando el procedimiento que prevé su declaración formal a través de una ley y la indemnización de los damnificados» ya que el camino Tacuifi «avanza sobre diversas propiedades pertenecientes a personas ajenas al conflicto que no pudieron ejercer el derecho a defenderse», concluyó Crespo.

Con la intención de informar y analizar las tareas edilicias y escolares de la zona, la coordinadora del Consejo Escolar de General Roca, Fernanda Curuchet, se reunió con las y los supervisores de Nivel Medio. Durante el encuentro también tomaron parte los referentes del Departamento de Mantenimiento Escolar de la zona, quienes comunicaron a los equipos supervisivos todas las tareas de mantenimiento y obras que actualmente se están llevando a cabo en la localidad y la zona.

Este encuentro se realiza atendiendo las necesidades de planificación de infraestructura y para abordar las tareas diarias que se presentan producto del uso diario de las instalaciones demandando la intervención de los Consejos Escolares en cada zona.

Durante la reunión con los equipos supervisivos se hizo hincapié en la necesidad de reforzar el trabajo realizado con las comunidades educativas para que los establecimientos educativos sean preservados.

Las intervenciones de la cartera educativa en materia de mantenimiento, refacciones y ampliaciones tienen como base el pleno cumplimiento de los acuerdos paritarios homologados, establecidos en las Resoluciones 146/94 y 3310/18. Ambos documentos permiten la organización y garantías de la infraestructura escolar para el normal dictado de clases, además de proporcionar un marco normativo a equipos directivos y supervisivos para la planificación cotidiana de las prácticas educativas.

«El Consejo Escolar ya cuenta con una nueva herramienta financiera de $2.000.000 para atender las urgencias que van surgiendo en las escuelas, de esta manera nos va a permitir intervenir con otro recurso más para brindar continuidad al proceso educativo. No sustituye lo que teníamos desde las empresas de mantenimiento, sino que lo complementa para llegar con más respuestas a nuestras escuelas», señaló Curuchet.

La gobernadora Arabela Carreras participó de la presentación de las nuevas herramientas tecnológicas adquiridas por el Gobierno Nacional para optimizar las investigaciones judiciales. 

Carreras aseguró que la adquisición de las herramientas fortalecen el trabajo en conjunto.

La mandataria estuvo acompañada por la ministra de Seguridad y Justicia, Betiana Minor. La presentación tuvo lugar en el Salón Libertador del Palacio San Martín, encabezada por el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal.

Se trata de nuevas tecnologías periciales adquiridas por Nación para las investigaciones que realizan en conjunto las fuerzas federales con los fiscales y jueces federales.

“Dialogamos con el Ministro Aníbal Fernández sobre la adquisición y el uso de estas nuevas herramientas, que fortalecen el trabajo conjunto que mantenemos con las fuerzas y la justicia federal. Entendemos que es necesario seguir fortaleciendo la tarea del Estado en la lucha contra el crimen, con más tecnología que nos permita actualizarnos y poder combatir las nuevas modalidades de delito”, dijo Carreras.

Durante el encuentro, se realizó un repaso del recientemente creado 911 Federal, y de sistemas de trabajo como el Sistema Biométrico Dactilar (AFIS) y el Sistema de Reconocimiento Automatizado de vainas y proyectiles (SAIB).