Política
Aumento de los delitos: La CAIC insiste en la creación del Consejo Local de Seguridad
El grave episodio del martes, cuando un sujeto robó una camioneta estacionada y la dueña se «colgó» del rodado para impedirlo, revivió la preocupación.
El incremento de los hechos delictivos en la ciudad, con foco en distintos negocios, preocupa al comercio y a la comunidad roquense y por ese motivo desde la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio (CAIC) han propuesto la creación del Consejo de Seguridad, según establece la Ley 4.200, que promueve la participación ciudadana.
También los miembros de la Cámara han mantenido reuniones con autoridades policiales y expertos en seguridad para buscar soluciones conjuntas. En las últimas horas el detonante fue el grave episodio ocurrido el martes (9/5) en el centro, cuando un hombre trató de robar la camioneta a una comerciante, siendo detenido después en medio de una persecución.
Miguel Graso, titular de la CAIC, en diálogo con el programa Ahí Vamos (La Super, 96.3, de lunes a viernes de 7 a 9), expresó que «Hemos tenido una seguidilla realmente importante de hechos. El comercio está muy preocupado. Tenes que andar preocupándote por la seguridad, más cuando no tenés recursos. Es realmente preocupante y llamativo que haya tantos hechos en Roca últimamente, la verdad que muy preocupados y muy dolidos».
Para avanzar en esto se han reunido con Nicolás Carreño, quien cuenta con conocimientos en materia de inseguridad y les ha ofrecido sus consejos y asesoramiento.
«Todo va en línea con los espacios que veníamos generando nosotros hace tres, cuatro años, cada vez que había hechos de inseguridad nos íbamos juntando. Nos dimos cuenta que el ámbito de la Cámara propicia que los actores se junten, se busquen soluciones, y nos dimos cuenta que juntando todas las patas que intervienen se puede ir avanzando. Los avances son lentos, son silenciosos, y cuesta mucho mantener esas mesas, por eso darle el marco del Consejo creo que sería sería la solución para tener un poco más de gente».
Respecto al rol de la Policía y los patrullajes Grasso refirió «ellos van abordando los lugares que nosotros vamos marcando como conflictivos y van reforzando esos lugares. Pero también tienen recursos limitados, por eso hace falta la decisión política y que estén todos los que intervienen en lo que es materia de seguridad. Nosotros lo único que hacemos es brindar el ámbito y preocuparnos por movilizar algo que no es nuestra función, no es nuestra función específica».
Grasso finalizó diciendo: «Hoy la delincuencia tiene más recursos que la Policía, desgraciadamente, hay que decirlo así.»
Política
Weretilneck solicitará al Gobierno Nacional la provincialización de las Rutas 22 y 151
Se trata de una estrategia conjunta con la provincia del Neuquén.
El gobernador Alberto Weretilneck solicitará al Gobierno Nacional la provincialización de las Rutas N° 22 y N° 151 para poder generar el mantenimiento y las mejoras requeridas mediante fondos de inversión privados. Se trata de una estrategia conjunta con la provincia del Neuquén.
Las vías que conforman la entrada y la salida de Vaca Muerta muestran un enorme deterioro y abandono por parte del gobierno del presidente Javier Milei. «Hace más de 20 años que los gobiernos nacionales, no importa el signo político o partidario, no pueden terminar la ruta. El nivel de mantenimiento es lamentable, basta de dar vueltas, necesitamos una solución definitiva», sostuvo.
Esta mañana (22/04) en Carmen de Patagones, Weretilneck participó del acto central del 45° aniversario de la comarca Viedma-Patagones, y en diálogo con los medios de prensa, aseguró que trabaja junto a su par neuquino Rolando Figueroa en toda la documentación para solicitar el traspaso de las Rutas 22 y 151.
«Apenas tengamos la propuesta consensuada entre las dos provincias la transmitiremos al gobierno nacional», adelantó Weretilneck.
El gobernador de Río Negro habló sobre una gestión mixta público-privada con financiamiento a través de la concesión de obra pública, en otros casos a través del sistema de peajes, «esencialmente financiado y pagado por quienes usan las rutas y no son habitantes de Río Negro ni de Neuquén».
«Estamos convencidos, las dos provincias, que lo mejor es que sean rionegrinos y neuquinos quienes administren nuestras propias rutas, porque está claro que los gobiernos centrales no entienden la importancia que tienen para nosotros y tampoco le prestan atención».
La ampliación de la Ruta Nacional 22 es un trastorno para los habitantes de la región norpatagónica. Pasaron cuatro presidencias desde que empezó a transformarse en autovía desde Chichinales (Río Negro) hasta Arroyito (Neuquén): Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández; y tampoco hay avances con Javier Milei.
La parálisis y abandono acarrean el inevitable deterioro en diversos tramos que la tornan intransitable y un peligro para los 50.000 vehículos diarios que la circulan, sobre todo para el porcentaje que lo hace entre General Roca y Cipolletti.
Política
Proponen que se realicen estudios de rinoscopía obligatoria a funcionarios y policías de Río Negro
Se busca así desestimar la adicción a drogas ilegales.
La legisladora del bloque de Primero Río Negro, Yolanda Mansilla, presentó un proyecto de ley por el cual se establece la obligatoriedad de la realización de estudios médicos anuales que genere la obtención de un certificado psicofísico para los funcionarios del Poder Ejecutivo hasta la categoría de director y miembros de la Policía de Rio Negro hasta el rango de subcomisario; funcionarios del Poder Legislativo hasta la categoría de director y legisladores provinciales para desestimar la adicción a drogas ilegales.
Según el proyecto, se establece que los estudios se realizarán una vez al año, dando cumplimiento a la realización de diferentes exámenes como psiquiátrico, rinoscopía, y análisis de orina y sangre completo, siendo la autoridad de aplicación el Ministerio de Salud de la Provincia de Rio Negro.
La doctora Mansilla en sus fundamentos señaló que «se trata de ampliar los alcances de la Ley N° 3550 de Ética Pública que establece que los funcionarios deben garantizar, entre otras cuestiones, la actuación en base a los principios de probidad, dignidad e independencia, e incorporando en este caso a miembros de la Policía de la provincia, que tiene a su cargo el mantenimiento del orden y la seguridad pública actuando en el cuidado y resguardo de la vida y los bienes de los ciudadanos».
Mencionó la legisladora que «de ninguna manera la iniciativa tiene que ver con valorar los derechos individuales independientes, pero si contrarrestar consecuencias perjudiciales a terceros, e incluso dispone absoluta confidencialidad y programas de rehabilitación en caso de ser necesarios».
El proyecto invita a adherir al Poder Judicial, al Ministerio Público y los municipios
Policiales
Presentaron un proyecto para prohibir el uso de celulares en cárceles rionegrinas
Los internos podrían realizar llamadas -a través de teléfonos fijos- entre las 8 y 19 horas, pero con una duración de 5 minutos cada una.
Los legisladores provinciales Santiago Ibarrolaza, Patricia Mc Kidd y César Domínguez, del bloque La Libertad Avanza, presentaron un proyecto de modificación de ley para prohibir el uso de celulares en cárceles.
El proyecto presentado esta semana en la Legislatura tiene como finalidad proporcionar «herramientas de acción a los actores judiciales para contener y desarticular los delitos que se cometen utilizando herramientas de comunicación desde los complejos carcelarios».
En Río Negro, el 7 de diciembre de 2018, el Ministerio de Seguridad y Justicia implementó un Protocolo de utilización de telefonía celular dentro de las cárceles. «A pesar de que estipula ‘establecer la identidad de los dispositivos y realizar de forma precisa una regulación de su tenencia y uso dentro de cada establecimiento’, la realidad demuestra que la norma permite la utilización ilimitada de los teléfonos por parte de los internos», detalla el proyecto.
Los delitos de estafa telefónica son una constante que ha ido en aumento con el paso de los años. La modificación de la Ley Provincial S Nº 3008 busca prohibir las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles de cualquier tipo, así como el acceso a redes sociales e internet.
El sistema que buscan implementar sería de llamadas telefónicas realizadas en el horario de 8 a 19 horas, con una duración máxima de 5 minutos cada una. Las comunicaciones se realizarán a través de teléfonos fijos conectados a un conmutador y serían suspendidas en caso de existir sospecha fundada de la posible comisión de un ilícito.
